La organización de inspiración cristiana – católica, Fundase, declaró recientemente a través de su vocero, el padre Miguel Romero, “su rechazo a aprobar el aborto en Venezuela” y, a tales efectos, consideró apropiado que una decisión de tal importancia sea “sometida a referéndum”. En Italia, en 1974, en el país sede del Vaticano y la histórica Roma, se sometió a referéndum y se aprobó por mayoría de los mayoritariamente católicos italianos la ley que permitía el divorcio, considerando ese ejemplo histórico, creo que la propuesta del respetado padre Romero es más que pertinente.
Es una buena idea que ocurra un referéndum para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, eso permitiría, por primera vez en Venezuela, que ocurra un debate abierto en los medios de comunicación, con expertos, con activistas por los derechos de las mujeres y con juristas para que, en relación con este importante asunto, los ciudadanos puedan escuchar argumentos en congruencia con nuestra condición de Estado Laico. Y claro, mejor que se escuche prioritariamente a las mujeres porque son ellas, antes que los hombres, los que deben tener la voz cantante en relación a sus derechos reproductivos y el control de su propio cuerpo.
Hoy, en Venezuela, conforme a nuestras arcaicas leyes, una mujer puede ir presa por abortar. Aunque exista la creencia, falsa por demás, de que es posible abortar legalmente bajo los condicionantes de haber sufrido una violación o en caso de malformación incompatible con la vida, ni siquiera eso es posible en nuestro país. La respetable organización civil AVESA, destacó en informe reciente, que calcula la ocurrencia de abortos clandestinos en al menos 20% de los embarazos atendidos en el sistema sanitario, datos aproximativos porque no hay en el machista Estado Venezolano ni siquiera interés en medir el fenómeno. De lo que si existe dato es que la tercera causa de muerte entre las mujeres venezolanas es debido a consecuencias de la practica clandestina e insegura de abortos. La penalización a demostrado ser inútil para detener la ocurrencia del aborto y, aún peor, pone en peligro a las mujeres porque les impide el acceso a la atención médica adecuada.
Pero si esos argumentos son insuficientes para sensibilizarnos sobre las necesidades de las mujeres, podemos hacer referencia al peso de la crisis humanitaria compleja sobre sus principales víctimas: las féminas. Resulta que los bajísimos ingresos de las mujeres en este país les impiden acceder a métodos anticonceptivos, ni pastillas ni condones. El resultado es que las mujeres, de todos los rangos etarios, están en alto riesgo de embarazos no planificados y sus obvias consecuencias sociales, económicas y laborales.
Lo correcto, aunque no suficiente porque los derechos reproductivos de las mujeres requieren ser atendidos de una forma más integral y abarcante, es que se despenalice la interrupción voluntaria del embarazo teniendo como condicionante solo el tiempo de gestación, de 6 a 11 semanas puede ser lo prudente conforme a los estándares internacionales al respecto, para todas las mujeres después de los 16 años y aquellas que deseen el procedimiento puedan asistir al centro de salud de su preferencia y ser atendidas sin ninguna cortapisa. Un Estado Laico, como Venezuela, puede llevar a cabo ese debate público y decidir reformar sus leyes para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y su reconocimiento como ciudadanas de pleno derecho. No tiene porque convertirse este asunto en una lucha anticlerical, estoy seguro que muchos católicos entienden que debe existir la separación entre la Iglesia y el Estado y, por tanto, reformar nuestras leyes para asegurar la libertad de conciencia, el derecho a elegir el momento de la maternidad y los derechos sanitarios y reproductivos de las mujeres no representa una amenaza contra la fe. Las mujeres que no deseen abortar no serían obligadas a ello pero las mujeres que si deseen interrumpir un embarazo no planificado deben contar con ese derecho con los cuidados médicos pertinentes, a fin de cuentas, la salvación del alma es un asunto personal ¿o no?
Julio César Castellanos / [email protected] / @rockypolitica