Con la publicación de los Pandora Papers, la filtración de 11,9 millones de documentos confidenciales sobre las fortunas de algunas de las personas más poderosas e influyentes del mundo, el foco mediático vuelve a caer sobre las compañías offshore.
La investigación mundial, liderada por el Consocio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), incluye a más de 330 políticos de 90 paísesque utilizan estas sociedades extraterritoriales para ocultar su riqueza, evadir impuestos y, en algunos casos, lavar dinero.
Latinoamérica no está exenta del escándalo. Sebastián Piñera, Guillermo Lasso y Luis Abinader, presidentes de Chile, Ecuador y República Dominicana, aparecen en la lista.
También figuran otros 11 exmandatarios de la región, como los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana y el peruano Pedro Pablo Kuczynski.
La forma cómo funcionan estas sociedades en paraísos fiscales es muy compleja ya que revela toda una red internacional de empresas que ayudan a mover el dinero.
Pero uno de los puntos fundamentales que hay que tener en cuenta es que las compañías offshore en sí no son ilegales.
“Eso no quita que no sean cuestionables”, explica Dan Hough, jefe del Departamento de Política en la Universidad de Sussex, en Inglaterra, y autor de “Analyzing corruption” (“Analizando la corrupción”).
“De hecho, son completamente legales. Y es precisamente por eso que son tan cuestionables”, recalca el especialista.
Para Hough, el entramado de compañías offshore es la forma más evidente hoy en día de “corrupción legal”.
Estos son mecanismos de los que se valen los poderosos para cometer actos que ante la justicia y los gobiernos no son del todo ilegales, “pero tampoco son correctos”.
Hay otras definiciones similares, como “corrupción transparente”, que al igual que “corrupción legal”, está conformada por dos conceptos que a simple vista no tienen relación entre sí.