Los disparos resuenan en una cercana “trocha” o cruce fronterizo informal, donde una vez se ganó la vida la migrante venezolana Yuberthi.
Por VOA
Su apellido lo reservamos por su seguridad. Cuenta que reunía dinero para pagar una habitación en la cercana ciudad fronteriza y alimentar a sus hijos de 12 y 4 años, cargando las bolsas de los que cruzan la frontera entre Venezuela y Colombia.
Pero desde que las batallas por el control territorial entre los grupos armados en la región se han profundizado, esos pasadizos por tierra y ríos se han vuelto mortales. Los cientos de corredores se han convertido en sitios frecuentes de violaciones y otras formas de violencia de género, y Yuberthi se fue en busca de otro trabajo.
Incapaz de llegar a fin de mes, Yuberthi se vio obligada a tener relaciones sexuales de supervivencia, arriesgando el tráfico y la explotación en las calles cercanas a la frontera, y cobrando por ello menos de 4 dólares por persona.
Corrió el riesgo de trata y abuso, incluyendo violencia. A menudo, esos hombres trabajan con milicias, dijo.
Aún así, vender sexo para sobrevivir parecía más seguro.
“Llevo meses haciéndolo porque no me gusta que mis hijas se acuestan sin comer (…) Trabajar en las trochas es más sano, pienso yo, pero en las trochas también hay muchos peligros”.
Trabajadores humanitarios, funcionarios locales e investigadores advierten que la intensificación de la violencia de los grupos armados a lo largo de la frontera ha fortalecido las redes de trata de personas y profundizado la violencia de género. Las mujeres migrantes como Yuberthi son las más afectadas por las consecuencias.
La frontera venezolana siempre ha sido un centro de milicias: paramilitares de derecha, guerrilleros colombianos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) disidentes del grupo guerrillero desmovilizado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la organización criminal venezolana Tren de Aragua.
Guerra territorial
Los grupos utilizan la frontera para el tráfico y para escapar del control de la policía colombiana. El conflicto entre las organizaciones criminales se ha profundizado en los últimos años, pero solo en los últimos meses se ha intensificado la guerra territorial en zonas urbanas como Cúcuta.
“Simplemente se han acelerado las tasas en cuanto a la intensidad. Es una reconfiguración constante del control y una contienda constante por los corredores de tráfico”, dijo Elizabeth Dickinson, analista de Crisis Group. “Eso es tráfico de mercancías, de drogas, de armas y, por supuesto, de personas”, dijo.
En junio, un ataque con coche bomba en una base militar -llevado a cabo supuestamente por disidentes de las FARC- dejó 44 personas heridas, incluidos dos asesores militares estadounidenses. Semanas después, hombres armados dispararon contra el presidente colombiano Iván Duque a bordo de su helicóptero cerca del aeropuerto de la ciudad.
La violencia se ha intensificado durante la pandemia, lo que ha creado condiciones que hacen que la ciudad sea propicia para que los grupos se aprovechen de las poblaciones migrantes vulnerables, explica Ana Teresa Castillo, trabajadora humanitaria que vive en la desembocadura de uno de los cruces fronterizos informales.
“La Parada siempre ha sido violenta, pero ahora, la situación es una guerra económica”, dijo Castillo, mientras persistía el humo en el sitio donde ocurrió un reciente enfrentamiento cerca de su casa. “Hay falta de trabajo y de oportunidades”.
Castillo y otros grupos de mujeres informaron que recientemente han visto más casos de violencia sexual perpetrados por actores ilegales, específicamente miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, que se ha hecho con el poder en una zona que alguna vez estuvo mayoritariamente controlada por combatientes colombianos.
A fines de julio, la Defensoría del Pueblo de Colombia, que supervisa la protección de los derechos humanos, advirtió sobre un aumento preocupante en los ataques contra las mujeres, incluidos los asesinatos y la violencia sexual en la región.
Durante el último año y medio, la oficina dijo que recibió más de 830 denuncias de violencia de género, aunque los observadores dicen que probablemente sea una fracción de los casos reales debido a la poca denuncia y la impunidad.
“La Defensoría del Pueblo rechaza estos hechos de violencia basada en género y hace un llamado urgente a las autoridades, para realizar (…) investigaciones de manera urgente y eficaz de los hechos ocurridos”, dijo el Defensor del Pueblo Carlos Camargo en un comunicado.
Las organizaciones de ayuda en la zona dicen que esas advertencias no han sido escuchadas y que los casos de trata y violencia sexual que ven son más extremos que antes.
Prostitución infantil
“Ahora mismo vemos niñas de 14, 13, y hasta 8 años en las calles prostituyéndose (…) Hace una par de noches, vi unas niñas de 8 años en la calle a las 10 de la noche prostituyéndose”, afirmó Castillo.
La policía colombiana rechazó las críticas, los funcionarios dijeron a la VOA que tienen operativos activos contra las redes de tráfico en Cúcuta y culparon a la vecina Venezuela de facilitar el tráfico a las organizaciones criminales.
Yuberthi dijo que ha sufrido violencia y abuso en su trabajo sexual porque, dijo, no tiene otra opción.
“Los hombres son abusivos. Tienes que aguantar violencia y quieren manipularte, como si no valieras nada”, explicó.
Dijo que los hombres la lastiman físicamente, la obligan a realizar actos sexuales que no quiere hacer y la abusan verbalmente.
Yuberthi mantiene en secreto y fuera del conocimiento de los hechos sobre la violencia sexual a sus hijos, a los deja en un centro educativo local por la mañana, trata de ganar dinero durante el día y los recoge por la noche.
Narró que no deja que su hija salga del pequeño apartamento que comparten con otros nueve migrantes porque le preocupa que los pandilleros se aprovechen de ella.
Los grupos armados buscan el control
Dickinson dijo que la violencia de género tiene un propósito estratégico para los actores armados.
“El hecho de que se estén moviendo para apuntar específicamente a las mujeres es, en primer lugar, un indicador de la profundidad del conflicto en curso”, dijo. “También es un indicador de que estos grupos buscan más que el control territorial, también buscan el control social”.
Eso también se ve agravado por una mayor impunidad, explica Magaly Castañeda, directora de la Fundación Frida Kahlo, una organización que ayuda a las víctimas de la trata de personas.
Castañeda y personas de otras organizaciones consultadas dijeron que no pueden denunciar oficialmente las redes de trata de personas y los casos de violencia sexual porque recibirán amenazas y se convertirán en blanco de la violencia de los perpetradores.
“Denunciamos en una forma anónima. ¿Por qué anónima? Porque no queremos que afecte ni ser blancos de las redes de trata (…) Es un riesgo, es un alto riesgo que tomamos”, dijo.
Mientras líderes de ayuda como Castañeda expresan su preocupación de que la situación siga empeorando, Yuberthi también se preocupa, pero dice que tiene que concentrarse en el día a día.
“Quiero dejar todo esto atrás. No quiero seguir viviend (…) pero tampoco quiero que mis hijas tengan que vivir lo mismo que yo”, concluye Yuberthi.