Los organizadores de la marcha cívica en Cuba convocada para el 15 de noviembre anunciaron el martes que mantendrán el llamado, a pesar de que unas horas antes las autoridades prohibieron la manifestación porque la consideran una “provocación” que busca un cambio de régimen en la isla apoyado por Washington.
“El 15 de noviembre nuestra decisión será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos”, anunció en Facebook el grupo opositor de debate político Archipiélago, organizador de la marcha.
“Frente al autoritarismo responderemos con civismo y más civismo”, dijo unas horas después de recibir la notificación que la marcha estaba prohibida y tras reunirse para tomar una decisión.
En una carta de respuesta a su petición para realizar la manifestación el 15 de noviembre, el gobierno había señalado por la mañana que “los promotores” de ésta “así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba”.
La manifestación anunciada en La Habana, pero que será simultánea en otras provincias, “constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio del régimen” para Cuba, añade la respuesta que destaca el carácter constitucional e “irrevocable” del sistema socialista cubano.
La misma respuesta se dio en otras seis provincias (Holguín, Cienfuegos, Pinar del Río, Las Tunas, Santa Clara y Guantánamo) donde se solicitó autorización para una manifestación “contra la violencia” y por el “cambio”.
La convocatoria para la marcha, lanzada en septiembre, apela al artículo 56 de la nueva Constitución que reconoce el derecho a manifestación.
Pero “el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva”, refutó la autoridad.
“Cambio para bien”
“Manifestarse es un derecho, nos dijeron que no van a respetar ese derecho a pesar de que sea un derecho humano y a pesar de que esté en la Constitución, nos han dicho que es ilícita nuestra solicitud”, declaró Yunior García, dramaturgo y líder de Archipiélago, al salir de una reunión con autoridades temprano.
Lamentó las acusaciones sobre financiamiento de Estados Unidos. “Siempre cualquier cosa que el cubano haga, van a decir que se le ocurrió a alguien en Washington, es como si no pensáramos, no tenemos cerebro los cubanos”. “Cualquier cubano sensato quiere cambio para bien”, agregó.
“Es mentira, no hay y nunca va a haber pruebas”, dijo sobre el señalamiento de financiamiento estadounidense Saily González, organizadora de la manifestación en la provincia de Santa Clara (centro).
El gobierno niega la existencia de presos políticos en Cuba y considera ilegal a la oposición, que acusa de financiarse por Washington.
El vocero del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, rechazó la prohibición de la marcha y pidió al gobierno cubano respetar los derechos fundamentales.
“Es la libertad de expresión, es la libertad de reunirse pacíficamente lo que el gobierno cubano le ha negado a su pueblo”, dijo Price a periodistas en Washington. “Llamamos al gobierno en La Habana a respetar las libertades fundamentales y los derechos fundamentales del pueblo cubano”.
Crisis económica
Inicialmente, Archipiélago había convocado a la marcha para el 20 de noviembre, pero luego de que el gobierno decidió la semana pasada declarar esa misma jornada el “Día Nacional de la Defensa”, el grupo anunció el viernes pasado que la adelantaría para el 15.
“No queremos violencia, no queremos que los cubanos se enfrenten y no podíamos lanzar a los manifestantes a enfrentarse con un ejército en la calle que podía reaccionar de forma violenta”, dijo García.
Lo “más sensato era adelantar la marcha” al día 15, cuando está previsto que Cuba reabra al turismo internacional. Los visitantes podrán andar por las calles de la isla y los cubanos pueden entonces ejercer sus derechos, añadió.
El 11 y 12 de julio estallaron inéditas protestas en medio centenar de ciudades, que dejaron un muerto, decenas de heridos y centenares de detenidos.
Estas manifestaciones espontáneas, sin precedentes desde 1959, se produjeron al grito de “Tenemos hambre”, “Abajo la dictadura” y “Libertad”, en el marco de una severa crisis económica, la peor en 30 años.
Desde entonces, varios disidentes han sido detenidos, como José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara, que están encarcelados desde el 11 de julio. Otros opositores como Manuel Cuesta Morua, Guillermo Fariñas y Berta Soler fueron puestos en libertad a las pocas horas de sus arrestos, tras ser advertidos de su convocatoria de manifestación.
AFP