El pasado viernes, Josep Borrell dijo (minuto 49:55) en un desayuno informativo en Madrid, organizado por Nueva Economía Fórum, que la Misión de Observación Electoral de la UE para el 21N es “una mayor garantía” para la oposición venezolana. Sobre todo si todos los partidos que adversan al chavismo, incluido el sector que lidera Juan Guaidó, han decidido presentarse a estos comicios regionales. Además, agregó que lo que legitimará o deslegitimará al gobierno de Nicolás Maduro será lo que diga el informe elaborado por la misión. “Vamos a ver cómo son”, dijo.
La intención de la afirmación del vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de la UE para Asuntos Exteriores es darles confianza a los venezolanos para que salgan a ejercer su derecho al voto el 21N. Porque considera que “es un camino que permite abrir una brecha y conseguir una mayor institucionalización de la oposición” venezolana.
La reacción de los voceros del régimen no se hizo esperar. Félix Plasencia de Relaciones Exteriores, los rectores del CNE y Jorge Rodríguez, presidente de la AN y jefe de la delegación negociadora en México, fueron algunos de los que le salieron al paso.
En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, Plasencia calificó de injerencistas las afirmaciones de Borrell, acusándolo de utilizar “la Misión de Observación Electoral a favor de una parcialidad política”. En el caso del CNE, el rector Pedro Calzadilla “pidió no solo una explicación, sino que públicamente la UE exprese sus disculpas al pueblo de Venezuela”. Y Rodríguez lo amenazó: “Si viene a violar los estándares de las Naciones Unidas y el convenio que firmaron, mejor no vengan”.
El jefe de la delegación negociadora madurista en México invoca el “Respeto a los Principios de Soberanía Nacional y de No Injerencia en los Asuntos Internos de los Estados en relación con sus Procesos Electorales como Elemento Importante de la Promoción y Protección de los Derechos Humanos” de la ONU para que el reporte de la observación electoral de la comunidad europea sobre el proceso de votación y conteo el 21N evalúe las formas y no el contenido de una elección justa, libre y competitiva.
Sin embargo, el régimen madurista necesita de la validación de los resultados por parte de la UE. Sabe que su aval le permitirá mantener el poder de facto hasta 2024. Si el resultado fuese contrario y la UE determina que los comicios del 21N no fueron mínimamente libres, transparentes y justos, las sanciones sectoriales estadounidenses seguirían vigentes. La situación económica se tornaría aún más difícil y le imposibilitaría continuar mandando, pues no tendría suficientes ingresos lícitos para sostener la estabilidad socioeconómica de lo que se ha denominado “la normalización” del país.
Un escenario de lo que puede ocurrir con la observación electoral independiente es lo que pasó en Bolivia con la misión de la OEA durante los comicios en los que pretendía ser reelecto Evo Morales. Cuando Luis Almagro, secretario general, firmó el memorándum de entendimiento con el organismo electoral boliviano, se pensó que avalaría los resultados del proceso. Sin embargo, sucedió todo lo contrario después de que se registró el cambio de tendencia entre los dos candidatos la noche del escrutinio y hubo un apagón. Todos sabemos lo que pasó. Evo perdió las elecciones. La misión de observación de la OEA lo documentó y señaló en su reporte.
Manteniendo las distancias entre ambos comicios, podría suceder que, ante una posible derrota en algunos estados claves del país, los candidatos del partido del régimen de facto, el PSUV, decidan hacerse del triunfo con prácticas utilizadas en anteriores elecciones como el uso de los grupos paramilitares, llamados colectivos, para intimidar a la ciudadanía al momento de contar los votos, o la extensión del horario de cierre de los centros electorales sin electores, entre otros. Esto sin contar cambios de tendencia después de un apagón eléctrico o alzarse con el triunfo a pesar de ganar el otro –caso Andrés Velásquez, en la elección de gobernador del estado Bolívar en 2017–.
El régimen de Maduro cree que puede padrotear a la oposición porque, hoy, la vía electoral es la única opción sobre la mesa para resolver la crisis política en Venezuela. Por lo tanto, no acepta acusaciones de violación de derechos humanos ni de prácticas antidemocráticas.
Por ejemplo, las declaraciones de la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, en la Asamblea General de la ONU, donde expresó que estaba preocupada por los derechos humanos en Venezuela –después de la presentación del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos– fue interpretado por el régimen de facto como parcializado. En consecuencia, la delegación madurista decidió llegar un día más tarde a la negociación en México como señal de protesta. Además, solicitaron a Dag Nylander, facilitador noruego en las negociaciones, presentar una aclaratoria pública sobre su “rol como facilitador imparcial” y que “la declaración de Solberg en la ONU no debe interpretarse como incompatible con ello”.
Maduro busca a través de la intimidación que el informe sobre la votación del 21N de la Misión Electoral de la UE sea favorable porque lo necesita para pasar a la ofensiva en la flexibilización de las sanciones estadounidenses. Así lo corroboró Diosdado Cabello cuando tildó a Borrell de “arrastrado” por sus declaraciones, pero que venga la UE.
Así, tenemos que la Misión Electoral de la UE observará las elecciones regionales y municipales en noviembre, a pesar del informe interno visto por el Financial Times, en el que “un equipo de funcionarios [del despacho de Borrell] enviado a Venezuela en julio, para evaluar la viabilidad del despliegue de observadores electorales, advertía que esa medida puede ser contraria a la línea política de la UE”. Al igual que en la mesa de negociación en México, el que se levanta pierde.
La noche del 21N o al día siguiente, los ojos de los países democráticos estarán puestos en el reporte preliminar de la UE.
Si señala que hubo fraude, Maduro estará más arrinconado. Y tendrá que buscar una salida en México con la elección presidencial, para ver si puede resolver la crisis socioeconómica del país. Si fuese lo contrario, y es favorable, se mantendrá en el poder hasta 2024.
Por lo tanto, “que no venga” la UE es una bravuconada más del régimen madurista para evitar el escenario de Bolivia.