La exportación de chatarras se está convirtiendo en una interesante fuente de ingresos para el régimen de Nicolás Maduro, situación que afecta negativamente las zonas donde se desarrolla este negocio.
Corresponsalía La Patilla
La tranquilidad del pequeño pueblo de Guanta, en Anzoátegui, ya no existe según sus habitantes: las calles se han convertido en estacionamiento de gandolas que transportan chatarras. Decenas de camiones cargados de restos de las infraestructuras de la industria petrolera y que están en desuso, son exportados a través del puerto de Guanta, el tercero más importante de Venezuela.
La situación ha causado desagrado y dudas en la población, pues los vehículos de carga pesada pueden pasar varios días estacionados, mientras los conductores pernoctan y usan como baño las vías públicas. “El sonido producto de la manipulación de la chatarra es insoportable, y eso es todo el día”, afirmó un habitante guanteño. Los residentes se preguntan de quién es el negocio de la chatarra, y si esa es la Venezuela potencia que fue prometida años atrás desde la época del fallecido expresidente Chávez.
En el decreto N° 4.445 del 24 de febrero de 2021, se declararon “de carácter estratégico para el desarrollo de la economía nacional, los desechos y residuos metálicos, ferrosos, de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de metal, la chatarra naval, aeronáutica, eléctrica y electrónica, en cualquier condición, así como los residuos sólidos no metálicos, fibra óptica y fibra secundaria, producto del reciclaje de papel y cartón, en cualquier condición“.
Con este instrumento legal, el régimen chavista se reserva el derecho en la manipulación de los residuos metálicos y no metálicos, con lo que impone su propio monopolio en el negocio de las chatarras, dejando entrar solo a aquellas personas que a los chavistas les convenga.
Los árabes en todo
Varias empresas privadas tienen participación en esta “industria de exportación” cuyos principales clientes son países de origen árabe como Turquía, pero el control de todo el negocio recae en manos de la administración de Nicolás Maduro.
Algunos economistas estiman que los ingresos superan los 6.000 millones de dólares, pero esto es difícil de estimar, pues no existe ningún registro oficial de cuántas toneladas se exportan ni tampoco de los ingresos que se generan por esta actividad.
Lo que se pudo conocer es que el costo de la tonelada de materiales ferrosos rondaría entre 180 dólares y 250 dólares, mientras que la chatarra liviana se puede adquirir entre 30 dólares y 50 dólares por tonelada. Los precios del denominado “material estratégico” mayormente proveniente de instalaciones petroleras serían más elevados, pero no hay precios referenciales.
Falsas promesas
Hace unos años, el régimen chavista prometió la creación de industrias alrededor del puerto y la aduana de Guanta, lo que generaría empleos para quienes habitan en los 67 kilómetros cuadrados de extensión de este municipio, proyecto que no se concretó. “De una supuesta zona industrial que nunca se desarrolló, a recibir cientos y cientos de camiones de chatarra”, cuestionó uno de los habitantes.
Fuentes vinculadas a Petróleos de Venezuela (PDVSA) aseguran que inicialmente la chatarra provenía de oleoductos y gasoductos en desuso de los campos petroleros en la entidad. Aunque se conoció que se ha establecido un control para la certificación de origen de la chatarra, existen denuncias del desmantelamiento de torres eléctricas, cableados de alta tensión, acueductos, entre otros.
El diputado a la Asamblea Nacional, Omar González Moreno, denunció la venta como chatarra del ferrocarril inconcluso Tinaco-Anaco y acusó al régimen de ser cómplice de esta situación. “Llevan vagones picados como carros robados para sacarlos por el puerto de Guanta y nadie sabe nada al respecto, ni hay ningún tipo de pronunciamiento”, señaló.
El también dirigente de Vente Venezuela recordó que esta obra fue iniciada en el año 2006 con la contratación de un importante consorcio chino y debía estar finalizada en 2012. Sin embargo, la construcción acumula más de 10 años detenida debido a que los asiáticos se marcharon por supuestos impagos.
“El ferrocarril, cuyo objetivo era conectar el oriente con occidente sin pasar por el centro del país, tendría unos 500 kilómetros de longitud, de los cuales solo se finalizaron 50 kilómetros”, precisó. También dijo que tanto vagones como durmientes y rieles fueron importados desde Brasil y eran de una calidad excepcional, por lo que es una lástima que los hayan descuartizado.
“Nadie sabe cómo empezaron a saquear los equipos en los campamentos levantados en El Chaparro, municipio McGregor, Zaraza (Guárico) y Anaco, que es el más importante. Lo que sí es cierto es que tienen que actuar bajo el consentimiento del régimen, porque actúan libres sin que nadie haga nada”, manifestó.
De igual forma exigió una explicación al régimen de Maduro de por qué se está permitiendo la destrucción de una infraestructura pagada con el dinero de todos los venezolanos. “Seguiremos denunciando esta ´mafia de la chatarra´ que incluso ha ocasionado el deterioro de la vía que lleva al puerto de Guanta por el peso de las gandolas”, expresó.
Ni las escuelas se salvan
Al menos nueve instituciones educativas han sido desmanteladas por delincuentes en el municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui. Se presume que los grupos hamponiles roban materiales metálicos de la infraestructura de las escuelas para luego venderlos.
El hecho delictivo más reciente se registró en el liceo Juan Pablo Rojas Paúl, donde los ladrones causaron destrozos en paredes, pisos y techos, además de cargar con pupitres, sillas, mesas y materiales de oficina.
La directora de la institución educativa, Estaibe Alfonso, contó que el pasado 9 de septiembre en la mañana se percató que la puerta principal del liceo estaba abierta y al entrar encontró desvalijado el recinto.
Indicó que los hampones se llevaron del área de dirección los materiales de laboratorio y de oficina, así como acondicionadores de aire, filtros y escritorios. Detalló que los delincuentes rompieron varias paredes y pisos para extraer el cableado eléctrico.
Recordó que el año pasado los malhechores hurtaron los techos de ocho salones y hace unos meses contaron los cables que van desde el banco de transformadores ubicado en la parte externa de este liceo, dejándolo sin servicio de electricidad.
Según información aportada por trabajadores de las instituciones, otros hurtos se han registrado en los liceos Briceño Méndez, La Creación, Alberto Carnevalli y Grupo Escolar Trujillo, todos ubicados en el municipio Simón Rodríguez.
La coordinadora de educación del municipio Simón Rodríguez, Nancy de Oraá, informó que en las 22 instituciones educativas que dependen de las Gobernación de Anzoátegui, la mayoría no cuenta con agua potable por el hurto de las tuberías.
Mencionó que una de las escuelas más azotadas por el hampa fue la U.E. Simón Rodríguez, donde los ladrones desmantelaron la cocina y se llevaron parte del sistema eléctrico, pupitres, escritorios y las puertas de algunos salones.
En la Unidad Educativa Diego Bautista Urbaneja dijo que los vándalos cargaron con cinco acondicionadores de aire y desvalijaron el área de cocina. De igual manera indicó que en los centros de capacitación de adultos Alicia Pietri ubicado en el sector Pueblo Ajuro y Eulalia Buroz situado en la comunidad de Los Chaguaramos, en ambos se robaron el sistema de cableado, parte del mobiliario, tuberías de aguas blanca y algunas piezas sanitarias.
Con la drástica disminución en los ingresos petroleros debido a las sanciones aplicadas por Estados Unidos, el chavismo y grupos de enchufados han visto una oportunidad de “negocio” en el descuartizamiento de la infraestructura de PDVSA, en los restos de obras inconclusas y en las ya arruinadas edificaciones educativas, para exportar chatarras. Así se están llenando los bolsillos de unos pocos que destruyendo al país están construyendo su propio imperio.