La Policía y la Fiscalía de Ecuador investigan el presunto suicidio de cuatro reclusos en la cárcel de Guayaquil, escenario en septiembre de una masacre en la que fueron asesinados 118 reos, informó la Autoridad penitenciaria del país.
“La Policía Nacional y la Fiscalía están realizando las investigaciones. Estamos brindando todas las facilidades”, precisó a Efe una fuente de la unidad de Comunicación del Servicio Nacional de Atención Integral a Persona (SNAI).
En un comunicado posterior, la entidad precisó que “el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria recibió una alerta en la que se precisaba, que en el área de visitas íntimas se encontraban suspendidos los cuerpos e 4 personas privadas de libertad”.
En la investigación del suceso han sido involucradas la Policía y la Fiscalía, que han quedado pendientes de la autopsia tras ser retirados los cuerpos por personal de Medicina Legal.
El presunto suicidio de los cuatro privados de libertad ocurrió en el pabellón 8 de la Cárcel Número 1 de Guayas, también conocida como Penitenciaría del Litoral, donde se han activado los protocolos de seguridad para estos casos.
“Esta madrugada se activaron protocolos de seguridad ante localización de cuatro personas privadas de libertad fallecidas en el centro de privación de libertad Número 1”, anunciaba por su parte la comandante general de la Policía Nacional, Tannya Varela.
Por el momento la Policía no ha facilitado información de los hechos, pero en su mensaje la alta responsable destacó la existencia de un operativo junto con las Fuerzas Armadas en el que se localizaron “dos maletas con municiones y un amoladora”.
Por su parte, las Fuerzas Armadas informaron en redes que sus efectivos encontraron en la pesquisa a una persona que “intentaba lanzar objetos dentro de la Penitenciaria”, en concreto, dos maletas: una con cinco bultos y municiones de nueve milímetros, y la segunda que incluía la moladora y “varios discos”.
El suceso sigue a la muerte a finales de septiembre de 118 presos en una reyerta entre bandas, la peor masacre de la historia penitenciaria ecuatoriana y que abrió un debate nacional sobre la crisis carcelaria que aflige al país, marcada por el hacinamiento y los enfrentamientos entre grupos delictivos organizados.
El Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social (SNRS) se encuentra “en sesión permanente” desde el pasado 7 de octubre a raíz de la crisis.
En la última reunión, de la que da cuenta hoy la Secretaría de Derechos Humanos, cuya titular, Bernarda Ordóñez, encabeza el Organismo Técnico, contó con la presencia de representantes del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública y del Programa de la UE para fortalecer la lucha contra el Crimen Organizado en América Latina.
En la sesión, Bolívar Garzón, director general del SNAI, puso a consideración del Directorio el “Plan de Contingencia para el Registro Estandarizado de Información”, y las directrices de evaluación e implementación del “Plan de Contingencia”, en el marco del objetivo cuatro de la política pública aprobada que tiene que ver con el diseño e implementación de un Sistema de Información de las personas privadas de libertad (PPL).
Ordóñez aseguró en un encuentro con periodistas el miércoles que más del 75 % de los reclusos del pabellón donde tuvo lugar la masacre en la prisión Número 1 carecían de una sentencia ejecutoriada y el 61,3 % de los asesinados tenía entre 20 y 30 años.
La secretaria de Derechos Humanos precisó que hasta la fecha, de los 118 presos se ha logrado identificar 106, y confirmó que las labores de reconocimiento de la docena restante están prolongándose dada la difícil situación en la que fueron encontrados los cuerpos.
Los enfrentamientos entre bandas son atribuidos al creciente comercio del narcotráfico que pasa por Ecuador, que sirve como puerto de salida a la droga producida en países como Perú y Colombia.
EFE