La Policía Federal de Brasil desarticuló este miércoles una red “especializada” en extracción de comercio ilegal de oro, principalmente de la reserva indígena Kayapó en el sur del amazónico estado de Pará, según informaron las autoridades.
En la operación, bautizada como “Terra desolata” (tierra devastada), participaron 200 agentes para cumplir 62 órdenes de allanamiento y 12 de prisión preventiva expedidas por un juzgado federal con base en investigaciones que comenzaron en 2020 y abarcan a los mineros, intermediarios y empresas compradoras.
“Durante la investigación fue constatado que de las tierras indígenas del sur de Pará sale aproximadamente cada año una tonelada de oro sustraído de forma ilegal” y se sospecha que era utilizada mano de obra “en condiciones análogas a la esclavitud”, apuntó la Policía en un comunicado.
Algunos de los allanamientos fueron realizados en otros estados donde actuaba la red, como Amazonas, Roraima y Rondonia (norte), Goiás, Tocantins y Distrito Federal de Brasilia (centro), Sao Paulo (sureste), Maranhao (noreste) y Mato Grosso (occidente).
La Justicia bloqueó cuenta bancarias con valores aproximados de 500.000 millones de reales (unos 89.766 millones de dólares) a nombre de los investigados, confiscó cinco aeronaves y 14 bienes inmuebles y suspendió las actividades económicas de doce empresas.
Los mineros incrementaron las invasiones desde el inicio del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que presentó un proyecto de ley para legalizar la minería en las reservas y ha dicho que no permitirá la creación de nuevas tierras exclusivas para los indios.
Según la Policía, la minería ilegal en la Amazonía, además de saquear minerales en tierras públicas y provocar graves daños al medio ambiente por el uso de productos altamente nocivos, que causan contaminación en los ríos, genera una serie de problemas sociales, como los conflictos entre indígenas y “garimpeiros” (mineros).
La minería ilegal es, además, una de las principales causas de deforestación de la mayor selva tropical del planeta, que ha alcanzado niveles récords desde que el líder ultraderechista asumió su mandato, en enero de 2019, con 9.178 kilómetros arrasados en 2019 y 8.500 kilómetros destruidos en 2020.
EFE