A Emilio Nouel, in memoriam
Venezuela es un país sin Estado, entendido en sentido estricto como institución política, o también un Estado fallido, convertido en mafia criminal cuyo territorio está fragmentado y repartido entre grupos de poder ilegales y delincuenciales que controlan vastas regiones. No se trata solo de grupos criminales nacionales del hampa común, actores del crimen violento organizado que azotan la seguridad ciudadana, como los integrantes de la banda del “Tren de Aragua” o los delincuentes liderados por alias “El Koki” en Caracas. Son, asimismo, de la camarilla militar y civil que domina las instituciones públicas venezolanas y cuyos miembros actúan mediante coacción, extorsión, amenazas o “vacunas” contra los ciudadanos, para asegurarse el control de las actividades de contrabando, otros negocios ilícitos y las rutas del narcotráfico. No es por preciosismo que el régimen actual venezolano ha sido definido como una cleptocracia: gobierno de ladrones, que es a la vez kakistokrática, es decir, conformada por los peores gobernantes: (kakistós, el superlativo de malo, kakós en griego).
Igualmente, con la complacencia y complicidad de quienes han ocupado el máximo poder de gobierno en los últimos 20 años, parte del territorio nacional ha sido penetrado y está tomado por grupos delictivos terroristas internacionales. No son solo los grupos irregulares narcocriminales de Colombia, con el ELN y las FARC, en sus facciones disidentes, que imponen su ley a las poblaciones sometidas a su mandato, sino milicias sirias e iraníes de la guardia revolucionaria e integrantes de grupos fundamentalistas islámicos de Hezbollah y Hamas. Estos mantienen nexos estrechos con integrantes de la cúpula ilegítima que hoy usurpa el poder, así como vínculos directos con comunidades inmigrantes árabes del medio Oriente en varias zonas del país, que reciben remesas del extranjero, o trafican con narcóticos o minerales estratégicos mediante los cuales financian sus actuaciones ilegales.
Son lo que ha llamado J. Humire una “amenaza transregional” en época de globalización, guerra asimétrica y constitución de redes. La retórica anti-imperialista y la instigación mediante el financiamiento de agitadores para activar protestas violentas y vandálicas como las ocurridas en Colombia o Chile a fin de desestabilizar las democracias en esos países, no son sino instrumentos para potenciar el circuito comercial de la droga y el narcotráfico en especial hacia Estados Unidos y Europa. Los acuerdos presidenciales formalizados entre la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela desde cuando Chávez era el primer mandatario en ejercicio, permitieron a través de PDVSA firmar contratos para construcción de viviendas e infraestructura, que han servido como fachada para cometer violaciones reiteradas a la justicia y a la ley, al forjar empresas fantasmas para lavado de dinero, que movieron inmensos recursos económicos mediante mecanismos ilegales para evadir las sanciones de los Estados Unidos y de la Unión Europea en contra de Irán y de Venezuela.
No habrá posibilidad de estrategia eficaz para superar la tragedia nacional mientras no se asuma la naturaleza criminal del régimen, que está conectado al crimen organizado transnacional y cuyos tentáculos hacen peligrar la seguridad hemisférica de Occidente por su capacidad de acción a escala planetaria. Así lo han puesto de relieve las recientes detenciones de Alex Saab, “enviado especial” de Maduro para Irán, o las declaraciones del “Pollo” Carvajal o de la antigua enfermera de Chávez, vuelta tesorera de la república, Claudia Díaz, ambos en proceso inminente de extradición por solicitud del Departamento de Justicia estadounidense.
Venezuela, por el abandono del Estado de sus obligaciones constitucionales, es un país ocupado por la miseria, la ruina de la economía productiva, el colapso de los servicios públicos e infraestructura y en la actualidad, por la pandemia de covid 19, que está destruyendo a tantas personas y ha matado en forma prematura a muy valiosos amigos. Por la estructura criminal mafiosa del régimen, cuyo único objetivo es mantenerse en el poder a cualquier precio, es un país ocupado por fuerzas extranjeras, civiles y militares, provenientes de Cuba, Rusia, Irán, China y Turquía; el régimen ha consolidado sus lazos criminales con aliados que representan autocracias depredadoras o regímenes dictatoriales que defienden sus intereses supranacionales, no el progreso de Venezuela.
Estamos ante una geopolítica criminal. La solución para desmontar el entramado delictivo transnacional no se resuelve diplomáticamente. Será mediante una alianza penal internacional de gobiernos democráticos y actores no estatales.