Activistas y organizaciones de la frontera con México exigieron este martes al Senado de Estados Unidos que apruebe una ley que castigue a los agentes fronterizos por las violaciones a los derechos humanos, como una forma de detener los maltratos a los migrantes.
Llegados desde distintos puntos del linde, los participantes en esta iniciativa se reunieron a las afueras del Capitolio con la congresista de origen mexicano Verónica Escobar y el senador Ben Ray Luján, ante quienes expusieron sus inquietudes.
Luján presentó este martes ante la Cámara Alta el proyecto de “Ley Para Mejorar la Seguridad Nacional”, que en septiembre pasado recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes, donde fue impulsado entre otros por Escobar.
“Esta legislación traería derechos humanos a la frontera”, dijo a los periodistas Fernando García, director ejecutivo de la organización Red Fronteriza por los Derechos Humanos, con sede en la localidad fronteriza de El Paso (Texas).
García consideró que esta norma daría “transparencia y responsabilidad” a la labor de las autoridades en la frontera y permitiría crear “varios mecanismos de rendición de cuentas que no existen”.
Entre esos mecanismos estarían una comisión de derechos humanos integrada por la comunidad o un “ombudsman” dentro del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
También habría un compromiso de entrenamiento a los agentes fronterizos y la obligación del uso de cámaras corporales.
Sólo en la región de El Paso y en el sur del estado de Nuevo México han sido denunciadas en los últimos quince años cerca de 500 violaciones a los derechos humanos y civiles en la frontera, apuntó García, por lo que reclamó una ley que establezca la “rendición de cuentas”.
Y pese a admitir que hay anuncios de “buena intención” por parte de la Administración presidida por Joe Biden, García lamentó que en la frontera “las cosas no han cambiado fundamentalmente”, porque sigue habiendo expulsiones de migrantes y porque va a entrar en vigor de nuevo una norma por la que se devuelve a México a los solicitantes de asilo.
Para Ramona Casas, de la organización ARISE, del Valle del Río Grande, este proyecto de ley busca que la comunidad sea parte de las decisiones y que exista un mayor entrenamiento para los oficiales en la frontera, “para que sean más conscientes del trato humano y digno” que merece cada persona.
“Sabemos que (los agentes) tienen que hacer su trabajo, pero queremos que lo hagan con respeto y dignidad para las personas”, dijo por su parte a Efe Irma Cruz, directora de campaña de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. EFE