La decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de iniciar una investigación sobre Venezuela abre la puerta para que las víctimas de las atrocidades del gobierno de Nicolás Maduro tengan acceso a la justicia. El 3 de noviembre de 2021, el Fiscal Karim Khan anunció su decisión durante una visita a Venezuela.
La Fiscalía abrió un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, que es Estado miembro de la CPI, en febrero de 2018. En septiembre de ese año, seis Estados miembros de la CPI pidieron que la Fiscalía investigara posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Fue la primera vez que un grupo de países solicitó conjuntamente a la Fiscalía que investigara presuntos delitos cometidos en el territorio de otro Estado miembro de la CPI. Esta remisión por los Estados permite que el fiscal inicie una investigación sin aprobación previa de jueces de la CPI.
“Esta es la primera investigación de la CPI en las Américas y ocurre en respuesta a la brutal arremetida represiva del régimen de Maduro contra el pueblo venezolano”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El fiscal de la CPI tiene el mandato de investigar a los máximos responsables de los delitos internacionales más graves. Su decisión de hoy sobre Venezuela es un mensaje contundente no solo para quienes cometieron abusos o los encubrieron, sino también para los líderes militares y civiles que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría y no intervinieron”.
En diciembre de 2020, la Fiscalía informó que, sobre la base de la información disponible durante su examen preliminar, existían motivos razonables para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Estos incluían, al menos desde abril de 2017, los crímenes de lesa humanidad de “encarcelación u otra privación grave de la libertad física”, “tortura”, “violación y/u otras formas de violencia sexual” y “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos” por parte de las autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y partidarios del gobierno.
La anterior fiscal, Fatou Bensouda, anunció en junio, al finalizar su mandato, que su oficina había concluido el examen preliminar. Sin embargo, al mismo tiempo, las autoridades venezolanas solicitaron a la corte que los jueces intervinieran en el examen preliminar, y la fiscal no anunció públicamente sus conclusiones. En julio, el tribunal rechazó la solicitud de Venezuela.
En un escrito de junio de 2021, publicado en agosto, la Fiscalía concluyó que “las autoridades no tienen interés en investigar y/o juzgar genuinamente tales casos” porque “los procesos internos han sido llevados a cabo, o las decisiones judiciales han sido adoptadas, con el propósito de proteger a las personas de su responsabilidad penal… y/o los procesos internos no han sido llevados a cabo de manera independiente o imparcial, lo cual significa que han sido llevados adelante de una manera inconsistente con la intención de llevar a la persona implicada ante la justicia”.
El 16 de septiembre de 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas presentó su primer informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el cual concluyó que las autoridades venezolanas y los grupos armados partidarios del gobierno, llamados “colectivos” en Venezuela, cometieron gravísimos abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Los expertos independientes que lideran la misión señalaron que tenían motivos razonables para sostener que “la mayoría de las violaciones y crímenes… se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, … de conformidad con políticas estatales”. Los expertos concluyeron que “ciertas autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos y contribuyeron a su comisión” y que “comandantes y superiores sabían o deberían haber sabido de su comisión y… no adoptaron medidas para prevenirlos o reprimirlos”.
En informes que Human Rights Watch publicó en 2014 y 2017, y que compartió con la Fiscalía de la CPI, identificamos abusos generalizados durante la arremetida contra opositores en Venezuela. Agentes de las fuerzas de seguridad golpearon y torturaron gravemente a detenidos. También emplearon la fuerza de manera desproporcionada, cometieron abusos violentos contra manifestantes y transeúntes en las calles, y detuvieron arbitrariamente y procesaron a opositores del gobierno. El tipo de abusos y el momento en que se produjeron —así como el uso frecuente de epítetos políticos por quienes los cometieron— sugieren que el propósito no fue hacer cumplir la ley ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus supuestas opiniones políticas.
Las investigaciones de Human Rights Watch demuestran que los abusos no fueron casos aislados, ni el resultado de excesos cometidos por agentes insubordinados. Por el contrario, los reiterados abusos generalizados por parte de distintas fuerzas de seguridad, durante un período de tiempo determinado y en múltiples lugares, permiten concluir que los abusos han sido sistemáticos. Human Rights Watch también documentó casos de desapariciones forzadas que se extendieron durante varios días o semanas, así como otros abusos aberrantes desde 2014.
Entre 2016 y 2019, policías y agentes de las fuerzas de seguridad provocaron la muerte de casi 18.000 personas en Venezuela en casos de supuesta “resistencia a la autoridad”. Aún no existe información detallada respecto a cuántas de estas muertes fueron ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha concluido que “muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”. En seis de los casos documentados por la ACNUDH, las personas asesinadas eran opositores del gobierno o personas percibidas por las autoridades como tales. Fueron ejecutadas por agentes durante redadas que tuvieron lugar después de protestas contra el gobierno.
En un informe publicado en abril de 2021, Human Rights Watch documentó nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, procesamiento de civiles en tribunales militares y casos de tortura en el estado Apure, que siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos que han originado investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Existe una brecha cada vez mayor entre el volumen de trabajo de la Fiscalía de la CPI y los recursos que tiene disponibles. La de Venezuela es la decimoquinta situación que está siendo investigada por la corte y la primera en las Américas.
El presupuesto de la corte, financiado por sus Estados miembros, ha tenido un crecimiento prácticamente nulo desde 2017. El fiscal deberá priorizar esfuerzos para que los Estados miembros de la CPI se comprometan a aumentar los recursos para que la corte pueda cumplir con su mandato, señaló Human Rights Watch.
La CPI actúa como tribunal de última instancia, interviniendo únicamente cuando los tribunales nacionales no tienen la capacidad o el interés para investigar y juzgar los delitos internacionales más graves, según corresponda. En el mismo día que el fiscal anunció la apertura de la investigación, la Fiscalía firmó un memorandum de entendimiento con las autoridades venezolanas donde se sostiene que el gobierno de Maduro considera que las denuncias deben ser investigadas en Venezuela por las instituciones nacionales. El gobierno acordó “adoptar todas las medidas necesarias para asegurar una administración de justicia efectiva”.
Human Rights Watch ha documentado que el poder judicial de Venezuela no ha investigado adecuadamente los abusos generalizados a pesar de que existen evidencias contundentes, y que la mayoría de las violaciones de derechos humanos quedan impunes. Desde que el difunto presidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en 2004, el poder judicial ha dejado de actuar como una rama independiente del gobierno. Magistrados del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han avalado prácticas y políticas abusivas en reiteradas oportunidades.
Las autoridades judiciales fueron cómplices de los abusos, según un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela publicado en septiembre. El informe sostuvo que las autoridades judiciales han emitido órdenes de arresto con posterioridad a detenciones ilegales, han habitualmente ordenado la detención preventiva de los acusados, han respaldado detenciones sin evidencia, y no han protegido a víctimas de tortura. Los jueces han permitido demoras procesales significativas e interferido con el derecho de los detenidos a elegir un abogado de su elección.
En febrero de 2020, el gobierno de Maduro remitió información a la Fiscalía de la CPI sobre delitos supuestamente causados por las sanciones unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela. Esto llevó a la Fiscalía a iniciar un segundo examen preliminar por separado, que sigue en trámite.
“Si no existen investigaciones rigurosas e independientes en Venezuela sobre la responsabilidad de quienes están implicados al más alto nivel en atrocidades, lo cual requiere una reforma profunda del sistema de justicia disfuncional y politizado en el país, la CPI jugará un papel esencial como tribunal de última instancia”, señaló Vivanco. “Para poder responder a las expectativas de que se haga justicia en Venezuela y en otras situaciones a nivel global, los Estados miembros de la CPI deben redoblar su apoyo político y económico a este tribunal”.