La controversia sobre el territorio Esequibo que, legítima y legalmente le disputa Venezuela a Guyana, incluye un aspecto que no solo interesa a estos dos países, sino a toda la humanidad: la preservación del medio ambiente. En esa área de 159.500 km2, no solo hay petróleo y minerales. Una extraordinaria biodiversidad convierte a la región en un ecosistema único y tan vital para el planeta como la Amazonia. El aprovechamiento racional de los recursos naturales del Esequibo es lógico y deseable; lo que es irracional, ilógico e indeseable es el ecocidio que allí ocurre.
El 30 de mayo 2019, la ONU-Medio Ambiente, autoridad ambiental líder en el mundo, le asignó al Gobierno de Guyana la ejecución de la “Estrategia de Desarrollo del Estado Verde: Visión 2040”. Se trata de una política nacional para promover un crecimiento económico sostenible que garantice la preservación del capital natural de la nación caribeña.
El presidente de Guyana, para aquel entonces David Granger, dijo: “Enfrentamos desafíos con la gestión de nuestra zona costera, sufrimos los efectos del fenómeno El Niño, con sequías e inundaciones en el interior del país, y tenemos industrias que están comenzando a tener un impacto en la calidad del aire y del agua. Por eso tenemos la intención de convertirnos en un “Estado verde”, y espero que otros países del Caribe sigan el liderazgo de Guyana en el cumplimiento de esta estrategia”.
Pero lo que en realidad ha hecho Guyana es una explotación irracional de los recursos naturales, el desarrollo de una política extractivista y la devastación del medio ambiente en la Zona en Reclamación.
La minería de oro y diamantes está contaminando arroyos y ríos con mercurio y sedimentos y, consecuentemente, a los peces que constituyen la principal fuente de proteínas para los pueblos indígenas de Guyana. Las concesiones madereras han penetrado en los bosques tropicales, que han proporcionado el sustento a los pueblos indígenas durante miles de años.
Por otro lado, las emisiones de carbono (CO2) en Guyana se han incrementado como consecuencia de la quema de gas vinculada a la explotación de petróleo en alta mar, lo cual acentúa el efecto invernadero, reduce la dispersión de calor acumulado por la radiación solar en la superficie del planeta hacia el espacio y provoca un mayor calentamiento global. Todo esto causa inundaciones, pérdida de vidas, así como cuantiosos daños materiales. El aumento de los gases de efecto invernadero afecta negativamente el suministro de agua, el aire limpio y la agricultura.
La Exxon Mobil ha iniciado desde el 2015 una explotación de petróleo en el campo Stabroek Block, ubicado en la Zona en Reclamación, en cuya fase de exploración se realizan perforaciones para determinar el tamaño y calidad de los yacimientos y se desechan sustancias químicas y hasta radioactivas que contaminan las aguas. También se realizan detonaciones y quema de gas, que perturban y destruyen la fauna marina, al tiempo que acumulan sedimentos perjudiciales para la flora subacuática.
El impacto ambiental por la contaminación de las aguas en el territorio Esequibo alcanza las costas del estado Delta Amacuro por los flujos marinos en la costa atlántica.
Es necesario recordarlo: Guyana no tiene derecho a la explotación de los recursos naturales en las zonas marítimas sujetas a la reclamación venezolana y su ilegítimo y ecocida negocio petrolero no está sujeto una política ambiental que proteja y preserve el medio marino, de manera de evitar o al menos mitigar la contaminación transfronteriza.
El mayor impacto lo sufre el frágil ecosistema marino, caracterizado por una singular diversidad biológica. La mayor amenaza proviene de los yacimientos de hidrocarburos debido al elevado riesgo de contaminación por las actividades de extracción en el lecho marino.
Los sucesos contaminantes de la industria petrolera mar adentro ameritan la implementación de efectivos regímenes de responsabilidad para las empresas ExxonMobil, Frontera Energy, Total, Repsol, CNOOC, que incluyan mecanismos de reparación de daños, entre ellos indemnizaciones y compensaciones para los grupos humanos directamente afectados.
Guyana tiene la obligación de evitar la contaminación de ríos, mares y océanos, tanto en los fondos marinos sujetos a su jurisdicción nacional como en los fondos marinos profundos que son patrimonio común de la humanidad, y, obviamente, en la Zona en Reclamación.
Guyana nunca ha respetado el Derecho Internacional. No ha cumplido con el Acuerdo de Ginebra, firmado por Forbes Burnham el 17 de febrero de 1966, mediante el cual reconoció la inconformidad de Venezuela y la consecuente nulidad al Laudo de París de 1899.
Guyana, no cumple con las obligaciones establecidas en los tratados que protegen al medio ambiente, tales como: la Convención sobre Cambio Climático, ratificada por ese país el 29 agosto de 1994; el Protocolo de Kyoto, ratificado el Acuerdo de París, ratificado el 20 de mayo de 2016; y, en el ámbito regional, el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe, ratificado el 14 de julio de 2010, y la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982, ratificada el 16 de noviembre de 1993.
Guyana viola un principio firmemente establecido por el Derecho Internacional, “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”, que es la manifestación más palpable del ejercicio de la soberanía de los Estados. El cumplimiento de lo pactado no sólo compromete el honor nacional, sino que es la base de la convivencia civilizada entre las distintas naciones.
Guyana y sus socios imperiales depredan el ambiente sin suficiente contención de la comunidad internacional. Guyana está inmersa en violaciones graves de obligaciones internacionales de importancia esencial para la salvaguarda y protección del medio humano, como los que prohíben la contaminación de la atmósfera o de los mares. La consecuencia es clara: “quien contamina, paga” y se debe castigar al responsable de un delito medioambiental que se aproxima al ecocidio.