El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli negó este viernes ante un tribunal en España haber recibido dinero de la constructora española FCC a cambio de contratos en el país centroamericano, informaron a Efe fuentes jurídicas.
En su breve declaración como investigado, realizada por videoconferencia y que duró una media hora, Martinelli se desmarcó además de las supuestas sociedades instrumentales a las que se le vincula, al asegurar que no las conoce en absoluto.
El exmandatario compareció ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional española, a raíz de la querella presentada por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), que a finales de 2020 emprendió acciones legales contra el que fuera presidente panameño entre 2009 y 2014, por presunto blanqueo y corrupción.
A tenor de las fuentes consultadas, Martinelli rechazó las acusaciones y respondió sólo a preguntas de su defensa.
El caso se remonta a 2017, cuando la Audiencia Nacional admitió a trámite una querella por presuntos delitos de blanqueo, cohecho y organización criminal entre 2009 y 2015 contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht.
Aunque inicialmente FCC no figuraba en la lista, después de dos años de diligencias se encontraron indicios de que, tras el consorcio entre Odebrecht y la compañía española para la construcción de la primera línea de metro de Centroamérica, se ocultaría un concierto entre directivos para generar “sobrecostes” en los contratos.
Este esquema de “corrupción”, según la Fiscalía, buscaba generar fondos para abonar “pagos encubiertos” a responsables políticos y empleados públicos, para lo cual se sobredimensionaba el suministro del acero en “precio y cantidad”.
En la primavera de 2019, FCC presentó dos escritos ante el Ministerio Público en los que denunciaba los acuerdos comerciales suscritos por sus filiales con el entramado de sociedades de Mauricio Cort, supuesto testaferro de Martinelli.
Esta estrategia “encubrió acuerdos para abonar pagos por presuntas corrupciones, para asegurarse la adjudicación de importantes contratos de infraestructura que se licitaban por los gobiernos de Panamá, Salvador, Costa Rica y Nicaragua”, citaba el juez.
Las facturas incorporaban una descripción de servicios técnicos, de diseño urbanístico y arquitectónico o de estudio de impacto medioambiental, entre otros, “simulados”, que nunca llegaron a realizarse en las obras investigadas: las líneas 1 y 2 del metro de Panamá y la Ciudad Hospitalaria de Clayton.
“Ninguno de estos servicios se prestó y sólo se facturaron para dar cobertura a los pagos de presunta corrupción por la adjudicación de los contratos de obra civil”, proseguía el informe de la Fiscalía Anticorrupción.
En ese documento también explicaba que FCC “no ha podido localizar ningún rastro de los trabajos encomendados y abonados” a Cort, entre 2010 y 2014, cuyo importe ascendió a 82,7 millones de dólares.
En julio de 2019, la responsable de la asesoría jurídica de la constructora admitía en su declaración en la Fiscalía que todas las facturas “habían servido de cobertura formal para la salida de fondos de la compañía hacia Cort” como testaferro de Martinelli, que “exigía” comisiones para “permitir a FCC” operar en las obras públicas de Panamá.
EFE