La fiscal especializada en corrupción de funcionarios Norah Córdova ingresó al Palacio de Gobierno de Perú para solicitar información en torno a la denuncia sobre presunta injerencia del Poder Ejecutivo peruano en la selección de una empresa proveedora de biodiesel para la venta en las plantas de la estatal PetroPerú.
La representante del Ministerio Público realizará una copia espejo de las cámaras de videovigilancia ubicadas en el ingreso al Palacio de Gobierno y se recabará el registro de visitas del 15 al 28 de octubre de este año, indicó la Fiscalía en una nota informativa.
La investigación preliminar responde a una denuncia periodística del programa Panorama que reveló que el presidente peruano, Pedro Castillo, recibió en el Palacio de Gobierno en octubre pasado al gerente general de PetroPerú, Hugo Chávez, y al empresario Samir Abudayeh Giha, gerente general de Heaven Petroleum Operators, antes de que esta compañía se adjudique la venta del biodiesel B100 en un proceso supuestamente irregular.
La convocatoria buscaba un proveedor para suministrar 280.000 barriles de biodiesel para las refinerías de Conchán, Mollendo y Talara, pero aparentemente no se cumplió con abrir el proceso a proveedores internacionales y se modificaron las condiciones en un mismo día.
La fiscal investiga por los presuntos delitos de colusión simple y negociación incompatible a Chávez, así como también al gerente de distribución de PetroPerú, Gunther Document, al gerente de suministros, Muslaim Abusada, y al gerente de compras e hidrocarburos, Roger Lly, en calidad de autores.
NUEVAMENTE APARECE EMPRESARIA
Por su parte, Abudayeh es investigado como cómplice, junto a la empresaria Karelim López, que ha sido sancionada con impedimento de salida del país por presuntamente haber pedido facilidades para otra empresa, y a Gregorio Sáenz, representante de la Junta Nacional de Palmicultores.
Horas antes de la diligencia en Palacio de Gobierno, la fiscal acudió a la sede de PetroPerú en Lima para solicitar el registro de visitas, entre el 15 y 28 de octubre, documentación de este proceso de licitación, y la copia espejo de las cámaras de videovigilancia ubicadas en este establecimiento estatal.
En el operativo han participado peritos informáticos del Ministerio Público y agentes de la División de investigación de delitos vinculados al crimen organizado de la Policía Nacional.
CRECEN DENUNCIAS CONTRA CASTILLO
El viernes pasado, el procurador general del Estado (abogado general del Estado), Daniel Soria, denunció al mandatario peruano ante la fiscal de la Nación (fiscal general) por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
Esa denuncia se basa en las reuniones que la empresaria Karelim López sostuvo aparentemente con Castillo para que, supuestamente, favoreciera al consorcio de empresas que ella representaba en la licitación de un puente, según informó la Procuraduría General del Estado.
Al menos uno de esos aparentes encuentros se produjo fuera del Palacio de Gobierno de Lima para que no quedara registro oficial, como demostró un reportaje periodístico del programa dominical Cuarto Poder que captó a López y Castillo dentro de un mismo inmueble del distrito limeño de Breña al mismo tiempo.
Pocos días después de ese supuesto encuentro, el consorcio Puente Tarata III que ella representaba ganó la licitación con un contrato de 232,5 millones de soles (57,6 millones de dólares) gracias a una oferta 27 céntimos de sol (0,06 dólares) más baja que la siguiente mejor calificada.
Este consorcio se adjudicó así la obra pese a que el presidente del comité de selección, Miguel Espinoza, había advertido que no había presentado facturaciones de obras similares realizadas en el pasado, uno de los requisitos marcados en las bases del concurso público.
Soria señaló en su denuncia que existen sospechas de que el presidente peruano “también se encontraría inmerso en la conducta de tráfico de influencias” que investiga el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Lima.
En ese caso está investigado el ex secretario general del Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, por las presuntas presiones ejercidas a los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea para ascender a militares allegados al presidente.
EFE