Luisa Marvelia Ortega Díaz (Valle de la Pascua, Venezuela, 1958) ocupó el cargo de fiscal general de Venezuela durante nueve años, entre enero de 2008 y agosto de 2017, tanto bajo la presidencia de Hugo Chávez como la de Nicolás Maduro. Este último la destituyó violentamente y se vio obligada a huir a Colombia en una lancha, un periplo que ella misma recuerda como «propio de una película». El actual Ejecutivo venezolano la acusó de «actos inmorales», los militares ocuparon las instalaciones del Ministerio Público y se puso en marcha una campaña de acoso institucional contra ella y su familia. Ortega denunció públicamente que su relevo representaba «un paso más para el establecimiento de una dictadura», consiguió que las autoridades colombianas la reconocieran como refugiada y ha dedicado los últimos años a poner en manos de la Corte Penal Internacional (CPI) pruebas documentales de la «violación sistemática de los derechos humanos».
Por POR ESTEBAN URREIZTIETA / elmundo.es
Sus aportaciones han desembocado en la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad, la primera de la CPI contra un país de América Latina.
Tras una nueva ofensiva contra ella, Ortega decidió trasladarse a España y reside en estos momentos en Madrid, donde en octubre solicitó el asilo como represaliada política. Lo hizo poniéndose a la cola en las Administraciones correspondientes, asesorada por el letrado Ismael Oliver, que dirige su estrategia jurídica, y se encuentra ahora mismo esperando una respuesta.
La ex máxima responsable del Ministerio Público venezolano rompe por primera vez su silencio en una entrevista con EL MUNDO para repasar lo acontecido durante los últimos años. Aborda la convulsa situación política que vive su país, los motivos de su destitución y los detalles de su fuga cinematográfica para preservar su vida. Pero también el tratamiento que las diferentes potencias internacionales, entre ellas España, están dispensando a Maduro, con quien recuerda que rompió al poco de llegar al poder por sus intolerables injerencias.
LA GOTA QUE COLMÓ EL VASO
«Como fiscal general de Venezuela, y en el marco de la colaboración entre poderes, siempre hice recomendaciones sobre las actuaciones equivocadas e ilegales en las que estaba incurriendo el Gobierno», rememora. «Tales recomendaciones nunca fueron tomadas en consideración, nunca fueron escuchadas […] Hubo momentos que resultaron insostenibles porque mis advertencias para que se corrigieran las desviaciones fueron reiteradamente desoídas y desatendidas». «Al mismo tiempo, se mostró un desapego cada vez mayor al ordenamiento jurídico».
Todo ello «hasta que, en marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia dictó dos sentencias mediante las cuales arrebataba sus competencias al Parlamento para transferírselas al Poder Ejecutivo». «Aquello constituyó una clarísima ruptura del orden constitucional, pedí que se rectificaran esas decisiones y nuevamente me respondieron con evasivas, por lo que tuve que denunciar públicamente esa violación de la Constitución que permanece hasta ahora» y ha transformado Venezuela en un «régimen inconstitucional».
Asegura Ortega que «a partir de ese momento comenzó la persecución contra ella, su familia y los trabajadores del Ministerio». «Aquello no sólo puso en peligro mi vida, sino la estabilidad del país». «A través de los medios de comunicación los venezolanos vieron cómo allanaron dos veces mi hogar, saquearon todas mis pertenencias y la policía política se quedó instalada en mi casa. Asaltaron militarmente la Fiscalía, poniendo en riesgo las investigaciones que allí cursaban, en un atentado que ponía en peligro todo el Sistema de Justicia».
Subraya la ex fiscal general venezolana que aquella situación le hizo «reflexionar». «¿En qué parte del mundo las Fuerzas Armadas atacan a uno de los poderes públicos? No defendieron la institucionalidad, la estabilidad política. Solo con ese episodio se puede apreciar cómo Maduro acabó con la democracia, pisoteó la Constitución y desmanteló todo nuestro ordenamiento institucional. Como demócrata no podía quedarme de brazos cruzados».
Terrorismo de Estado
Ortega llega a calificar la reacción del Régimen de Maduro como «terrorismo de Estado». «En mi país se militarizó la seguridad ciudadana y se autorizó el uso de armas de fuego para reprimir las manifestaciones, lo que trajo como consecuencia el asesinato de cientos de personas. Sembraron miedo en la población con ejecuciones, torturas, persecuciones, detenciones arbitrarias, juicios militares a civiles, allanamientos ilegales, desapariciones forzadas y violaciones, entre otros actos inhumanos”.
En lo que respecta a la permanencia en su puesto, a pesar de las ilegalidades que se perpetraban, defiende no haberlo abandonado voluntariamente. «A pesar de las irregularidades que detecté y de las observaciones que hice al Poder Ejecutivo, siempre estuve convencida de que tenía el compromiso constitucional de defender la institución en la que fui juramentada. No podía soslayar la responsabilidad ante el país y los venezolanos», se justifica Ortega.
«Un demócrata debe defender la democracia y la institucionalidad hasta donde sus posibilidades lo permitan. Yo me mantuve al frente de una responsabilidad de enorme importancia. Cumplí con mis obligaciones como fiscal general protegiendo nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución, denunciando su violación y a sus violadores». Es más, enfatiza que plantó cara al presidente venezolano para poner fin a sus desmanes. «Nadie puede arrepentirse de haberle dicho de manera frontal a Maduro y a sus cómplices que se habían convertido en los sepultureros de la democracia venezolana cuando rompieron el orden constitucional». Diferencia entre la forma de gobernar de Chávez, de quien destaca que siempre tuvo un ritmo de vida «austero», y la de Maduro. «Los tiempos de Chávez no son los tiempos de Maduro y en la época del primero no se vivió lo que se ha vivido ahora». Sin embargo, reconoce que, si bien el primero «probablemente no quería ver la Venezuela que existe hoy, no hizo nada para evitarlo».
la FUGA DE PELÍCULA
A partir de su relevo, puso en marcha su huida del país para mantenerse con vida. «Yo temía por mi vida, mi seguridad y la de los míos por la presión a la que estaba sometida. Se estaban usando todos los medios del Estado para aniquilarme y yo estaba decidida a continuar mi lucha por la democracia, por el respeto al imperio de la ley, pero entendí que debía hacerlo en libertad. Tenía que seguir defendiendo el Estado de Derecho en mi patria, y desde una cárcel o muerta no podía hacerlo. Por eso me vi obligada a salir en una lancha desde Venezuela hasta Aruba y de allí a Colombia. Son esos caminos alternativos a los que la autocracia empuja a quienes tienen el valor de decirles sin miedo que son corruptos y criminales», prosigue Ortega.
Una vez en tierras colombianas, encontró refugio inmediato, algo por lo que se siente «infinitamente agradecida». «Eso me ha permitido continuar mis gestiones para denunciar ante tribunales internacionales las atrocidades que Maduro y sus cómplices han cometido contra los venezolanos. Hoy sigo reuniendo pruebas y agregándolas al expediente de la Corte Penal Internacional».
LA INVESTIGACIÓN DE LA CPI
El primer gran paso para que este organismo iniciara la investigación que se encuentra en estos momentos en marcha lo dio el 16 de noviembre de 2017. Aquel día interpuso una denuncia ante la Corte Penal Internacional «que estaba acompañada de mas de 1.900 elementos probatorios sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales de más de 8.000 venezolanos por parte de Organismos de Seguridad del Estado desde 2015 hasta 2017, en su mayoría gente humilde».
Fue «una limpieza social, como la denominó Maduro en una ocasión, una política pública para el exterminio de personas que habitaban en las zonas más deprimidas de las principales ciudades». Pero también ha denunciado «los asesinatos de 131 personas cometidos por los Cuerpos de Seguridad del Estado bajo las ordenes de Nicolás Maduro» durante las manifestaciones de abril a junio de 2017. «El ciudadano que participaba en una protesta pasaba a ser un enemigo, un objetivo militar», continúa.
«En posteriores ampliaciones presentamos pruebas relacionadas con la tortura y homicidio del concejal Fernando Albán, el capitán Rafael Acosta Arévalo y la masacre de Óscar Pérez y sus compañeros, así como de otras torturas, juicios militares a civiles, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias, entre otras irregularidades».
En septiembre de 2018 Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú solicitaron la apertura de una investigación. «Las aportaciones que he hecho, sin duda, han servido de base para abrir la investigación. Se trata de pruebas contundentes, científicamente documentadas».
Con respecto a estas pesquisas, Ortega destaca que «recientemente» se ha puesto «a disposición del fiscal Karim Khan. «Desde el Ministerio Público venezolano en el exilio (Ortega considera que es la fiscal general legítima hasta el 31 de diciembre) le reitero mi voluntad de seguir colaborando, en especial mediante trabajos de coordinación con víctimas directas e indirectas, así como con testigos de los casos que se detallan en la denuncia». «Estoy convencida de que la Corte Penal Internacional hará justicia con las víctimas».
el viaje a españa
Ortega decidió trasladarse a España porque en Colombia no se consideraba a salvo de las represalias. Tenía a su disposición «un fuerte dispositivo de seguridad», pero la frontera entre ambos países es «amplia y porosa», lo que suponía «un riesgo activo» para su vida. Optó inicialmente por Colombia porque mantenía viva «la esperanza de retornar pronto», pero desde España se encuentra «más cerca» de La Haya, lo que facilita el impulso de la denuncia ante la Corte Penal Internacional».
Ortega responde, en referencia a la resistencia del Gobierno de Pedro Sánchez a considerar Venezuela una dictadura, que en su país «se ha consolidado una autocracia desde que se decidió romper el orden constitucional». «Es un país donde constantemente se violan los derechos fundamentales de la gente ¿Cómo puede calificarse a un régimen que hace esas cosas? De algo estoy segura: una democracia no es. Un régimen de libertades, tampoco. Es un estado criminal, término que acuñó tan acertadamente Hannah Arendt».
Ortega elude calificar la actitud del ex presidente José Luis Rodriguez Zapatero, que mantiene una estrecha relación con Maduro, pero le traslada públicamente su deseo de «tener una conversación con él para intercambiar impresiones sobre Venezuela» porque «el restablecimiento del orden democrático requiere el concurso de todos».
Para la que fuera fiscal general venezolana, la visita a España de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodriguez, que fue recibida por el ex ministro José Luis Ábalos en el aeropuerto de Barajas para evitar que entrara en España, es un episodio «que no está sujeto a interpretaciones». «En el caso de personas sujetas a sanciones o restricciones, deben cumplirse los acuerdos de la Unión Europea con sus estados miembros».
Tampoco elude los principales casos judiciales investigados por la Audiencia Nacional que afectan a su país. Conoce a Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de la Inteligencia Militar, en prisión a la espera de que se resuelva su entrega a EEUU, pero asegura desconocer si sus acusaciones sobre la financiación de Podemos por parte del chavismo se ajustan a la realidad. «No tengo información que me permita afirmarlo o negarlo», asevera.
Secunda, eso sí, las investigaciones sobre el saqueo de la petrolera estatal PDVSA. «El proceso de destrucción institucional ha sido tan profundo que ha devastado todas las industrias y todo el aparato productivo, ciegos por ese desmedido afán de lucrarse ilegalmente a costa de los bienes del Estado».
LA RESPUESTA DE EUROPA
En cuanto a si hay «complacencia» en Europa con Venezuela, afirma que «la comunidad internacional puede contribuir en la búsqueda de soluciones a través de los mecanismos de colaboración y cooperación». «Pero no por ello podemos exigirle que se comporte de una manera específica ni tampoco renunciar a las obligaciones que tenemos como nación y ciudadanos. Europa es una comunidad de pueblos soberanos que toma sus propias decisiones, que deben respetarse. Nuestra urgencia no es la de otras naciones que no sufren la tragedia del pueblo venezolano», disculpa Ortega. «El papel verdaderamente relevante de Europa y del mundo», añade, «será cuando los venezolanos finalmente logremos deshacernos de la autocracia». Y concluye: «En ese momento necesitaremos comprensión ante las enormes dificultades para restablecer la institucionalidad y reimpulsar la economía. Será entonces cuando esperamos el más grande apoyo posible».
LA CORTE PENAL
«He entregado a La Haya pruebas contundentes del exterminio de las clases más humildes de las grandes ciudades entre 2015 y 2017»
RÉGIMEN DEL «TERROR»
«Maduro ha sembrado el terror con terrorismo de Estado: mediante torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias y desapariciones»
LA RUPTURA CON MADURO
«El Supremo arrebató al Parlamento sus competencias para dárselas al Ejecutivo; le dije al presidente que es el sepulturero de la democracia»
LA HUIDA DEL PAÍS
«Salí de Venezuela en lancha hasta Aruba y luego fui a Colombia porque no podía defender el Estado de Derecho muerta o en la cárcel»
LAS REPRESALIAS
«Asaltaron y saquearon dos veces mi casa y los militares tomaron la Fiscalía. Maduro desmanteló el orden institucional y pisoteó la Constitución»
LA POSICIÓN DE SÁNCHEZ
«¿Qué me parece que su Gobierno se resista a calificar a Venezuela como una dictadura? Es un estado criminal que no respeta la vida ni la dignidad»
EL PAPEL DE ZAPATERO
«Me gustaría intercambiar impresiones con él sobre Venezuela: para restablecer el orden democrático es necesario el concurso de todos»
LA VISITA DE DELCY
«Es un caso que no está sujeto a interpretaciones: deben cumplirse los protocolos de la UE con las personas sancionadas»