El año que ahora finaliza ha permitido recuperar la iniciativa para formalizar nuevos acuerdos ambientales, cristalizados la mayor parte de ellos en la COP26 que se celebró en Glasgow durante el mes de noviembre, después de un 2020 a medio gas por culpa de las restricciones generadas por la Covid-19.
De hecho, la cumbre del clima se retrasó un año a causa de la alarma internacional por la expansión del virus SARS-CoV-2 que, por cierto, ha permitido mostrar por primera vez de manera muy gráfica la vinculación entre la salud del planeta con la de los seres humanos.
Varios estudios publicados durante los últimos meses han insistido en dicha vinculación describiendo cómo ayudaron a su propagación problemas ambientales como la destrucción de ecosistemas o la explotación industrial en deficientes condiciones de todo tipo de especies, con el consiguiente aumento de enfermedades zoonóticas, capaces de saltar de los animales al hombre y viceversa.
Por ello se considera un éxito el compromiso para detener y revertir la deforestación de aquí a 2030, en un documento sellado durante la COP26 -la cumbre del clima celebrada en Glasgow durante la primera quincena de noviembre- por los gobiernos de un centenar de países en cuyo territorio se concentra el 85 % de los bosques del planeta.
Entre ellos, figuraba Brasil, cuyo ministro de Medioambiente, Joaquim Leite, también prometía a nivel particular que su país eliminará para 2028 la deforestación ilegal, un problema que afecta a la mayor reserva boscosa del planeta: la Amazonía.
Otros 45 países acordaron en la misma cumbre tomar medidas para avanzar hacia una agricultura y una gestión del suelo más sostenible mientras varias instituciones financieras y empresas agroalimentarias anunciaban inversiones en programas de ganadería y producción de soja para evitar la deforestación en Suramérica.
A pesar del retraso en la convocatoria y desarrollo de la COP26, sólo 8 países -entre ellos, España- de los casi 200 participantes llegaron con “los deberes hechos”, es decir, con sus objetivos climáticos plasmados en una ley.
Sin embargo, Glasgow fue escenario de iniciativas interesantes, incluyendo el compromiso de EEUU -que ha vuelto a la “arena ambiental” con Joe Biden en la Casa Blanca- y China, dos de los países más contaminantes del mundo, para “reforzar las acciones climáticas” y alcanzar a lo largo del actual decenio los objetivos del Acuerdo de París.
Esta declaración conjunta de Washington y Pekín fue recibida con satisfacción pero sus intenciones reales de colaboración han quedado en entredicho a las primeras de cambio, tras el anuncio a primeros de diciembre del boicot diplomático norteamericano a los Juegos de Invierno organizados por China, dentro del ambiente de “guerra fría” que parece haberse instalado entre ambas capitales.
Más allá del acuerdo final de la COP26, descafeinado a última hora por la sorpresiva intervención de la India que, con una sola palabra, cambió su sentido final -“reducción” en lugar de “eliminación” del carbón como fuente energética- los convenios sectoriales fueron rubricados por grupos de países y regiones, no de manera global.
La mayor parte buscan entorpecer el uso de combustibles fósiles apoyando en cambio a las energías renovables, aunque habrá que ver cuántos se cumplen y en qué medida, vistos los antecedentes de convenios anteriores.
Entre ellos figuran el fin de la concesión de nuevas licencias para explotar petróleo y gas en territorios bajo jurisdicción de los firmantes, la eliminación de vehículos de combustión para 2035, la creación de flotas de autobuses públicos eléctricos en países iberoamericanos o la reducción de hasta un 30 % en las emisiones de metano, gas con gran impacto en el efecto invernadero aunque menos conocido que el CO2.
Por lo demás, la UE se consolida como uno de los principales líderes medioambientales, con una Comisión Europea que quiere dedicar buena parte de los llamados fondos Next Generation -para paliar los daños económicos provocados por el coronavirus- a la transición ecológica, incluyendo un 30 % a la lucha contra el cambio climático.
Uno de los grandes temas sin resolver sigue siendo la recaudación de capitales financieros suficientes para apoyar la transición ecológica de los países en desarrollo que, según cálculos que se manejan desde la COP21 de París, deberían ascender a unos 100.000 millones de dólares anuales (unos 88.500 millones de euros), una cifra aún lejana, pese a los avances en este sentido.
Lo que sí se apreció en 2021 es el creciente interés del sector financiero en todo lo relacionado con el medioambiente, materializado en la firma de hasta 450 entidades de 45 países para invertir 130 billones de dólares -112 billones de euros- en la transición hacia una economía descarbonizada en 2050.
Además, este año ha reimpulsado la “ola verde” en el sector económico donde, desde grandes multinacionales hasta pymes, han presentado propuestas y planes públicos para mejorar su impacto ambiental y su huella de carbono compitiendo por conseguir certificados tanto de gobiernos como de entidades privadas en un proceso que, según las organizaciones ecologistas, tiene más de “lavado verde” que de compromiso real.
2022 será un año decisivo para saber si los hechos corroboran las intenciones y se hacen realidad los buenos deseos o los problemas reales vuelven a quedar sumergidos, aprovechando que la próxima COP27 se celebrará en la localidad egipcia de Sharm el Sheij, un conocido balneario y paraíso de buceadores recreativos. EFE