Cinco años después de que se revelara a escala global la gran trama de corrupción de Odebrecht, la sombra de ese caso sigue planeando sobre Perú, un país donde aún se espera que la Justicia determine responsabilidades en una investigación que ha implicado hasta a cuatro expresidentes.
En el caso han sido comprometidos desde Alejandro Toledo (2001-2006) hasta Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), pasando por Ollanta Humala (2011-2016) y el fallecido Alan García (2006-2011), así como la líder opositora Keiko Fujimori y otros representantes de la clase política y empresarial del país andino.
A pesar de que durante los primeros años se dio una respuesta rápida e implacable de la Fiscalía, que conformó un equipo especial de investigadores, la llegada de la pandemia ralentizó el proceso, mientras actualmente se espera que el Poder Judicial decida, en la mayoría de los casos, si estos pasan a tribunales.
EL INTERÉS CORRUPTO
Para el analista Eduardo Dargent, el caso Odebrecht tuvo un impacto muy fuerte en la mala opinión de los peruanos sobre su clase política, así como en el proceso de democratización que se presentó tras la caída, en medio de otro escándalo de corrupción, del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).
“Es como que pocos meses o años después de las promesas de cambio los políticos que habían sido excluidos del sistema y que buscaban la democratización entran y varios de ellos, no todos, vuelven a hacer uso del Estado en su beneficio propio”, comentó a Efe.
El jurista Carlos Rivera remarcó, por su parte, que este caso mostró “la existencia de un sistema corrupto que logró no ser solamente desarrollado sino que se consolidó en casi todos los países en donde las compañías brasileñas habían operado”.
“Eso da cuenta no solo de una voluntad criminal de parte de Odebrecht y de otras compañías constructoras, sino sobre todo de la fertilidad con que las clases políticas y los gobernantes atendieron sus requerimientos”, sostuvo.
Dargent opinó que se terminó descubriendo “que había un interés corrupto detrás de eso”, aunque en Perú la respuesta llevó a fortalecer la labor de la Fiscalía, que avanzó más que en otros países en sus investigaciones.
“Creo sin embargo, que uno siente que nos hemos quedado cortos, el proceso sigue manteniendo esas características tan procedimentales, enredadas, de límites en lo que pueden hacer jueces, fiscales”, acotó.
POLÍTICA Y JUSTICIA
Hasta el momento, en Perú solo se tiene una decisión judicial en la investigación seguida a Humala y su esposa, Nadine Heredia, para quienes la Fiscalía ha pedido 20 y 26 años y medio de cárcel, respectivamente, y en noviembre se dictó un auto de enjuiciamiento.
La pareja, que será procesada por la presunta aportación irregular de Odebrecht y del Gobierno de Venezuela a sus campañas electorales de 2006 y 2011, también está siendo investigada por la presunta concesión irregular del Gasoducto Sur Peruano a un consorcio liderado por Odebrecht en 2014.
Otra de las piezas mayores de esta investigación es Toledo, cuya extradición a Perú fue avalada a fines de septiembre pasado por un juez de Estados Unidos por estar implicado en la presunta recepción de un soborno de unos 35 millones de dólares para facilitar los negocios de la empresa brasileña en el país.
Mientras, el caso adquirió tintes trágicos en abril de 2019, cuando Alan García se suicidó para evitar ser detenido por una orden fiscal.
Kuczynski fue forzado a dimitir en 2018 por sus vínculos con la empresa cuando fue ministro de Economía de Toledo y se encuentra en arresto domiciliario desde entonces.
La otra gran implicada es la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori, para quien la Fiscalía ha pedido 30 años de cárcel tras acusarla de haber recibido dinero irregular de Odebrecht para sus campañas de 2011 y 2016. Aun se espera una decisión judicial sobre si se le abre juicio oral por este caso.
LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA
Para Rivera el caso Odebrecht ha tenido “impactos diferenciados” en la región, con una destacada labor de Brasil para implementar “procedimientos de investigaciones complejas” y también una “experiencia notable” en el accionar fiscal en Perú.
A pesar de ello, coincidió en considerar que actualmente, tanto por el impacto de la pandemia como por el “agotamiento del esfuerzo político-institucional de los ministerios públicos y capaz de algunas instituciones de la sociedad civil”, el proceso ya no tiene “la misma intensidad que hace dos o tres años atrás”.
Dargent añadió que aunque estas investigaciones han dejado en Perú “la idea fuerte de que robar no te hace impune”, también es evidente que aún se necesita “mucha mas fortaleza y agilidad del sistema para responder a casos y acciones que son rápidos”.
“Incluso órganos técnicos y entidades que parecían más modernas y respetables terminaron metidas en este tipo de amarres, para el país creo que fue un golpe durísimo y en parte explica lo particular de Perú, cuando lo vez a veces, que es esta desconfianza, este cinismo, frente a la política”, remarcó.
En ese escenario, Rivera opinó que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial peruano tendrían que dar ahora “un salto cualitativo para demostrar que efectivamente no son investigaciones paralizadas, sino todo lo contrario”.
EFE.