MATIAS DELACROIX (AP
El humo comenzó a entrar en el vagón sin aire acondicionado, repleto como siempre a media tarde. El tren casi estaba llegando a la estación, chirriaba contra los rieles y echaba chispas. Sonaba como una explosión y pintaba como una tragedia. Los botones de alarma para pedir la apertura de puertas fueron apretados con desesperación por los pasajeros ahogados. Algunos lloraban de pánico, mientras otros golpeaban las ventanas y puertas del tren para salir. Entre vidrios rotos comenzó una nueva estampida en el Metro de Caracas.
FLORANTONIA SINGER // EL PAÍS
Este es el relato que recogieron las redes sociales de una de las recurrentes averías en el sistema de transporte ocurrida en la estación Los Dos Caminos el 14 de octubre pasado, similar a otras 14 que se han registrado este año; la última, hace una semana.
El subterráneo caraqueño funciona como un cacharro. Hace una década el régimen venezolano contrató una costosa rehabilitación con un consorcio de empresas españolas, que este año ha apelado a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) para reclamar una indemnización por el incumplimiento de un contrato para la modernización de la Línea 1 del Metro de Caracas, la más extensa de la ciudad.
Ahora España reclamará a Venezuela una deuda de 138 millones de euros, como señaló esta semana ante el Congreso el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés.
“Este es el resultado de una operación de aseguramiento de cobertura antigua por parte de la CESCE. El siniestro ya se había producido en el año 2009, pero no solicitó una indemnización a la espera de si se podía ejecutar la obra finalmente. Ahora la situación ha cambiado porque ya se ha producido la reclamación de indemnización”, explicó el funcionario.
La CESCE es un instrumento para dar protección y cobertura a las empresas españolas en contratos con terceros países.
En 2008, el Gobierno de Hugo Chávez —con Diosdado Cabello como ministro de Infraestructura— firmó un contrato por 1.500 millones de euros con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Consorcio Sistemas para Metro, conformado por CAF, Dimetronic, Cobra y Constructora Hispánica.
La compleja obra fue adjudicada sin licitación, en base a un decreto de emergencia dictado por el Gobierno, con una opacidad que años después dejó ver trazas de corrupción como parte del escándalo de la Banca Privada d’Andorra.
El ex funcionario venezolano Carlos Luis Aguilera está siendo investigado por el presunto delito de blanqueo de capitales al supuestamente cobrar comisiones del 4,8% sobre este contrato depositadas en cuentas en ese país, reveló EL PAÍS en 2018.
La rehabilitación incluía el cambio de las subestaciones eléctricas y la rehabilitación de 22 kilómetros de vía férrea para el funcionamiento de 48 nuevos trenes que fueron adquiridos. Esta modernización implicaba migrar de la tecnología análoga francesa de los trenes Alstom que tuvo el Metro de Caracas por 30 años —de los que gran parte fue un modelo para la región— por la tecnología digital española.
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