En su primer día de lo que pensó que sería un trabajo limpiando pisos, una migrante venezolana llamada Patricia, que en su casa había vendido pescado en un puesto del mercado, se encontró atrapada dentro de lo que resultó ser un burdel.
Por John Otis | The Wall Street Journal
Traducción libre del inglés por lapatilla.com
Mantenida prisionera durante dos meses, recibió comida y lencería limpia durante el día a través de una pequeña ventana en su habitación. Por la noche, dijo, llegó una serie de hombres exigiendo sexo. Un cliente la apuñaló en el brazo izquierdo cuando ella insistió en que usara condón.
“Nunca pensé que me pasaría algo así”, dijo Patricia, una madre de dos hijos de 36 años, sobre su fuga de un burdel en Colombia y su vuelo a Ecuador. Businesshala acordó usar solo su primer nombre.
Si bien el tráfico sexual es un problema mundial, los defensores de los derechos humanos dicen que se ha vuelto particularmente agudo en los últimos años entre los migrantes que han huido de las dictaduras y la crisis económica en Venezuela. Funcionarios gubernamentales y grupos de derechos en la región andina dicen que los traficantes se aprovechan del éxodo de casi seis millones de personas de Venezuela, la mayor crisis de refugiados del mundo, solo superada por Siria, al ofrecer algunos trabajos falsos vinculados con actividades sexuales.
Coralía Sainz, quien monitorea la trata regional de mujeres desde su oficina de Quito, dijo que la pandemia había empeorado la situación, ya que los traficantes reclutaban mujeres en rutas encubiertas que los venezolanos habían estado utilizando en los últimos dos años por el cierre de fronteras.
El tráfico sexual y la prostitución que maneja el crimen funcionan en las sombras. Los migrantes venezolanos casi nunca lo denuncian. A menudo, se sienten demasiado avergonzados o temen las represalias de las bandas de contrabandistas o la deportación porque no tienen un estatus legal, dice Daniel Palacios, el ministro del Interior en Colombia, hogar de dos millones de migrantes venezolanos, más que cualquier otro país.
Dijo que las autoridades colombianas estaban investigando 60 casos reportados en los primeros nueve meses de 2021 en los que traficantes sexuales atacaron a migrantes venezolanos. Esto se compara con los cinco casos notificados en 2017.
“El crimen está ampliamente subestimado”, dijo Palacios. Además, alertó que “se está viendo un rápido aumento de casos a medida que la situación en Venezuela está empeorando”.
Como muchos inmigrantes venezolanos, Patricia, que terminó en burdeles colombianos, huyó de su país debido a una contracción económica del 80% en siete años debido al hambre, la hiperinflación y el desempleo.
Estaba vendiendo café en las calles de Bogotá en diciembre pasado cuando una mujer se le acercó y le habló de un trabajo en un restaurante. La mujer le compró un boleto de autobús y se fue a Cali, en el suroeste de Colombia, mientras que los hijos de Patricia se quedaron con familiares en Bogotá. Pero una vez dentro de un bar que también sirve como burdel, dijo Patricia, dos hombres astutos la obligaron a entrar a la trastienda y cerraron la puerta.
“Empecé a gritar pero me dijeron: ‘¿No sabes por qué te trajeron aquí?'”, recuerda después de vivir en Quito con la ayuda de Hummingbird Wings, un grupo que ayuda a las víctimas de la esclavitud sexual.
La portavoz del grupo, María Elena Guaman, dijo que la privatización provocada por la pandemia dejó a muchas mujeres más dispuestas a aceptar propuestas falsas de empleo y matrimonio anunciadas por los traficantes en los sitios de redes sociales.
“Ellos encuentran su punto débil”, dijo Guaman. “Si tu sueño es estudiar, te ofrecerán becas. Si necesitas trabajo, te ofrecerán un trabajo. Si necesitas ropa, te la llevarán”.
En la ciudad colombiana de Barranquilla, el dueño de un negocio de pornografía en línea disfrazado de sacerdote atrajo a los venezolanos a su casa diciendo que era un refugio para migrantes. Más tarde, la policía dijo que encontró a 30 venezolanos que fueron obligados a realizar actos sexuales frente a cámaras web.
En marzo, la policía colombiana rescató a siete mujeres venezolanas a las que les habían prometido trabajos como camareras de bar en un pueblo agrícola cerca de la frontera con Venezuela. Edwin Méndez, un agente de la policía colombiana que investiga el caso, dijo que llegaron desnutridos, pero que les dieron suficiente comida y cambios de aseo. Luego, se les dijo a los migrantes que cada uno debía más de 1.000 dólares por alojamiento, comida y transporte y que tendrían que pagar sus deudas vendiendo sus cuerpos.
“Si se presentan quejas en nombre de los clientes, las mujeres serán multadas, dejándolas con una deuda aún mayor”, dijo Méndez, relatando el caso, que dio lugar a ocho arrestos. “Fueron tratados como animales”.
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