Finalmente, ha circulado la Gaceta Oficial (N° 6.678 Extraordinario del 27 de diciembre de 2021) que contiene la Ley que crea la Comisión para la garantía de Justicia y Reparación de las victimas de delitos contra los Derechos Humanos (Comisión de Justicia y Reparación), aprobada recientemente por la Asamblea Nacional. (Pulsar aquí para ver gaceta)
La Comisión de Justicia y Reparación, tendrá un plazo de vigencia de dos años, prorrogables y estará integrada por siete comisionados, designados por la Asamblea Nacional.
La Ley ha previsto que tres comisionados sean designados por su destacada trayectoria en materia de derechos humanos y su acreditada capacidad profesional, ética e integridad.
Dos comisionados deben ser parte de organizaciones y movimientos de defensa de los derechos humanos, con amplia trayectoria en la materia.
Y los otros dos comisionados, deben ser diputados de la Asamblea Nacional.
La ley también ha previsto que este órgano colegiado, cuente con una Secretaria Ejecutiva, con auténticas supercompetencias, entre las que destacan:
• Acceder a las actuaciones desarrolladas por los órganos policiales o de seguridad, del Ministerio Público, del Poder Judicial o del sistema de justicia, incluyendo aquellas que sean confidenciales o secretos.
• Realizar visitas e inspecciones en cualquier lugar.
• Requerir y acceder, sin reservas, a cualquier información que la Comisión estime necesaria para el cumplimiento sus fines.
Para Control Ciudadano, la creación de una Comisión de Justicia y Reparación es el reconocimiento del fracaso de las instituciones existentes, en la efectiva investigación y sanción de los delitos contra los derechos humanos.
Además, sus funciones solapan competencias de otros órganos constitucionales de Estado, pudiendo convertirse en un espacio más de burocracia y propaganda gubernamental, al depender presupuestariamente del ejecutivo nacional, frustrando nuevamente la esperanza de justicia, verdad y reparación de las víctimas de violaciones a los DDHH.
Una Comisión para la garantía de Justicia y Reparación de las víctimas de delitos contra los Derechos Humanos, solo será legítima en su funcionamiento, si sus comisionados son auténticamente independientes, de lo contrario, será un apéndice más del Ejecutivo Nacional, tal como sucede actualmente con la Defensoría del Pueblo.
NP.