El empresario venezolano Rafael Sarria, presunto testaferro del número dos del régimen chavista, ha resultado absuelto del delito de maltrato de obra del que venía siendo acusado con motivo de una disputa familiar. Sarria, afincado desde hace años en España, fue detenido en septiembre tras un enfrentamiento con su yerno. La sentencia que le exonera afirma que no se han podido demostrar los hechos que se le imputan debido a las “versiones contradictorias de todos los que declararon” en el juicio celebrado el pasado 21 de diciembre en el Juzgado 49 de Madrid.
Por Alejandro Requeijo / elconfidencial.com
Diosdado Cabello es uno de los dirigentes bolivarianos más cercanos al fallecido presidente Hugo Chávez. Lleva años desempeñando cargos de la máxima responsabilidad en su país también bajo el Ejecutivo de Nicolás Maduro, incluyendo la presidencia de la Asamblea Nacional. La Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU señala a Rafael Alfredo Sarria Díaz por ser “testaferro” de Cabello y “por mantener una relación comercial ilícita” con este alto mando de Venezuela “desde al menos 2010”.
La sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, se hace eco de su detención el 30 de septiembre desvelada por este periódico. Sarria acudió con su hija a la casa alquilada que compartía con su pareja, un joven también de nacionalidad venezolana. El motivo de la visita era recoger pertenencias de la vivienda dado que la joven se había marchado a casa de Sarria, un domicilio de grandes dimensiones ubicado en la exclusiva urbanización madrileña de La Moraleja. Según el denunciante, Sarria entró de malos modos, amenazó y le empujó pese a que le indicó que no accediera a la casa.
Fiscalía pidió condenar
Durante el juicio celebrado en los Juzgados de Madrid, la Fiscalía consideró que durante la vista se confirmaron los indicios contra el empresario vinculado por EEUU a Cabello. Pidió condenarle y que se le impusiera una pena de multa de 240 euros. La acusación particular pidió ampliar esa cuantía hasta el máximo legal de 24.000 euros. La juez aceptó que se interrogase solo a dos testigos. Una de ellas fue la asistente que tenía la pareja en casa para cuidar del hijo de ambos, de seis meses de edad. Esta testigo confirmó la versión del yerno de Sarria.
La segunda testigo fue otra hija del acusado, que exoneró a su padre. Durante el juicio, el abogado del empresario anunció la contratación de un detective privado para seguir al yerno de Sarria. El objeto era acreditar que la asistente no era imparcial en el conflicto familiar y que se había posicionado en favor del joven. Sobre esta cuestión, la testigo admitió que había prestado ayuda al joven tras la ruptura conyugal porque no tenía a nadie en España.
“No queda acreditada la causación del maltrato de obra denunciado al ofrecer versiones contradictorias todos lo que prestaron declaración, no existiendo otras pruebas que sean capaces de dirimir la controversia“, dice la resolución absolutoria de apenas tres folios dictada por la magistrada, Josefa Bustos. Contra esta decisión cabe la posibilidad de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
En el marco de este pleito familiar, el denunciante dijo haber recibido amenazas de su suegro dirigidas a él y a sus allegados en Venezuela. Afirmaba darles credibilidad debido al conocimiento que tenía de los vínculos de su suegro con los altos cargos del gobierno chavista. El día 30 de septiembre, la Policía también se llevó detenido al joven porque su mujer le acusó en ese momento de malos tratos. Esta otra denuncia se investigó en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Madrid y se archivó. En este caso, el auto del Juzgado sí le daba credibilidad a la asistenta que negó los presuntos malos tratos.