La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cuestionó este lunes la forma en que el gobierno de Pedro Castillo utiliza la figura jurídica de las demandas públicas y procesos penales en contra de los periodistas de esa nación, como medida coercitiva para intimidar a los trabajadores de la prensa y así evitar la divulgación de información y crítica.
El organismo multilateral rechazó la condena a dos años de prisión contra el periodista Christopher Acosta y el editor Jerónimo Pimentel por presunta “difamación agravada” en el libro “Plata como cancha”, un perfil del empresario y político César Acuña.
La SIP instó al Congreso peruano que legisle “con urgencia” para descriminalizar los delitos contra el honor.
Así mismo, las asociaciones de prensa y gremios periodísticos del país del sur expresaron su rotundo rechazo a la condena por difamación dictada contra Acosta y Pimentel
El caso tiene su origen en una demanda presentada por Acuña, excandidato presidencial y empresario, por supuesta difamación agravada, tras la publicación en febrero de 2021 del citado libro, escrito por Acosta y publicado por la editorial Penguin Random House, que dirige Pimentel.
Este lunes el juez Jesús Vega sentenció a Acosta y a Pimentel a dos años de prisión en suspenso y a pagar el equivalente a unos 100.000 dólares en reparación civil.
Según el juez Vega, “las frases agraviantes en el libro” traspasaron los límites del derecho a la libertad de expresión y atentaron contra el honor del político, líder del partido Alianza para el Progreso.
En un comunicado el presidente de la SIP, Jorge Canahuati.” señaló que (la sentencia) confirma nuestras denuncias sobre cómo en Perú y en otros países, como Panamá y Brasil, existe una epidemia de demandas que utilizan los funcionarios para amordazar a periodistas y medios para evitar la crítica y que salgan a la luz casos de corrupción y otros temas de interés público”.
Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP subrayó que, “cuando se trata de figuras públicas, las acciones penales transgreden la jurisprudencia internacional y suelen tener un efecto desalentador en contra de las libertades de expresión y de prensa”.
Jornet recordó que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una “referencia importante sobre la materia, al desalentar el uso de las sanciones penales”.
Con información de Efe