Probablemente no estaremos muy al pendiente de los Juegos Olímpicos (JJ.OO) de Invierno próximos a celebrarse en febrero; sin embargo, sí debería llamarnos la atención que la sede de este evento multideportivo será China, el país campeón en violaciones a los derechos humanos.
Hay que partir por un dato: ser anfitrión de los JJ.OO o de mundiales de fútbol es sumamente costoso, los presupuestos suelen ser escandalosos y sobre todo excesivos cuando comprometen recursos públicos. Por ejemplo, según la revista MUY Negocios y Economía, tanto los JJ.OO de Invierno de Corea del Sur (2018) como los JJ.OO de Brasil (2016) costaron alrededor de 13.200 millones de euros, y se estima que los JJ.OO de Tokio 2020 no menos de 15.400 millones de dólares. Es obvio que hay grandes intereses detrás, que ojalá fueran solo económicos… pero lo cierto es que en los peores casos se trata de intereses políticos perversos que buscan utilizar el deporte para lavar historiales de crímenes y atropellos a los derechos humanos. Hablamos de sportswashing, expresión en inglés que alude “al lavado de imagen” a través de competencias deportivas, una práctica de algún modo frecuente en diferentes disciplinas y contextos. Sucede en las grandes ligas de fútbol, combates de boxeo, torneos de tenis y, con mayor eco últimamente, en carreras de Fórmula Uno, como fue hace poco en Bahréin, donde Amnistía Internacional hizo notar la oscura situación de los derechos humanos en ese país como en otros del medio oriente. O sin ir más lejos, cómo no mencionar la Copa Mundial de Argentina (1978) en plena dictadura militar, cuando el júbilo de los goles ocultó torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.
El punto es que en este 2022 ocurrirán dos acontecimientos deportivos importantes y hay que estar alertas: el Mundial de Fútbol en Qatar, a realizarse en noviembre, y ahora en febrero los JJ.OO de invierno en Pekín. Para Qatar faltan meses; no obstante, es buen momento para condenar el abuso de trabajadores migrantes en la construcción de estadios, tal y como vienen denunciando grandes futbolistas, es el caso de Toni Kroos, jugador alemán del Real Madrid quien declaró en un podcast: “Los trabajadores inmigrantes están sometidos a jornadas sin descanso bajo tórridos 50 grados, sufren una alimentación insuficiente, sin agua potable y a temperaturas de locura”.
Y ya que hablamos de los juegos en Pekín, pues es China y ya son palabras mayores. Al gigante asiático le urge mostrarse como el gran anfitrión para mejorar el perfil de Xi Jinping, cuyo gobierno está acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad contra uigures y otros musulmanes túrquicos en la región noroccidental de Xinjiang, según recientes informes de Human Rights Watch.
La buena noticia es que el mundo no es del todo indiferente. EE.UU., Reino Unido, Australia, Canadá y finalmente Japón anunciaron un boicot diplomático como protesta por las violaciones a los derechos humanos en China. Esta medida surgió como iniciativa del presidente Joe Biden, quien ya en diciembre anunció que EE.UU. no enviará una delegación oficial al encuentro deportivo en Pekín; lo que no quita que los deportistas estadounidenses sí puedan competir, así como los atletas de los países que se sumaron al boicot. Es un gesto político importante, incluso de parte de líderes que podríamos cuestionar en torno a otros temas de actualidad (no vamos a hablar del COVID, por lo menos no en este artículo), tal es el caso del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en su cuenta de Twitter: “Canadá sigue profundamente preocupada por los informes de violaciones de derechos humanos en China. Como resultado, no enviaremos representantes diplomáticos a Beijing para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno. Continuaremos apoyando a nuestros atletas que trabajan duro para competir en el escenario mundial”.
El poder de China es una realidad agobiante. Lo menos que se puede hacer es aplaudir firmes posiciones que condenen al régimen comunista chino. Es más, las luces sobre Pekín deberían ser una oportunidad para que el mundo cuestione y repudie a un gobierno que ya es una amenaza global para los derechos humanos.
Este artículo fue publicado originalmente en Instituto Cato el 12 de enero de 2021