El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, logró fracturar la credibilidad de la policía y la función judicial, al declarar que miembros de estas dos instituciones, fundamentales para la democracia y la seguridad del país, estarían relacionados con actos de corrupción y narcotráfico, por lo que mantiene su política de retiro de visas.
Por ANA LUCÍA ROMÁN / eltiempo.com
Desde diciembre pasado, Fitzpatrick señaló públicamente que su país les retiró las visas a los que denominó “narcogenerales” ecuatorianos y que su gobierno está preocupado por la penetración del narcotráfico en las fuerzas del orden.
Ahora, mediante un comunicado, la representación diplomática de Estados Unidos en Ecuador informó que “revocó las visas de no migrantes de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en el sector legal y judicial”.
Germán Rodas, que lidera la Comisión Cívica Anticorrupción del Ecuador, le aseguró a EL TIEMPO que las declaraciones diplomáticas ponen en evidencia una realidad del país que es “extremadamente compleja” y que dejan en muy mal predicamento a los organismos de control.
Generales y jueces, en un signo de pulcritud, se apresuraron a demostrar que su visado estadounidense está vigente, mientras se teje la duda contra cuatro miembros de la policía y abogados a los que se les ha notificado que ya no tienen ese privilegio.
“El problema es la falta de toma de decisiones. De fondo, es evidente que el Gobierno de EE. UU. es consciente de lo complejo que es la corrupción en Ecuador y que es momento de atenderlo. Por años, hemos vivido un proceso sostenido de corrupción en el país, sobre todo en los niveles más importantes del Estado de derecho, como lo es la función judicial. En ese sentido, lo que queda es presionar desde la sociedad civil”, explica Ruth Hidalgo, presidenta de la Corporación Participación Ciudadana, al agregar que “hay que tomar la decisión política de emitir desde la Fiscalía una investigación seria a sabiendas de que tendrán que caer todos los involucrados sin importar su jerarquía”.
Otros, como el abogado Jorge Acosta, quien fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, y representante legal de algunos funcionarios involucrados en corrupción, minimizaron la medida diplomática.
Según el presidente Guillermo Lasso, la corrupción le ha costado al Ecuador más de 70.000 millones de dólares los últimos 14 años, pero aún más grave, ha debilitado la institucionalidad del país afectado duramente por la pandemia, el narcotráfico y la inseguridad ciudadana.
Ahora, con un escaso 33,7 por ciento de empleo adecuado y llevando a cuestas el peso de tener una deuda externa de 73.000 millones de dólares, el presidente le apuesta a que en este 2022, Ecuador cuente con jueces y tribunales especializados en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Siete delitos relacionados con corrupción y 37 que tienen que ver con el crimen organizado son parte del catálogo de delitos penales que deberán conocer los jueces de las recién creadas Unidad Judicial y Tribunal de Garantías Penales Especializados para el juzgamiento de delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado.
“Es un imperativo ético y moral la lucha contra la corrupción”, aseguró Lasso. Sin embargo, él mismo enfrenta investigaciones internas, luego de los señalamientos en su contra que surgieron de los Pandora Papers y que lo acusan de poseer sociedades offshore.
En los últimos años, varios funcionarios públicos, incluidos el expresidente Rafael Correa (2007-2017), han sido sentenciados por corrupción. Su exvicepresidente, Jorge Glas, se encuentra en prisión desde hace cuatro años por delitos de cohecho y peculado y en la misma prisión lo acompañan ministros y funcionarios de la década correísta.
Por eso, Rodas resalta que “la corrupción del país no es exclusiva de los últimos años”. “Es un problema estructural que debe ser enfrentado por el Estado ecuatoriano y por la sociedad”.
Con un excontralor prófugo y otro encarcelado, acusado de ser parte de una trama de sobornos, según la Fiscalía; la Contraloría General del Estado informó que, solo en el 2021, confirmó glosas por más de 2,1 mil millones de dólares, como producto de la corrupción.
“Ahora mismo, muchos de quienes son judicializados por corrupción o nexos con el narcotráfico pasan breves periodos en la cárcel gracias a que ejecutan ciertas maniobras legales. Por eso, es importante y urgente trabajar en acciones regionales que no dependan de un solo gobierno”, sentencia Hidalgo.
Y es que según Transparencia Internacional, en el 2021, Ecuador se ubicó en el puesto 92 de 179 países con mayor percepción de corrupción del mundo, vulnerabilidad que ha permitido que los tentáculos de la corrupción internacional crucen la frontera ecuatoriana.
Así lo evidenció el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, que entregó al presidente Iván Duque un informe que señala al empresario colombiano, Álex Saab, como “testaferro” de Nicolás Maduro.
Se dice que Saab, quien guarda prisión en Estados Unidos bajo cargos de lavado de dinero, habría realizado en Ecuador varias operaciones ficticias y sobrevaloradas a través del Sistema Unitario de Compensación Regional, Sucre, creado bajo el gobierno del expresidente Rafael Correa para impulsar el intercambio comercial entre Ecuador, Cuba, Bolivia y Venezuela.
Solo a las empresas Fondo Global de Construcción, Foglocons y ELM Import, de Saab y su socio colombiano, Álvaro Pulido, -también buscado por la justicia estadounidense- se les habría adjudicado contratos por 350 millones para la exportación desde Ecuador de viviendas prefabricadas financiadas que no fueron entregadas.