Desde un punto de vista práctico, una sociedad enferma está seriamente afectada para existir como una sociedad estable, próspera y con bienestar en el más amplio sentido.
Desde la constitución de la Organización Mundial de la Salud en 1948, se ha aceptado como definición de salud el “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Así como la resolución del conflicto venezolano pasa necesariamente por una acción jurídica, amparada en el derecho internacional; el precepto constitucional de seguridad de la nación y los cimientos que hacen referencia a los derechos sociales fundamentales, uno de ellos la salud, también debe tener una solución jurídica con una reingeniería del sistema de salud venezolano. Es decir, la gestión planificada y radical para eliminar el sistema actual por uno diferente, eficiente, con paradigma empresarial y no burocrático.
En realidad dos sistemas que trabajen coordinadamente con un solo propósito: curar a las personas. El Sistema de Atención Pública y Sistema de Atención Privada, cuyo objetivo primario sea funcionar en una primera etapa del plan, para estabilizar al menos las condiciones de salud de la población. Es el inicio de la construcción democrática de las instituciones con iniciativas propias de la sociedad libre y una ciudadanía corresponsable, abierta, el trabajo científico, de gerencia de recursos para toda la estructura sanitaria.
Es una acción jurídica de corresponsabilidad con cobertura plena para la comunidad nacional en el ámbito de salud, cuya eficiencia no puede estar dependiendo exclusivamente del Estado, como órgano rector, gestor, contralor, proveedor y financiador. Deberá ser un enfoque que contemple: tipo y sostenibilidad del financiamiento (personas naturales o jurídicas), eficacia y efectividad del gasto (efectividad por paciente curado) y propiedad de la infraestructura.
El sistema general debe contar con características de servicio de mercado para proveedores y seguros básicos de cobertura, apoyados también en proveedores privados de servicios, equipos, suministros, mantenimiento y en gran medida de medicamentos.
La gobernanza de las instituciones de salud y su enfoque local, regional y nacional de servicios clínicos, cobertura universal y seguridad social; con competencia y responsabilidad, propiedad, gestión y financiación. En cuanto a la atención primaria y red ambulatoria, toda la acción autónoma en los municipios con el valor de profundizar y consolidar la democracia local aplicando la experiencia científica mundial y por qué no decirlo la consecuencia de consolidar el liberalismo político.