Han pasado casi 100 años desde que Perú legalizó el aborto terapéutico, sin embargo todavía son múltiples los obstáculos que afrontan las niñas, adolescentes y mujeres para acceder a una interrupción del embarazo, aún cuando es el único medio para salvar su vida o evitar un mal permanente en su salud.
El estigma, la desinformación, las creencias religiosas, la oferta restrictiva y, hasta 2014, la falta de un protocolo unificado, entre otras barreras, han provocado que el acceso a este servicio de salud sea muy limitado y que haya un abismo entre el papel y la realidad.
“Llevamos muchos años y aún vemos lejana una implementación real del protocolo de aborto terapéutico. Todavía tenemos un gran número de mujeres jóvenes, adolescentes o niñas que no pueden acceder y eso provoca maternidades forzadas”, explica la oficial senior de programas de Planned Parenthood Global para Perú, Pilar Montalvo.
Desde 1924, la ley del aborto se mantiene intacta y solo lo permite cuando la salud o la vida de la mujer están en riesgo inminente.
Por tanto, se sigue penalizando el aborto en caso de malformaciones congénitas o por violencia sexual, una causal “urgente” de incorporar en un país donde una de cada cinco niñas menores de 15 años ha sufrido violencia sexual, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
MATERNIDADES FORZADAS
Las estadísticas de violencia sexual explican la pavorosa cifra que revelan los reportes oficiales, recogida por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) sobre embarazos infantiles: desde 2016, cada día, se registra un promedio de al menos cinco niñas menores de 14 años obligadas a asumir maternidades forzadas.
Ese panorama fue especialmente dramático para las menores de 10 años en 2020, cuando en plena pandemia de la covid-19 los partos se cuadruplicaron respecto a la media de años anteriores: 24 casos frente a los 9 o 5 registrados en 2019 y 2018, respectivamente, según datos del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo también citados por Cladem en su último informe.
“¿A esas niñas se les informó del aborto terapéutico? ¿Se les ofreció el servicio o se les dio consejería?”, se pregunta la directora de programas de Promsex, Rossina Guerrero, quien tacha estos casos de “una condena a la muerte” y recuerda que Perú es el único país de América Latina que ha sido sancionado dos veces por cortes internacionales por haber negado el aborto terapéutico a dos menores.
El primer caso data de 2005, cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronunció a favor de una adolescente de 17 años que fue obligada a seguir con un embarazo con una malformación fetal que era incompatible con la vida.
En 2011, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) también determinó la responsabilidad de Perú por el caso de una niña de 13 años que intentó suicidarse tras sufrir reiteradas violaciones. La menor quedó cuadripléjica debido a una cirugía tardía que solo se le realizó tras sufrir un aborto espontáneo.
BARRERAS PARA ACCEDER AL ABORTO TERAPÉUTICO
Para acceder a un aborto terapéutico en Perú, este debe ser aprobado por una junta médica y realizarse en un centro de segundo nivel, es decir, en un hospital con especialidades básicas. Unos requisitos que, coincide Rossina Guerrero, de Promsex, se terminan convirtiendo en barreras.
“Las mujeres tienen sus controles prenatales en el primer nivel. El protocolo incluye el misoprostol, que es un procedimiento seguro y ambulatorio, pero se optó por la hospitalización, para hacer este proceso engorroso. Las mujeres llegan al primer nivel de atención, muestran síntomas de alarma o problemas y no son derivadas. No hay una cadena”, advierte.
Y si estas niñas o mujeres logran llegar al hospital, se encuentran con “una resistencia de los y las médicas para realizar las intervenciones”.
“Todavía hay desconocimiento. Muchos profesionales dicen que no han tenido capacitación para ello, a pesar que ha habido mucha información”, agrega Pilar Montalvo.
Pero para el director de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, Luis Flores, es “imposible” que los profesionales de la salud desconozcan la guía del aborto terapéutico, lo que sí hay es “temor” porque el médico piensa que podrían enjuiciarlo. “Es un trabajo de hormiga, hay que trabajar hospital por hospital”, agrega Flores.
Según datos del Ministerio de Salud, entre 2018 y 2020 se realizaron 643 abortos médicos, siendo el año de la pandemia el que tiene más registros: 325. Sin embargo, Flores prefiere no confiar en esas estadísticas. “El aborto terapéutico no tiene una subclasificación en el código internacional de las enfermedades, entonces entra como un aborto más. No hay datos estadísticos que nos puedan decir cómo está el aborto terapéutico en Perú”.
MÁS VULNERABILIDAD EN SECTORES RURALES
Si en las grandes ciudades ya es difícil acceder a ese procedimiento, los obstáculos se agudizan en las zonas más remotas del país. Allí, según declara Flores, se vuelve aún más importante la labor de organizaciones municipales y feministas que trabajan para dar a conocer los derechos sexuales y reproductivos.
Una de esas organizaciones es Centro Ideas, que actúa en las zonas rurales de la norteña región de Piura.
Su representante, Milagros Mendoza, cuenta que, si bien durante los 43 años que llevan realizando incidencia política han logrado poner en la agenda local temas como el aborto, el avance es “muy lento”.
Además de la dificultad para llegar hasta un establecimiento de salud especializado, el idioma, asegura, se convierte en otro obstáculo, especialmente para las niñas y mujeres quechuahablantes o de otras lenguas originarias.
“Entre 2019 y 2020 no hemos tenido ningún aborto terapéutico y no es porque no haya (casos), sino porque no se aplica”, relata la vocera del centro.
Mendoza compara esas cifras con las de embarazos de menores de 14 años que, afirma, “cada año se incrementan”. Esos casos, asegura, deberían tomarse como afectaciones graves a la salud de las víctimas. “Aquí está en juego la vida y el futuro de una niña”.
Un ejemplo de esta situación es lo que sucedió con Camila, una niña indígena de 13 años que fue violada durante cuatro años por su padre. Quedó embarazada, pero los médicos se negaron a practicarle un aborto. Semanas después, Camila tuvo un aborto espontáneo y fue acusada del delito de “autoaborto”. Su caso está ahora en el Comité de los Derechos del Niño de la ONU a la espera de sentencia.
EL ABORTO POR VIOLACIÓN, AL CONGRESO
A fin de subsanar lo que la vocera de Promsex define como “un marco jurídico anacrónico y desfasado que no comprende la integridad de la salud”, una parlamentaria del partido izquierdista “Juntos por el Perú” presentó el 10 de diciembre ante el Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación.
La última iniciativa legislativa de este tipo se lanzó en 2016, y aunque se archivó sin debate, supuso un hito de la gran campaña feminista “Déjala decidir”, que por primera vez logró poner en agenda un asunto que era “tabú” y del que solo se hablaba con “el estigma de riesgo, peligro y pecado”, recuerda Montalvo.
En ese sentido, y pese a que el Congreso “sigue siendo mayoritariamente conservador”, la vocera de Planned Parenthood Global se muestra optimista y augura que esta nueva propuesta legislativa podría tener “mucho más apoyo de los movimientos sociales”.
Las expectativas también son altas para Guerrero, quien afirma que, aunque el país vive “tiempos muy turbulentos políticamente hablando”. La iniciativa reabrirá el debate sobre un tema que urge ser atendido y que parece despertar poco interés en las altas esferas políticas, empezando por el presidente, Pedro Castillo.
“Ahora la consigna del derecho a decidir ya no es solo del movimiento feminista. Se han sumado muchos, la voz de profesionales de salud, de gremios científicos, de jóvenes indígenas, de personas afrodescendientes. Se han dado cuenta de que es una necesidad”, apostilla Pilar Montalvo.
EFE