?Fiel a su naturaleza y por cálculos políticos, el régimen de Nicolás Maduro busca en los cuarteles la solución a un grave problema de salud pública, que ha costado 66 vidas en casi cinco años y que hasta ahora se achacaba al ‘bloqueo’. En una especie de guerra relámpago, un puñado de oficiales de la Fundación Pueblo Soberano toman desde octubre decisiones de, literalmente, vida o muerte para decenas de pacientes pediátricos que esperan por un riñón. Pero a estas alturas ya constatan que las complejidades del asunto pueden ser más fuertes que el rigor marcial, la buena voluntad y hasta la chequera con que solían contar.
Por Isayén Herrera / armando.info
A mediados de octubre del año pasado, Yelitza Canelón recibió una llamada a su celular. “Te llamamos de parte de Nicolás Maduro”, le dijeron al otro lado del teléfono. Al fin le anunciaban lo que tenía tres años queriendo escuchar: a su hijo Yonaiker, de 17 años, lo habían incluido en la lista de personas a quienes iban a hacer el trasplante de riñón que tanto esperaba.Desde el 1 de junio de 2017 esa posibilidad se había congelado. En esa fecha, la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), organización adscrita al Ministerio de Salud, le envió una carta a los nueve centros de trasplantes del país avisando que debían suspender el programa debido a la situación hospitalaria, afectada tanto por la escasez de recurso humano especializado como de medicamentos.
“A pesar de las implicaciones médicas que esta medida pueda acarrear, resulta la estrategia más responsable a tomar ante la actual situación que atraviesa la salud pública tanto a nivel de infraestructura, RRHH, así como suministro oportuno de medicamentos inmunosupresores para la inducción en el trasplante de órgano”, admitía Fundavene sin ambages en la carta.Pero la decisión de Fundavene no hacía más que oficializar una situación consumada en la práctica. Ya en mayo de ese año, médicos de seis hospitales, una clínica, dos programas de trasplantes hepáticos y seis nefrólogos de consultas privadas que trabajan en Caracas, así como en los estados Zulia, Mérida y Portuguesa, habían enviado un comunicado a Nicolás Maduro para informarle que los trasplantes estaban paralizados de hecho.
Según detallaban los médicos en la misiva, para ese momento no funcionaba la oferta de órganos de donantes de cadáver que llevaba a cabo Fundavene; había fallas tanto en el suministro de placas para las pruebas de compatibilidad como de líquidos de preservación de los órganos (Custodiol); se presentaba escasez de insumos quirúrgicos y medicamentos básicos, como metilprednisolona, hemoderivados y diferentes soluciones para la expansión de volumen o hidratación, fundamentales en el postoperatorio del paciente trasplantado.
“Su derecho a la salud y a recibir tratamiento oportuno está siendo vulnerado al no poder ser trasplantados en condiciones apropiadas”, decían los firmantes acerca de los pacientes con nefropatías, un mes antes de que Fundavene optara por cortar por la raíz. La muerte, la mayor de todas las vulneraciones, vino a darles pronto la razón: ese mismo año fallecieron los primeros 15 niños de la unidad de diálisis del Hospital J.M. de los Ríos.
Desde 2017 a enero de 2022 la trágica cuenta ascendió a 66 menores muertos en espera de trasplante de riñón, según la ONG Prepara Familia. Luego de la suspensión de 2017, por varios meses se extendió una discusión interminable sobre la reactivación de estos procesos. La deliberación parecía estar más sujeta a las veleidades del debate político que a la rigurosidad de un programa de salud pública.
En cualquier caso, nunca desembocó en la reanudación deseada.Hasta ahora, y también por probables motivos políticos. Más detalles en Armando.info