La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), junto a otras organizaciones para Discapacidad, presentó para este periodo del Examen Periódico Universal (EPU) una serie de informes y recomendaciones para la implementación de medidas concretas para el crecimiento de la garantía de los derechos de las Personas con Discapacidad (PcD) en el país.
Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, recordó que en el 2do Ciclo del EPU, tanto los miembros del Comité como los Estados Parte, hicieron algunas recomendaciones, principalmente en lo relativo a los derechos a la salud, educación, acceso a la justicia y accesibilidad comunicacional de las personas con discapacidad.
En principio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los países miembros, recomendaron aplicar en Venezuela, un Plan Nacional de Derechos Humanos para fortalecer la coordinación y supervisión institucional de las políticas en este tema, específicamente en los relacionados a la protección social de personas con discapacidad y adultos mayores; para lo que no se tienen datos ni información referente a la aplicación plena de este Plan, menos aún de forma desagregada según la discapacidad.
Igualmente se plantearon recomendaciones en temas académicos para que la población venezolana con discapacidad, en especial niños, niñas y adolescentes, pudieran recibir una educación inclusiva que promueva el uso de la Lengua de Señas y Sistema Braille.
En ese particular señaló que las organizaciones de la sociedad civil y de DDHH, no han podido recabar información suficiente para asegurar que tales recomendaciones se hayan implementado por parte del Estado; sin embargo, “si hemos hecho importantes hallazgos que muestran las inequidades existentes a nivel educativo y las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a tan importante derecho contemplado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), del cual Venezuela forma parte”, dijo De Gouveia.
También mencionó la protección de los derechos de las mujeres y niñas frente a la violencia basada en género, a través de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Igualmente trajo a colación la inclusión de 5% de personas con discapacidad a la nómina de empleados para estimular la oferta laboral y el derecho al trabajo, “sin embargo, en la actualidad ha disminuido el índice de contrataciones a este sector de la población”.
A lo antes expuesto, agregó que en Venezuela no se cumple con las Normas Covenin en la mayoría de las instituciones educativas, públicas y centros de salud, “vulnerando el derecho a la accesibilidad física y comunicacional de las personas con discapacidad”.
Según los datos recabados por estas organizaciones, existe evidente deterioro en el sistema de salud pública referente a la falta de insumos y atención a las personas con discapacidad. “Los equipos tecnológicos y médicos con los que fueron dotados los hospitales en el país, no están funcionando por falta de mantenimiento o de repuestos; aunado a ello, el Programa de Atención en Salud a las Personas con Discapacidad (PASDIS) adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPPS), cesó definitivamente en sus funciones, quedando únicamente en
funcionamiento una Dirección General de Salud Integral de dicho Ministerio, la cual no cubre los requerimientos de esta población”.
Entre las recomendaciones hechas por Consorven en conjunto con otras organizaciones, como parte de la sociedad civil, De Gouveia especificó que el Estado venezolano debe revisar las leyes y normativas vigentes con el objetivo de generar reglamentaciones y planes de acción que propicien el diseño de programas de formación, protección y apoyo para la Mujer con discapacidad, así como generar mecanismos de control y protección que le permitan ejercer la denuncia e independizarse de ambientes en los que sea abusada.
Igualmente hizo hincapié en la importancia de proveer servicios para dar continuidad a programas de atención temprana, rehabilitación y asistencia personal a Personas con Discapacidad, así como transmitir información en formatos accesibles para cada tipo de discapacidad, empezando por mensajes destinados a la salud pública, así
como de asistencia disponible y campañas de prevención.
“La ONU debe exhortar al Estado venezolano a cumplir y hacer cumplir los mandatos internacionales, la Constitución y las leyes nacionales que sustentan los derechos de las personas con discapacidad en cuanto al acceso a la justicia, el debido proceso y la garantía de accesibilidad e inclusión”, concluyó Juan Ángel De Gouveia.
Nota de prensa