Luigi Pisella, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), informó que en el año 1998 la industria generaba cerca de 1.492.000 empleos y el poder adquisitivo estaba ubicado en $360 al mes, hoy la industria genera cerca de 532.000 empleos de manera directa e indirecta.
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En cuanto a la prórroga de la exoneración de pagos de aranceles de productos importados, Pisella indicó que la medida va en decremento la producción nacional, favorece a las economías de otras países, protege la industria y el empleos de otros naciones, al contrario de lo que afecta en Venezuela este decreto.
“Nosotros hemos venido conversando, desde hace mucho tiempo, con el ejecutivo y tratando de influir en ello de que este decreto ya cesase, incluso hemos tenido muchas reuniones con parte de ejecutivo y todos nuestros sectores para determinar cuáles eran los códigos arancelarios que están afectando a la industria nacional”
En una entrevista realizada en el programa Portales, por el equipo de Actualidad Laboral, el presidente de Conindustria denunció que las industrias venezolanas pagan aranceles e IVA por la materia prima que se usa en el país, en comparación con los productos importados, lo que se convierten en una competencia desleal contra la producción nacional.
Pisella mencionó que muchos de los productos que entran al país no cuentan con las normas de higiene o el etiquetado necesario para ser colocado en los anaqueles, lo que no permite al usuario conocer el producto que está consumiendo y todos sus componentes.
“Adicionalmente a ellos tenemos una sobreevaluación de la moneda muy pronunciada que afecta a la producción nacional»
Luigi indicó que la inflación de acuerdo a los datos del Banco Central de Venezuela (BCV) del año 2021 es de 686%, lo que se traduce en el porcentaje en el que subieron de precio los productos nacionales en promedio y la devaluación está menos del 50%, es decir, que los productos importados resultan más económicos.
Luigi Pisella afirmó que la industria se ha visto afectada en la capacidad instalada, debido a este decreto, actualmente está operando con una capacidad de 23%, indicando un leve crecimiento, pero en comparación de otros países de Sudamérica y años anteriores se encuentran muy atrás. En Brasil operan con un 80% de capacidad, Colombia con un 70% aproximado y Argentina 65%.