Una coalición de organizaciones integrada por abogados, defensores de los derechos de los inmigrantes, grupos de derechos civiles y entidades religiosas, entre otros, pidieron al gobierno que autorice inmediatamente fondos para alimentar un programa que otorga asesoría legal a inmigrantes en proceso de deportación.
Por Univision
La petición fue hecha por medio de una carta dirigida al presidente Joe Biden, a los líderes del Congreso y legisladores que presiden los comités que participan en la aprobación de fondos para el presupuesto de gastos de la nación.
Las 148 organizaciones que formaron la misiva, entre ellos muchos que se especializan en brindar representación legal a inmigrantes, pidieron al gobierno “priorizar la expansión inmediata y dramática de los programas de representación legal para las personas que deben comparecer en procedimientos ante los tribunales de inmigración”.
A mediados de enero un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, Nueva York, reveló que la mayoría de los inmigrantes (95.3%) que no cuentan con asistencia de un abogado en sus casos de deportación donde piden asilo, son rechazados.
Elemento clave
Los 148 firmantes de la carta coinciden en señalar que “el financiamiento para el abogado designado es clave para aumentar la equidad y la eficiencia del gobierno” y que, a medida que avanzan las negociaciones para el proyecto de ley de gastos para el año fiscal 2022, “instamos a que apoye una financiación sólida para los abogados designados para los inmigrantes”.
El citado proyecto se encuentra en manos del Senado donde los demócratas buscan aprobarlo como parte de un paquete de reconciliación con una mayoría simple de 51 votos debido al rechazo por parte de los republicanos.
El proyecto de ley incluye una partida de $100,000 millones para la modernización de la totalidad del sistema migratorio y dejó abierta la puerta para agregar un programa de legalización de millones de indocumentados, plan que hasta ahora no ha sido autorizado por la principal asesora de la Cámara Alta (Parlamentarian), a abogada Elizabeth MacDonough.
Ayuda inmediata
Debido al retraso en el debate parlamentario, la coalición pide al Congreso adoptar de inmediato y como mínimo la suma de “$50 millones, fondos que, dijo, permitirán al Departamento
de Justicia expandir los programas de representación legal” para inmigrantes en proceso de deportación.
“Aunque para financiar adecuadamente tales programas se requieren $200 millones para el año fiscal 2022, los $50 millones en el proyecto de ley proporcionarían al menos alguna inversión significativa en tales programas”, se lee en a carta.
El grupo dijo además que “si bien la ley federal brinda el derecho a la asesoría legal en los procedimientos de deportación, la ley no garantiza que el gobierno proporcionará abogados a los inmigrantes que no pueden pagar uno por cuenta propia”.
La coalición cita además que “de acuerdo con datos recientes, el 46% de todos los casos pendientes ante nuestros tribunales de inmigración involucran a no ciudadanos que enfrentan deportación sin la ayuda de un abogado”.
“Las cifras son aún más altas para las personas atrapadas en centros de detención de inmigrantes entre 2015 y 2017, donde el 70% no tuvo acceso a asesoría legal”, agrega.
“Los estudios han demostrado que los inmigrantes tienen cinco veces más probabilidades de obtener alivio de la deportación cuando están representados por un abogado, mientras que con los detenidos es diez veces y media más probable de tener éxito”, apuntan.
Crisis que no se menciona
Para las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, los bajos niveles de representación “son una crisis” debido a la naturaleza “excepcionalmente compleja de ley de inmigración”.
Advierten que es casi imposible para los inmigrantes “navegar por el complejo sistema de inmigración sin la asistencia de un abogado”, y que en muchos casos los procesos finalizan “con graves consecuencias tal como la deportación de Estados Unidos”.
“El debido proceso no debe depender de si un individuo puede o no permitirse pagar un abogado privado. Brindar representación legal también aumentaría la eficiencia en los procedimientos de inmigración y en el sistema migratorio en general, así como reducir drásticamente los costos asociados con aplicación de la ley de inmigración y detención”, señalan.
La coalición también menciona que las personas representadas por un abogado comparecen por sus audiencias en más del 96% del tiempo “porque un abogado puede ayudarlos a navegar un sistema complejo que generalmente se lleva a cabo en un idioma que, a menudo no es el suyo”.
“Las personas que están representadas por abogados también suelen estar más preparados para proceder en sus casos y es menos probable que soliciten aplazamientos”, indicaron.
Planes en marcha
El pasado 24 de enero el gobierno federal anunció que busca aumentar el acceso a representación legal de inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera con México, entre ellos aquellos que son obligados a permanecer en ese país mientras sus casos de asilo son resueltos en tribunales estadounidenses.
El plan, anticipado por el Departamento de Justicia (DOJ) a través de la página de Oportunidades de Contrato Federal (govtribe.gov), busca “mejorar la eficiencia y la eficacia de procedimientos de la Corte de Inmigración (EOIR) brindando servicios legales a ciertos no ciudadanos”, denominación que utiliza el gobierno para referirse a los indocumentados.
De acuerdo con la publicación, la ampliación de servicios beneficiaría a:
-Extranjeros indocumentados detenidos y que se encuentran bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), una dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS);
-Indocumentados en o que pueden ser colocados en procedimientos de deportación;
-Indocumentados que buscan ingresar a Estados Unidos desde ubicaciones a lo largo de la frontera suroeste (con México); y
-Extranjeros sin papeles en o que pueden estar inscritos en el Programa de Protección del Migrante (MPP)