En una noche de verano en Honduras en 2014, Maribel tomó una decisión: dejar su casa, con sus cuatro hijos pequeños a cuestas, o correr el riesgo de ser asesinada. Con la mira puesta en EE.UU., emprendió el peligroso viaje hacia el norte y llegó a la frontera entre Estados Unidos y México. Allí solicitó asilo.
Por CNN
Casi ocho años después, Maribel, quien ahora vive en Maryland, sigue esperando que Estados Unidos decida si ella se puede quedar en el país o si será deportada.
Maribel, a quien CNN se refiere por su segundo nombre para proteger su identidad, hace parte de los más de 660.000 solicitantes de asilo en el sistema de inmigración de EE.UU. que aún esperan una respuesta en sus casos. Esta acumulación de solicitudes ha atascado el sistema judicial de inmigración de Estados Unidos, mientras deja a cientos de miles de personas esperando años por la resolución de sus casos.
“Esperaba un cambio en este país, asistenca. Pero hasta el día de hoy no la he recibido”, dijo Maribel.
El proceso de asilo sigue demorado con el paso de los años
Desde que Maribel llegó ha vivido los mandatos de los presidentes Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden. El retraso ha aumentado bajo cada gobierno. De hecho, la administración de Biden evalúa planes para desestimar potencialmente miles de casos en la corte de inmigración y así tratar de aliviar el retraso que enfrentan los jueces.
Esther Olavarria, una alta funcionaria de la Casa Blanca, dijo el mes pasado que “se están estableciendo elementos básicos para identificar casos en la corte de inmigración que no son prioritarios, los cuales pueden cerrarse o terminarse administrativamente”.
Los jueces de inmigración ––empleados del Departamento de Justicia–– se encargan de seguir las políticas establecidas por cada administración. Y, en última instancia, de decidir el futuro de un inmigrante en Estados Unidos. Esos jueces enfrentan un atraso judicial que es casi equivalente al tamaño de la población de Filadelfia, según Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, que rastrea los datos de los tribunales de inmigración.
El año pasado, el retraso llegó a casi 1,6 millones de casos, y las solicitudes aumentaron más rápidamente entre octubre y diciembre, según encontró la organización. En otras palabras, los casos se han acumulado más rápido de lo que los jueces pueden ponerse al día. Lo que resultó en el mayor aumento registrado en el último trimestre.
Mimi Tsankov, presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, describe la situación como una “crisis”. “El Departamento de Justicia ha priorizado sus funciones de ejecución de la ley sobre las cortes de inmigración. El resultado es una mala gestión, falta de presupuesto y una acumulación de casos gigantesca y creciente” de los casos de asilo, dijo a CNN recientemente.
Para aquellos atrapados en esta situación, como Maribel, la espera puede ser insoportable. También, deja a los inmigrantes vulnerables a los cambios de política del Departamento de Justicia bajo diferentes presidentes que pueden lanzar todo su caso en el limbo.
“Prefiero verte lejos que muerta”
Maribel huyó de Honduras con cuatro de sus hijos en 2014 para escapar de años de abusos, violaciones reiteradas y amenazas de muerte por parte de su expareja, quien era pandillero, según la declaración presentada a la corte. Ella trató de buscar protección de las autoridades locales, pero la ayuda nunca llegó, dijo Maribel.
“Yo estaba dejando atrás a mi mamá, a mi familia. Pero las palabras que siempre recuerdo son las de mi madre que me dijo una mañana: ‘Prefiero verte lejos que muerta’”, dijo Maribel con la voz quebrada al recordarlo.
Un informe del Departamento de Estado de 2020 sobre las condiciones en Honduras registró que una ley que penaliza la violencia doméstica “no se implementó de manera efectiva” y que la policía no procesó las denuncias de manera oportuna. El reporte también citó a grupos del crimen organizado, como la MS-13, por cometer “asesinatos, extorsiones, secuestros, trata de personas e intimidación de policías, fiscales, periodistas, mujeres y defensores de los derechos humanos”.
“Pedí ayuda en mi país y no me ayudaron”, dijo Maribel.
Los tribunales de inmigración han sostenido que las mujeres en Centroamérica que enfrentan abuso doméstico califican para recibir asilo. Pero eso cambió abruptamente cuando Trump asumió el cargo, lo que amenazó el caso de Maribel tres años después de que hiciera su solicitud inicial.
Maribel había enfrentado obstáculos en la corte antes. En 2016, un juez de inmigración en Carolina del Norte, donde vivía Maribel en ese momento, negó su solicitud de asilo, pero luego se determinó que la decisión se debió a un abogado ineficaz, según sus defensores actuales, quienes presentaron una moción para reabrir el caso.
El cambio de política de asilo bajo el gobierno de Trump
Durante la administración de Trump, el secretario de Justicia Jeff Sessions, quien tenía autoridad para sentar un precedente en diversos casos, cambió un precedente de larga data y decidió que la violencia doméstica ya no era motivo de asilo. Lo que afectó directamente el caso de Maribel .
Al emitir tales decisiones, el gobierno de Trump “restringió significativamente” el asilo, según el Instituto de Política Migratoria. Limitó especialmente el asilo basado en la pertenencia a un grupo social en particular, que constituye la base de una gran parte de las solicitudes presentadas por los centroamericanos, de acuerdo al grupo no partidista.
El juez de inmigración de Carolina del Norte emitió una segunda negativa, argumentando que, a la luz del cambio realizado bajo Trump, el reclamo de Maribel ya no cumplía los requisitos de asilo, según su fallo.
El caso de Maribel es la consecuencia de lo que rutinariamente se ha convertido en un proceso prolongado para los miles de inmigrantes que buscan refugio en Estados Unidos.
“Es muy fácil que la vida de las personas cambie y se mueva de un lado a otro del péndulo en función de una decisión del secretario de Justicia”, dijo Leidy Pérez-Davis, directora de políticas del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo, que representa Maribel.
“Ella todavía no tiene protección contra la deportación ni protección contra que la envíen de regreso al peligro, posiblemente de muerte, debido a este largo y prolongado proceso”, dijo Pérez Davis. “Se está atascando en cada punto del proceso”.
Bajo el gobierno de Biden, el Departamento de Justicia revocó la decisión de Sessions que fijaba un requisito muy alto para que las víctimas de delitos calificaran al asilo, al pedir que las víctimas demostraran que su país de origen no pudo o no quiso ayudarlas y que “el gobierno condonó la acciones privadas”.
Los abogados de Maribel apelaron el rechazo de la solicitud y todavía están esperando una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración, que tiene que decidir si devolver el caso a la corte de inmigración debido a la revocación del secretario de Justicia Merrick Garland.
La semana pasada, la representante demócrata Zoe Lofgren de California presentó una legislación para reformar el sistema de cortes de inmigración de EE.UU., incluida la separación del Departamento de Justicia para establecer un tribunal de inmigración independiente y libre de influencias políticas.
“Sigo teniendo fe en mi asilo”, dijo Maribel. “Sigo esperando”.