El 16 de mayo de 2018, un joven de 20 años con pañoleta azul y blanca al cuello, asaltó la palabra ante un sorprendido Daniel Ortega que inauguraba el bautizado “Dialogo Nacional” donde diversos sectores de la sociedad civil se reunían con el gobierno para buscarle una salida a la crisis que vivía Nicaragua en ese momento, con más de cien barricadas paralizando el país y multitudinarias marchas pidiendo la renuncia de Ortega.
Por Infobae
—Esta no es una mesa de diálogo—dijo el joven con voz ronca. —Es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien porque el pueblo es lo que ha solicitado. ¿Por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos, nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados.
Este jueves, ese joven, Lesther Alemán, fue condenado a 13 años de cárcel por una jueza leal al régimen de Ortega.
El “asalto” de Alemán fue celebrado por todo Nicaragua. Por primera vez se veía a Daniel Ortega siendo increpado en televisión pública. Sin embargo, esa intervención fue el origen de una persecución implacable que lo llevó primero al exilio, luego a vivir escondido y constantemente amenazado, para, finalmente, el 5 de julio del año pasado, ser apresado, recluido en la cárcel conocida como El Nuevo Chipote y condenado por el delito de “conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
La venganza de Daniel Ortega contra quienes lo desafiaron ha sido brutal. “Al no hacerse el diálogo como Ortega esperaba, que fuera por sectores y que no tuviera cartas bajo la manga, más cuando Lester le sale con lo que le salió el día de la inauguración, pues no le gustó. Sintió que lo irrespetaban”, dice el doctor Ernesto Medina, en ese entonces rector de la Universidad Americana, y uno de los delegados por el sector académico al diálogo convocado por la Iglesia católica.
“Si uno ve la lista de los presos, y sobre todo la forma en que Daniel Ortega se ha dirigido a ellos públicamente, y por lo poco que se sabe de los juicios, si se ve que hay una saña. Hay odio visceral y saña”, dice.
Desde entonces Daniel Ortega inicio una ofensiva para ir destruyendo uno a uno, los sectores que desafiaron. Este es un recuento somero de algunos de ellos:
Diálogo Nacional
Al menos nueve de los participantes en los dos diálogos con Ortega fueron apresados, procesados y están siendo condenados en juicios que se celebran en la cárcel El Nuevo Chipote, bajo cargos de “traición a la patria”. Los reos políticos que representaron a sectores en los diálogos son: José Adán Aguerri, Michael Healy, Álvaro Vargas y Juan Sebastián Chamorro, por los empresarios y sector privado; Lesther Alemán y Max Jerez, sector estudiantil; Medardo Mairena y Pedro Mena, Movimiento Campesino y José Pallais, sector político. Otros más han marchado al exilio para proteger su libertad. El mismo doctor Ernesto Medina se encuentra en el exilio.
El primer Diálogo Nacional se celebró en mayo de 2018, convocado por la Iglesia católica a petición del gobierno. El segundo, se inauguró el 28 de marzo de 2019, y en él participaron como testigos y acompañantes el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y el delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla. La mayoría de los acuerdos, firmados entre la comisión del régimen y los opositores nunca fueron cumplidos.
Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep)
Los tres principales directivos del Cosep están presos y procesados, y la organización empresarial vive sus peores horas, gracias al acoso a que la ha sometido el régimen después que los empresarios, que durante unos 10 años fueron sus principales aliados, asumieran un rol de oposición. José Adán Aguerri, presidente del Cosep durante 13 años consecutivos; Michael Healy, quien sustituyó a Aguerri en la presidencia en septiembre de 2020; y el vicepresidente Álvaro Vargas, son presos políticos en la cárcel de El Chipote.
Los empresarios establecieron con el régimen de Ortega una alianza que se denominó “Diálogo y Consenso” y que básicamente significaba darles a los empresarios cuotas de poder en el sector económico del gobierno mientras ellos dejaran avanzar a Ortega en su estrategia política. La alianza se rompió en abril de 2018 cuando el régimen aprobó unilateralmente unas reformas a la seguridad social que, a la postre, fueron el detonante de la rebelión de ese año. Los empresarios se desmarcaron del régimen y pasaron a formar parte activa de la oposición.
La represión generalizada produjo más de 300 muertos, unos 200 mil exiliados y más de mil presos políticos. Algunos de los principales empresarios vieron invadidas sus propiedades por “toma tierras” sin que el Estado hiciera nada por desalojarlas. El Cosep bajó su perfil. Descabezado después de la captura de sus dirigentes, asumió la presidencia el empresario de la energía César Zamora, considerado una persona proclive a las posiciones de Ortega.
Estudiantes
Los estudiantes son los principales protagonistas de la rebelión de 2018. Fueron los primeros que salieron a protestar por las reformas al seguro social que castigaba a sus padres y abuelos, y quienes se atrincheraron en las universidades para sostener la rebelión. La represión contra ellos fue brutal. Al menos 45 estudiantes, de secundaria y universidades, fueron asesinados, miles salieron al exilio para proteger su vida y libertad y 144 activistas fueron expulsados de las universidades y borrados sus expedientes académicos para impedirles que puedan reanudar sus carreras en otras universidades, dentro o fuera de Nicaragua.
Universidades
Catorce universidades y centros de estudios han sido ilegalizados por el régimen de Daniel Ortega desde abril de 2018, en medio de una feroz cacería a Organismos No Gubernamentales (ONG). La Asamblea Nacional ha cancelado la personalidad jurídica de 93 de estas organizaciones. El principal instrumento del régimen para perseguir a los organismos no gubernamentales es la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada el 15 de octubre de 2020, que obliga a los ciudadanos nicaragüenses que trabajen para “gobiernos, empresas, fundaciones u organizaciones extranjeras” a registrarse, informar sus ingresos y explicar el destino de los fondos recibidos del extranjero.
A principios de este mes, el régimen canceló la personalidad jurídica de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) que en 2018 fue tomada por los estudiantes que protestaban y la convirtieron en el principal cuartel de la rebelión. La universidad ya fue tomada por el Estado y en su edificio se ven las banderas rojinegras del partido oficialista y los simpatizantes de Ortega celebraron bailando en sus instalaciones la emblemática canción de propaganda “Daniel se queda”.
Partidos políticos
El único representante de partidos políticos en el Diálogo Nacional, el liberal José Pallais, está preso. También fue apresada y condenada a ocho años de prisión la liberal María Fernanda Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán, y a quien se le vio apoyando las protestas de 2018. Los partidos políticos Ciudadanos por la Libertad (CxL), Partido Restauración Democrática (PRD) y Partido Conservador (PC) fueron ilegalizados para impedirles participar en las elecciones de noviembre 2021.
Periodismo Independiente
Contra el periodismo que informó de los acontecimientos y criticó su gestión, el régimen de Daniel Ortega ha desatado particular saña. Un periodista, Ángel Gahona, fue asesinado mientras cubría las protestas, al menos 17 periodistas y personas ligadas a medios de comunicación se encuentran en las cárceles del régimen, mientras otros cien periodistas han salido al exilio. El periodismo independiente se realiza en Nicaragua casi en condiciones de clandestinidad o desde el exilio.
Los periódicos impresos desaparecieron de Nicaragua porque Ortega impidió la importación de papel. La Fundación Violeta Barrios, que capacitaba periodistas fue cerrada como consecuencia de la represión, y su directora, Cristiana Chamorro, es una de los 170 presos políticos actuales.
Los edificios y equipos del canal televisivo 100 por ciento Noticias, el periódico digital Confidencial y el antiguo diario La Prensa, fueron tomados militarmente y aun permanecen ocupados. Los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza están presos y condenados. En el caso de Mora es la segunda vez que guarda prisión por razones políticas.
Organismos de derechos humanos
La abogada María Oviedo, funcionaria de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) fue apresada el 29 de julio de 2021. Ella a su vez era la abogada defensora de Medardo Mairena, otro preso político. La mayoría de defensores de derechos humanos han tenido que huir del país y los que quedan viven bajo acoso y amenazas del régimen.
Los organismos de derechos humanos acompañaron y acuerparon a las víctimas de la represión, y se han convertido en una voz de reclamo permanente ante el régimen.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), uno de los más reconocidos organismos de Nicaragua, fue ilegalizado y sus edificios tomados por el régimen. La mayoría de su personal se fue al exilio. Igual sucedió con la Asociación Nicaragüense para los Derechos Humanos (ANPDH) y sobrevive, con una espada de Damocles en la cabeza, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que, según una fuente interna, sería ilegalizada vía “no renovación” de sus credenciales, gestión que le correspondería hacer frente al Ministerio de Gobernación en unos dos meses.
Iglesia católica
La iglesia católica estuvo a cargo del primer diálogo nacional, sus templos sirvieron como refugio para los jóvenes perseguidos y fue una voz de reclamo ante los abusos del régimen. Ante este sector Daniel Ortega ha sido más cauteloso. Aunque generalmente Ortega y su esposa Rosario Murillo se dirigen a los obispos y sacerdotes con insultos como “terroristas” o “diablos con sotana”, hasta ahora no se han atrevido a apresar a ninguno de estos religiosos.
El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio Báez, la figura mas relevante de la iglesia católica en el acompañamiento a las protestas de 2018, tuvo que salir del país, por orientación del Papa Francisco, para proteger su vida. Varios organismos y centros educativos manejados por la iglesia han sido cerrados y aduana impide el ingreso de las donaciones que le llegan, han denunciado los sacerdotes.
El acecho del régimen ha hecho, como en otros sectores, que la iglesia católica baje su protagonismo en defensa de los derechos humanos. “La iglesia de ahora ya no es como la de aquellos días”, dice el exrector Medina. “Salvo las homilías de monseñor (Rolando) Álvarez, el resto está muy moderado y Ortega se siente satisfecho con eso. Protegieron a los muchachos hasta donde pudieron y eso para mí uno de los momentos más hermosos de la iglesia. Ahora estoy desencantado, aunque no dudo que, si algunos sacerdotes se ponen muy beligerantes, les pasen la cuenta”.
La estrategia de Ortega, dice Medina, ha sido “castigar estos sectores; segundo, mostrar fortaleza a quienes están cerca de él, y luego, advertirle a la población en general que esto es lo que les pasa si no se quedan quietos: ciegos, sordos y mudos”.