Como una estafa a los años dedicados al trabajo fue calificado el monto que el Gobierno cancela a los abuelos por concepto de jubilación y pensión. Asociaciones que agrupan a este sector, señalan que el monto que cancelan es tan mísero que no cubre sus necesidades más básicas.
Por Uzcátegui/Jordán | LA PRENSA DE LARA
La cifra de 7 bolívares mensual (el equivalente a 1,5 dólares) ha sido el carburante para que decenas de abuelos salieran a la calle a protestar en todo el país, e incluso protagonizaran un tuitazo en el que acusan al Gobierno de desconocer la entrega durante años al trabajo tanto público como privado, y viola sus derechos constitucionales.
Afirman que con el monto que reciben mensual no logran comprar ni siquiera dos rubros alimenticios. En este sentido, miembros del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, se concentraron en la plaza Altagracia de Barquisimeto, para denunciar la terrible situación en la que se encuentran los adultos mayores al recibir una pensión que no les alcanza para vivir, por lo que en su mayoría deben depender de familiares que están en el exterior, casas hogares o fundaciones.
Édgar Silva, coordinador nacional del comité, detalló que la pobreza de los adultos mayores es tan extrema que muchos acuden a comedores populares para poder alimentarse. Thomas Angulo, miembro del comité, dijo que los adultos mayores están olvidados y sobreviven por ayudas de familiares que están en el extranjero. “Yo gasto unos 200 dólares o más en sólo comida para un mes”, dijo.
Desde el comité invitan a una protesta el 9 de marzo para exigir sus derechos que están siendo vulnerados desde hace años. En los próximos días se estarán organizando para pedir a empresarios y comerciantes donativos de alimentos, para ser entregados a los adultos mayores que sean más vulnerables.
Aumenta represión
El abogado especialista en derecho penal y defensor de derechos humanos, Joel García, informó que el lunes 14 de febrero fueron privados de libertad dos adultos mayores por protestas por sus pensiones de miseria y por el deseo de un cambio de Gobierno. Los detenidos fueron identificados como Ramón Blanco, de 66 años de edad, y William Echarry, de 70 años, ambos integrantes del Frente Amplio Venezuela Libre, en el estado La Guaira. Fueron presentados ante un Tribunal Primero de Control de ese estado.
A ambos adultos mayores les imputaron crímenes de instigación al odio y agavillamiento, usando como base jurídica el artículo 20 de la Ley contra el Odio y la Tolerancia Pacífica.
“Es común que en Venezuela el pensamiento divergente, crítico, el ejercicio al derecho a la manifestación sea criminalizado. Lo vean como un delito y en consecuencia cualquier persona pueda ser víctima de persecución y en este caso de privativa”, indicó García, quien recordó que por esta ley hasta han sido encarceladas personas por colocar su opinión en un tuit.
“Hay unas decisiones que el protestar, el manifestar ¿puede llamarse instigación al odio?, ¿acaso está llamando a la discriminación racial, homofóbica, por la diversidad sexual, por la etnia, por la religión, etc? No, está reclamando un derecho que le compete, a asumir un salario digno a una vida digna, como lo establece la Constitución. Entonces, la forma más fácil para el Gobierno de reprimir y acabar con la protesta con la disidencia es aplicando la Ley Contra el Odio”, recalcó el jurista.