La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación por las denuncias presentadas por los grupos en la Asamblea de Madrid de Más Madrid, Unidas Podemos y el PSOE en relación al contrato de 1,5 millones de euros que adjudicó el Gobierno regional a la empresa de un amigo de Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás, que cobró por una intermediación en aquel negocio.
Por ABC
El decreto por el que se abre la investigación, firmado este martes por el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, expone que si bien en esas denuncias «no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación y del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid», razón por la cual se considera «procedente» analizar este asunto.
Así, resuelve, «sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas», que conviene practicar una serie de averiguaciones que «permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados». Si, como apuntan las denuncias, los fiscales encuentran indicios de delito, el asunto podría acabar en una querella. De lo contrario, las diligencias se archivarán sin más. En todo caso, la incoación de una investigación es «imperativa cuando se recibe noticia de la comisión de hechos que pudieran tener relevancia penal, aunque los mismos no estén perfilados, sin que sea admisible la incoación de diligencias preparatorias».
“Hipótesis” contra Ayuso
En este sentido, señala que las denuncias plantean «distintas hipótesis» sobre la «eventual participación« de Isabel Díaz Ayuso »en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios« pero no son suficientes como para remitir directamente las pesquisas al Tribunal Supremo donde ella, en calidad de presidenta de la Comunidad de Madrid, está aforada.
«Estas hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen ‘indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada’», dice Anticorrupción, citando la normativa interna sobre competencia de las distintas fiscalías en los casos que afecten a aforados.
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