La Cámara de Licoreros del estado Anzoátegui (Calicor) tiene alrededor de 1300 agremiados, según voceros de la junta directiva. Y de esa cantidad, al menos, un 40% ha optado por trabajar de manera clandestina en los últimos meses, pues las deudas por impuestos y servicios son asfixiantes.
Por Javier A. Guaipo / Corresponsalía lapatilla.com
“La carga tributaria, principalmente a nivel municipal, es bastante fuerte. De hecho, son pocos los que logran mantenerse al día en este aspecto, considerando que también hay que cumplir responsabilidades con el personal (el que tenga), alquiler de local, entre otros”, explicó Franklin González.
El directivo de Calicor señaló que varios puntos deberían ser sometidos a una evaluación en las alcaldías, entre ellos las tarifas de aseo urbano, el pago de publicidad y de actividad económica.
Por su parte, Joselin Salazar, vocera de la Asociación de Licoreros (Asolicor) en el municipio Sotillo, manifestó con preocupación que buena parte del gremio solo trabaja para cancelar impuestos.
“Nos tienen asfixiados. Solo por la recolección de desechos sólidos tengo que pagar este mes unos 600 dólares, aproximadamente. Y todavía faltan los recibos de luz, agua y Cantv, por solo mencionar los servicios”.
Salazar añadió que este cúmulo de deudas que se van formando ha llevado a muchos agremiados a trabajar desde la clandestinidad.
“Más de 500 licoreros prefieren vender a escondidas en su casa o mudar el negocio a lugares que no estén a plena vista, pues de esa manera se escabullen de pagar tributos. Y esto ocurre más que todo en la parte alta de Puerto La Cruz”.
La comerciante enfatizó que uno de los factores más perjudiciales para los que todavía intentan laborar en el marco de la legalidad, es que los impuestos y servicios estén anclados al Petro.
“Hoy la deuda es de un monto, pero si la semana próxima aún no estoy al día, puede que me toque pagar más. Es una criptomoneda muy volátil”, expresó.
Salazar y González acotaron que esperan medidas de flexibilización en los tributos por parte de las alcaldías de Barcelona y Puerto La Cruz, jurisdicciones en las que el gremio suele verse más afectado.