El 18 de enero pasado, la ilegítima asamblea que hoy usurpa los espacios del parlamento nacional resolvió, en menos de un mes y sin fundamento alguno, modificar la ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Con reformas irregulares, como la reducción de magistrados (de 32 a 20) y el inconstitucional aumento de diputados en el Comité de Postulaciones Judicial, preparan el terreno para conformar un tribunal a su medida y frenar el avance de la investigación contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI), así como los juicios y sanciones económicas que existen contra el conglomerado criminal que usurpa el poder.
Por eso, desde Vente Venezuela alertamos a los ciudadanos sobre la inminente designación de un TSJ apéndice del régimen, bajo el falso argumento de la reinstitucionalización del Poder Judicial y en claro menoscabo de la participación de la sociedad civil en un proceso que debe incluir la representación civil no partidista (Artículo 270 constitucional).
En ese sentido, advertimos las pretensiones detrás de este “maquillaje reformista” al TSJ:
Primero: Tiene como propósito engañarnos sobre un proceso de reinstitucionalización del sistema judicial nacional, como supuesta muestra de haber acatado las exigencias nacionales e internacionales para que el Poder Judicial recuperara el Estado de Derecho, pero también busca extender inconstitucionalmente y por doce años más la permanencia de aquellos magistrados que han apoyado el proyecto totalitario del régimen, dejándolos en el cargo con más de 20 y hasta 23 años. Esto último, violaría la norma constitucional que señala que los magistrados del TSJ serán elegidos por un único período de 12 años (Artículo 264 constitucional).
Segundo: Conducirá al mismo desempeño cómplice mostrado hasta ahora por el actual TSJ, convertido en un instrumento de horror y represión para el sostenimiento de Maduro y la comisión de graves violaciones a los derechos humanos de toda la sociedad civil. Así lo han corroborado distintos organismos internacionales, entre ellos la oficina a cargo de la Alta Comisionada de DDHH de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, cuyos informen relatan muertes, torturas y desapariciones forzosas en los que han participado miembros del sistema judicial venezolano.
Tercero: Tendremos muy pronto en el país una versión reducida y condensada del mismo TSJ, gracias a cuyas acciones Venezuela ha sido ubicada en los últimos puestos de los ranking de medición de sistemas judiciales, como el de la World Justice Project (WJP), en el que nuestro país ocupa el último lugar en una lista de 128 países evaluados sobre el respeto de los Estados a sus sistemas de justicia y a la seguridad jurídica integral, a partir de miles de encuestas y más de 4 mil cuestionarios a expertos en justicia de todo el mundo.
Cuarto: Como ratificamos al inicio de este documento, el régimen pretende ralentizar los letales efectos que tendría la averiguación que ante la CPI se lleva a cabo contra Nicolás Maduro y otros miembros de su entorno, como lo comunicó el Fiscal Karim Khan el 3 de noviembre de 2021, en Caracas. Para cumplir este propósito, abrieron espacios de negociación, dentro y fuera del país, como el “diálogo de México”, con un pequeño sector de la sociedad civil, ofreciéndoles participación o “cuotas de representación” dentro de la nueva composición de este TSJ reducido. Con ello, quienes usurpan el poder esperan convencer a la CPI de haber cumplido con el compromiso del “Acuerdo de Entendimiento” suscrito con la Fiscalía de la Corte, así como minimizar su responsabilidad en la comisión de los delitos de lesa humanidad por los que se les averigua.
Los venezolanos anhelan justicia real
Finalmente, Vente Venezuela quiere hacerse eco del profundo clamor de todos los venezolanos que dentro y fuera de nuestro territorio anhelamos el restablecimiento cabal de la justicia en nuestro país. Exigimos justicia no solo por los millones que han sido expulsados de esta tierra producto del hambre, la enfermedad y la falta de seguridad que ha provocado el régimen, sino también por los cientos de miles que día a día reclaman en las calles las reivindicaciones sociales y condiciones de vida digna que en más de 20 años les han sido ignoradas.
Los venezolanos no aspiramos para el país una justicia impartida por un TSJ constituido “por cuotas de representación política”, sino una justicia independiente, imparcial y autónoma, impartida por ciudadanos meritorios y decentes que pongan freno a la arbitrariedad, establezcan responsabilidades y no permitan la impunidad; designados sin nepotismo, sin vínculos activos partidistas y sin prontuarios penales en sus hojas de vida.
Nuestra propuesta en ese sentido es construir una justicia liberal que realmente emane de los ciudadanos, tal como proclama la actual Constitución (Artículo 253). Se trata de una justicia administrada por los venezolanos mediante acuerdos vinculantes, que remedien sus conflictos o satisfagan sus pretensiones; arbitrados por el Estado y con la excepcional participación directa de éste solo cuando la solución consensuada sea imposible de materializar. Para alcanzar tal justicia, necesitamos recuperar el valor de la meritocracia en la función judicial, creando mecanismos de escogencia de sus operadores que respondan a baremos públicos que establezcan un perfil probo y capaz del magistrado que habrá de juzgarnos.
Así, construiremos un Estado de Derecho que permita privilegiar los valores jurídicos que están directamente consustanciados con el individuo, tales como vida, libertad y propiedad privada, hoy criminalmente sepultados por el TSJ del Horror que pretende perpetuarse.
Nota de prensa