El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, ilegalizó el jueves a 25 ONG, varias de ellas críticas del gobierno de Daniel Ortega, aunque también una organización humanitaria que realiza cirugías gratuitas a niños con el paladar hendido.
El cierre de las oenegés fue aprobado con el voto de 74 de los 91 diputados de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) de Ortega es mayoría,informó el presidente del Legislativo, Gustavo Porras.
Según un informe presentado por el Ministerio de Gobernación, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) afectadas con la medida “no reportaron sus estados financieros conforme a la ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo”.
Para el gobierno, muchas de estas entidades son utilizadas para el financiamiento extranjero de planes para desestabilizar a Ortega, un exguerrillero en el poder desde 2007 y reelecto para un cuarto mandato consecutivo el año pasado en unos cuestionados comicios.
Tampoco “promovieron una política de transparencia en la ejecución de los fondos”, argumentó el ministerio, que supervisa a estas entidades.
Entre las ONG que perdieron su personalidad jurídica están centros que defendían los derechos humanos, la libertad de prensa, el cuidado del medio ambiente y los derechos de las mujeres.
Algunas de ellas ya estaban inactivas, entre ellas la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), creada en 1997 para promover la libertad de prensa, y que cerró en febrero de 2021.
La FVBCH llevaba el nombre de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y era dirigida por la hija de la exmandataria, la opositora exaspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, actualmente bajo arresto domiciliario y recientemente declarada culpable de lavado de activos durante su gestión.
Chamorro, una de los más de 40 opositores detenidos el año pasado antes de las elecciones de noviembre, rechaza los cargos y asegura que el objetivo del gobierno era sacarla de la contienda porque su candidatura amenazaba la permanencia de Ortega.
También fueron cerrados el Centro Humboldt, que denunció varios casos de contaminación ambiental y deforestación; la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), que aglutinaba a periodistas críticos del gobierno; y hasta la humanitaria Operación Sonrisa.
Cerca de 140 oenegés e instituciones han sido ilegalizadas hasta le fecha desde 2018, cuando estallaron protestas antigubernamentales, cuya represión dejó al menos 355 muertos, según grupos humanitarios.
Entre las prohibiciones se destacan la de cerca de una veintena de universidades privadas, como la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), que fue símbolo de las protestas estudiantiles antigubernamentales del 2018.
EFE