El Carnet de la Patria guarda mucha información de sus usuarios. Con un simple escaneo del código QR que porta, los datos viajan y se almacenan rápidamente en los servidores de la plataforma gubernamental Patria. Pero fuera del sistema, aunque también relacionada con ese carnet, hay información valiosa: el mismo grupo empresarial panameño al que Nicolás Maduro benefició con grandes contratos de construcción apenas asumió el poder en 2013, y que emplea como directivo a un socio de Carlos Erick Malpica Flores, sobrino de la primera dama Cilia Flores, también se ganó algo más de 37 millones de dólares con la producción del nuevo documento.
Por Roberto Deniz / Armando Info
Era el 29 de diciembre de 2016 cuando Maduro presentó por primera vez la idea para este plástico. Con el anzuelo de que la nueva tarjeta serviría para entregar bonos o sistematizar el registro de las llamadas misiones sociales, el régimen chavista dio otro paso hacia el control social de la población tras haber instaurado poco antes el reparto de comida subsidiada mediante los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Menos de un mes después de aquel anuncio inicial, el 20 de enero de 2017, comenzó el registro masivo en todas las plazas Bolívar del país. Una semana antes, el 13 de enero de 2017, sin anuncio público y en la tranquilidad de los despachos, la administración de Maduro otorgó un contrato por poco más de 37 millones de dólares a Landscape Vision Corp (Lanvicorp) para la “adquisición de equipos tecnológicos” que serían usados por la telefónica estatal Cantv en el desarrollo del carnet. Ese primer año hasta 15 millones de personas obtuvieron el documento, según los voceros oficiales.
El negocio llevaba el sello de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), la estatal que centraliza las compras públicas, bajo el número 0002 de ese 2017 por la cantidad exacta de 37.649.248 millones de dólares. Pero Lanvicorp es, en realidad, una constructora de los empresarios panameños Carretero Napolitano, cosa que no resultó un impedimento para que se le otorgara un contrato de informática desde la oficina del mayor general de la aviación, Giuseppe Yoffreda, entonces presidente de Corpovex.
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