Los niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad son las principales víctimas de la violencia en Venezuela, según denuncian organizaciones de derechos humanos. Casos como el hallazgo de extremidades de un feto de nueve meses de gestación en la quebrada de la Ruezga Norte en Barquisimeto el lunes 21 de marzo, o el de una niña de seis años localizada encadenada y en estado de desnutrición en una comunidad de la Isla de Margarita el 22 de marzo, son sólo algunas de las noticias escalofriantes que reportan los medios de comunicación casi a diario.
Por Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA
Los hechos de violación sexual y maltrato físico se han disparado desde que inició la pandemia, según Carlos Trapani, abogado y coordinador general de la organización venezolana para la promoción y defensa de derechos de la niñez y adolescencia (Cecodap). Alega que es por la falta de celeridad para investigar y brindar protección a las víctimas que deben ser atendidas por los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los tribunales. También Gloria Perdomo, coordinadora general del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), apunta que existe un desconocimiento de la sociedad a los derechos de los menores establecidos en el marco legal y hay carencia de programas educativos para su difusión.
Infantes, además sufren de violencia estructural responsabilidad del Estado venezolano, cuando mueren en centros de salud pública esperando un trasplante o por la precaria atención sanitaria que reciben derivada de la falta de insumos médicos, personal, fallas en los servicios públicos y colapso de la infraestructura, ya que el Gobierno no destina recursos para atender la emergencia humanitaria compleja, así lo asevera Huniades Urbina, médico pediatra y secretario general de la Academia Nacional de Medicina Venezolana.
En cifras
Un total de 3.738 menores de edad murieron en hechos violentos en Venezuela desde 2017 hasta 2019, según un informe presentado en septiembre por Cecodap, OVV y la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna).
Solamente en 2019, OVV reportó 24 infanticidios (muertes recién nacidos), dos años después, en 2021 la cifra se mantuvo en 20 casos.
“Lo que se difunde en los medios en términos de violencia, agresión, maltratos es muy poco, es sólo la punta del iceberg de los casos que deben existir, y este tema sigue desconocido en el país porque no hay instituciones o programas a donde acudir los familiares, la comunidad, los vecinos o maestros cuando se enteren de un caso”, apuntó Perdomo.
Afirma que aunque en Venezuela existe la Constitución, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopna), así como instituciones que deben defender los derechos de los menores, en la práctica cuando una persona acude a denunciar tiene que someterse a trámites engorrosos, o no reciben respuesta legal oportuna.
“Es muy necesario que todas las instituciones, fiscalía, consejos de protección, consejos municipales de derecho, servicios ambulatorios desarrollen programas, campañas que exhorten a formular la denuncia e incluso que te inviten a hacerlo en forma tal que las personas no lo perciban como una posibilidad delicada, porque el agresor y el contexto en que está el niño puede ser intimidante, aunque ante la intención de proteger al niño frente al riesgo prefieren callar y no comunicarlo”, señaló.
Informó que estas instituciones están colapsadas, carecen del personal suficiente y quienes laboran tienen dificultades de movilidad para dar una respuesta efectiva que permita que las víctimas sean atendidas con la rapidez que ameritan los hechos de abuso infantil.
“En 2021, de cada 10 casos que enviamos a los Consejos de Protección del Niño, Niña y Adolescente, seis no tuvieron respuesta”, aseguró Trapani.
Las principales causas que alegan estas instituciones para no actuar es la falta de cualidad de las víctimas y remisión entre instituciones. “El peloteo que le ocasionan a los denunciantes, el caso se lo remiten a otra institución, no los atiende el consejo, los manda a la defensoría y la defensoría los manda al tribunal. Entonces esta víctima que requiere atención expedita no recibe una adecuada protección”, manifestó.
“Que el victimario sepa que puede abusar de un niño vulnerable y la justicia no vaya a actuar, le facilita incurrir en actos lascivos, violaciones, agresiones físicas y psicológicas contra los infantes, y por supuesto que en este contexto los casos de violencia van a seguir incrementándose”, proyecta Perdomo.
Muertes violentas
De acuerdo con el informe anual que la OVV presentó el pasado 28 de diciembre, fueron asesinados 53 niños de 0 a 11 años, y en el 90% de los casos están involucrados los padres, padrastros o familiares cercanos. Mientras que de 12 a 17 años las víctimas fueron 118.
“En términos de resistencia a la autoridad, en 2021 se registraron 23 casos de adolescentes de 12 a 17 años muertos por funcionarios policiales y 2 niños de 0 a 11 años. Este tipo de muerte es obligatoria investigarla porque así lo establece la ley, los tratados internacionales de DD. HH. para determinar qué ocurrió, porque es tremendamente difícil de creer que un niño de 0 a 11 años se haya enfrentado, y haya obligado a los cuerpos policiales a actuar”, dijo Perdomo.
Señala que el hecho de que los infantes formen parte de las cifras de ejecuciones extrajudiciales, revela una lamentable formación de los cuerpos policiales para garantizar la seguridad de las personas, y evitar las muertes y la violencia colectiva.
En cuanto a casos de violaciones sexuales de 12 a 17 años, se registró un incremento de 531%, pasando de contabilizarse 16 en 2019 y cerrar 2021 con 101 víctimas abusadas.
Latente el hambre y la crisis sanitaria
La violencia estructural contra los niños y adolescentes se da cuando el Estado venezolano, encargado de dar asistencia a toda la población no garantiza una red hospitalaria con insumos, medicamentos y atención oportuna para los pacientes, cuando las familias no cuentan con servicios básicos frecuentes como agua, electricidad y gas, y cuando la población está sumergida en la pobreza al punto de presentar niveles de desnutrición.
“Para brindar salud de calidad a los niños es necesario que por lo menos haya un hospital pediátrico en cada capital de estado, actualmente contamos solamente con siete hospitales. El hecho de no tener el equipo idóneo, una dieta adecuada para el paciente cuando llega, porque la mamá llega al hospital y sólo escucha: ¡no hay, no hay, no hay!, se puede traducir en una agresión contra el paciente y por consiguiente, el núcleo familiar es por esas razones que se empiezan a vender cosas y a buscar ayudas en fundaciones que no son del Estado, lo que se resume en mala y nula atención al paciente, definida así en violencia estructural”, resaltó.
Afirma que cuando un niño es hospitalizado en la red de salud pública sus padres tienen que cubrir los gastos de los alimentos, de los medicamentos y los exámenes médicos. “No tenemos ni siquiera servicio de dieta en los hospitales, y entonces la madre de escasos recursos, que no conoce la ciudad, porque muchas veces viaja de otras zonas urbanas, sin dinero, debe pagar exámenes, tratamiento y de paso comprar comida para ella y para el niño, y es que cuando hospitalizamos a un menor pareciera que hospitalizamos a dos personas. Eso es violencia”, argumentó.
De acuerdo con la OMS, para que cada país tenga un sistema de salud medianamente aceptable debe destinar el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector salud. En Venezuela, según el Informe Salud en las Américas del año 2020, el Gobierno tan sólo destina 1,2% del PIB.
“Es un sistema de salud literalmente abandonado. En Venezuela alguien se enferma en un hospital público que debería asegurar el 100% de los tratamientos, la persona tiene que sacar de su bolsillo más del 70% de todos los insumos que requiere el paciente para tratar la enfermedad”, señaló.
Alarman casos de suicidio
222 casos de muertes autoinfligidas (suicidios), se han registrado en Venezuela desde 2020, así lo informó Gustavo Páez, investigador del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Solamente en 2021, seis de los suicidios registrados fueron casos de niños de 0 a 11 años, y un total de 22 fueron adolescentes de 12 a 17 años.
“Los suicidios son una causa de muerte multifactorial. El año pasado realizamos entrevistas a psicólogos, psiquiatras que estuvieron relacionadas con el suicidio infanto juvenil, y conseguimos 16 factores de riesgo que los provocan”, afirmó.
Estos factores son bullying o acoso escolar, poca comunicación entre padres e hijos, ausencia de alguno de los padres producto de la migración, presencia de padres muy autoritarios, inseguridad alimentaria a nivel familiar que impide a su vez que los niños puedan ir a la escuela y tengan que ir a trabajar, no puedan disfrutar de recreación. “Eso puede generar frustraciones, minusvalía, incertidumbre, tormento”, indicó Páez, coordinador de OVV Mérida.
Hay que combatir la impunidad
La abogada María Elena Jiménez, especialista en derecho de familia y protección de la infancia, asegura que a pesar de que la justicia es lenta en Venezuela, las víctimas, los padres y la comunidad deben insistir en la denuncia para proteger a los menores.
“Si hay impunidad se cometen más delitos. Sin embargo la gente tiene que creer que los tribunales cuando dictan sentencia son contundentes. A pesar que el sistema de justicia venezolano está corrompido cuando la gente insiste esa justicia se logra, aun cuando la familia afectada no cuente con recursos económicos”, señaló.
Sostiene que la impunidad se vence es luchando.
Mueren esperando trasplantes
Según la ONG Prepara Familia, en el primer trimestre de 2022, tres niños han muerto en el Hospital J. M. de los Ríos, en Caracas a la espera de un trasplante de riñón, porque el gobierno de Nicolás Maduro suspendió el Programa de Procura de Órganos y Trasplantes en Venezuela.
Milán Montilla, de cuatro años se convirtió en el tercer deceso, el 18 de marzo. Dos niños y un adolescente del servicio de Nefrología fallecieron al iniciar el año.
En 2021 murieron 38 pacientes del J.M. de los Ríos por la misma causa, informó Katherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia.