Una estilista de Caracas cuenta la traumática experiencia que vivió al intentar radicarse en Aruba, y advierte que algunos venezolanos “han normalizado la esclavitud laboral”.
Por Jhonattam Petit | Crónicas del Caribe
Dulce Fuentes tiene 52 años y es natural de Caracas. Cuenta que su sueño es ser feliz junto a su pareja y abrir un salón de belleza que se caracterice por la innovación, la calidad en el servicio y el buen trato a su clientela.
Suma 30 años como estilista, pero la crisis venezolana le arrebató en varias ocasiones la oportunidad de iniciar su propio negocio. Sin embargo, las buenas relaciones con colegas reconocidos en las ciudades de Maracaibo (Zulia), Valencia (Carabobo) y Coro (Falcón) le abrieron las puertas hacia otros destinos, entre ellos Aruba.
Atraída por una oferta laboral en la “Isla feliz”, Dulce llegó con su pareja a Oranjestad para construir su proyecto de vida en abril de 2019, dos meses después de que se decretara el cierre de las fronteras.
“Al principio estaba asustada porque mi hermano no tenía confianza en esa manera de contactarme y trasladarme a otro país, él me había dicho que se parecía a una trata de blancas”, comenta Dulce a Crónicas del Caribe.
Su hermano no se equivocó. Pronto sus planes se desmoronaron y el salón de belleza Backstage, donde la habían reclutado para trabajar, se convirtió en una especie de cárcel.
Todo por aceptar una oferta laboral que incluía el pago del vuelo hacia la isla desde Colombia, la promesa de obtener un permiso de trabajo, la promesa de un sueldo de 1.500 dólares al mes, una comisión de 40% de productividad, hospedaje y comida en un solo lugar.
Hueco legal
Las expectativas de Dulce se derrumbaron en su primer día de trabajo. De inmediato le impusieron una serie de prohibiciones y normas que la obligaron a trabajar bajo presión. No podía salirse de un cuadrito de cerámica en el piso y mucho menos hablar con las clientes.
“No sabíamos qué hacer”, reconoce. Los dueños del salón de belleza eran sus garantes, es decir, los responsables de avalar su ingreso y permanencia en la isla.
Dulce explica el modus operandi de estos grupos que se encargan de captar mano de obra de forma irregular: “Prometen a todos los que trabajan ahí villas y castillos. Para el primer permiso todo salió bien, cumpliendo con los requisitos de DIMAS (Departamento de Integración, Manejo y Admisión de Extranjeros); pero para el segundo permiso que exige la ley, toman la decisión de no enviar los documentos y empieza la trampa”.
Sin renovar el permiso en la isla, los migrantes pasan a un estatus ilegal y pueden ser deportados. “Nos ofrecieron vivienda y el pago de otros servicios a bajo costo, pero cuando empezamos a reclamar nuestros derechos nos amenazaron con enviarnos a la Guarda Nos Costa -cuerpo de seguridad- y nosotros preferimos aguantar antes que caer en manos de la policía”, relata Dulce.
En esa condición, resalta, no solo se encontraban venezolanas sino también mujeres procedentes de Honduras, México y Colombia.
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