La región de la Guayana venezolana, que comprende los tres estados al sur del Orinoco (Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro), ha experimentado un enorme aumento de la violencia, asociada fundamentalmente a la actividad de Grupos Armados Organizados (GAO) -aprobaba y propiciada por el Gobierno venezolano- en relación con la minería ilegal y otros negocios ilícitos que se derivan de ella.
Yésica Sánchez // Libertad Digital
Una trama criminal capitaneada por los jerarcas chavistas, que se han repartido la Amazonia venezolana para sacar tajada y han dejado el control de las minas a bandas criminales, sin importarles las consecuencias.
Éstas se han instalado y sembrado el pánico entre la población, que -en ocasiones- se ve obligada a marcharse por miedo a ser víctima de la violencia de algunos de estos grupos, que operan en sus “feudos” con total impunidad.
Estas son algunas de las conclusiones que podemos extraer del último informe de SOS Orinoco, que se publica este miércoles y que la fundadora de la ONG, Cristina Burelli, presenta en primicia para LD.
“Toda la actividad minera de oro en Venezuela esta montada sobre una estructura delincuencial con ramificaciones internacionales de la cual el Gobierno (de Maduro) es el cerebro“, asegura.
Cabe señalar que la región en cuestión abarca la mitad del territorio nacional, pero en ella vive sólo el 7% de la población venezolana. Por ese motivo, llama la atención los niveles de violencia que tienen en los diferentes estados, con el de Bolívar a la cabeza.
El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) estima que en el año 2017 registró una tasa de 113 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que le convirtió en el cuarto estado con más violencia del país.
Desde entonces, las cifras han ido aún a peor. En 2018 pasó a tener la tercera mayor tasa a nivel nacional, y en 2019 escaló hasta el segundo puesto. A partir de ahí, no ha bajado del podio.
No pasa inadvertido que este ascenso de la violencia coincide en el tiempo con la proliferación de la minería ilegal en la región, con el amparo del régimen chavista y el impulso de Nicolás Maduro con el decreto -en 2016- del Arco Minero del Orinoco (AMO), denominado así con la clara intención de ofrecer una imagen más amable y “ecosocialista”, término que le gusta usar al presidente venezolano y lo ha convertido en un ministerio.
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