Una corte de California avaló un acuerdo que permitirá a indocumentados pobres tener acceso a fianzas para esperar en libertad la resolución de sus casos de inmigración.
Por Univision
El juez Jesús Gilberto Bernal, de la Corte de Distrito del Distrito Central de California, aprobó el lunes de esta semana el acuerdo entre los demandantes, Xochitl Hernández y César Matías, y el Departamento de Justicia que había sido alcanzado en octubre del año pasado.
El convenio judicial impide que las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Distrito Central de California retengan bajo fianza a extranjeros que están indocumentados en el país sin tener en cuenta su capacidad de pago.
Abogados consultados por Univision Noticias y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) esperan que el acuerdo se amplíe a nivel nacional.
“Abre las puertas para que las personas que en verdad tienen casos fuertes para pelear en los tribunales y no tienen recursos, puedan hacerlo. Es una oportunidad humana. Muchos no salen libres porque no tienen familiares aqui (en Estados Unidos) que los ayude”; dijo Alex Gálvez, un abogado de inmigrtación que ejerce en Los Ángeles, California.
En muchos casos inmigrantes en proceso de deportación que no tenían otra falta que la permanencia indocumentada en Estados Unidos (un asuntoi de carácter civil no criminal) , han permanecido detenidos durante meses porque no podían pagar la fianza que los colocaba en libertad.
El anuncio de la corte es una “importante victoria legal para los derechos de los inmigrantes”, dijo la ACLU en un comunicado. “El tribunal federal aprobó un acuerdo que prohíbe que ICE y los jueces de inmigración establezcan fianzas irrazonables para los inmigrantes detenidos por no considerar sus recursos financieros”, agregó.
Cómo era antes
ACLU explicó que antes de este caso “el gobierno no estaba obligado a considerar la capacidad de pago al establecer la fianza para las personas que enfrentaban la deportación”.
Agregó que “muchos inmigrantes permanecieron encarcelados durante meses o incluso años simplemente porque no podían pagar la fianza”.
Citando un fallo emitido en 2017 por el fallecido juez del 9º Circuito, Stephen Reinhardt, el grupo de derechos civiles dijo que “si bien la detención temporal de no ciudadanos a veces puede justificarse por preocupaciones sobre la seguridad pública o el riesgo de fuga…, ninguna persona puede ser encarcelada simplemente por su pobreza”.
El acuerdo alcanzado entre las partes y respaldado por la corte, puso fin a la demanda colectiva conocida como Hernandez v. Garland, que fue presentada originalmente en 2016 y litigada por la ACLU, la Fundación ACLU del Sur de California y abogados pro-bono de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y Mayer Brown LLP.
Práctica vergonzosa
Tras conocer la determinación de la corte, Michael Kaufman, abogado principal de Sullivan & Cromwell Access to Justice en ACLU SoCal, dijo que “el acuerdo pone fin a la práctica vergonzosa del gobierno de encarcelar a inmigrantes sin siquiera considerar su capacidad para pagar una fianza”.
“La Constitución prohíbe el encarcelamiento basado en la pobreza, tanto para ciudadanos como para no ciudadanos”, indicó.
Cesar Matías, uno de los demandantes en el caso, es un originario de Honduras y trabajaba como peluquero en una fábrica de ropa. Fue detenido en 2012 y llevado a un centro de detención de ICE ubicado en Santa Ana, California.
“Estoy orgulloso de haber participado en esta demanda para ayudar a otros inmigrantes”, dijo Matías. “Espero que ninguna otra persona se vea obligada a permanecer detenida durante años porque no pueden pagar su fianza”, señaló.