Sindicalistas del estado Apure denunciaron este martes 5 de abril en una concentración realizada en la sede de la Inspectoría del Trabajo en San Fernando de Apure, que la dirección de recursos humanos de la gobernación del estado Apure tiene paralizadas entre 500 a 600 peticiones de jubilaciones solicitadas por los trabajadores de la entidad llanera, tal como lo establece la normativa legal.
Por María Eugenia Díaz / Corresponsalía lapatilla.com
Marisol Solórzano, presidenta del Sindicato Único de Trabajadores del Estado Apure (Sutteps-Apure), aseguró que los representantes de este gremio han acudido a la sede de la gobernación para solicitar información sobre estos casos. Denuncia que el “silencio” impera en dicha institución gubernamental.
“El gobernador anterior, Ramón Carrizalez, había dado una carta a los jubilados para desincorporarlos de los trabajos. Ahora con la nueva administración son obligados a retomar sus puestos de trabajo. Los jubilados que tienen esa carta quieren saber qué va a pasar con ellos. Estamos esperando respuesta de la Procuraduría del estado Apure”, dijo Solórzano.
Berna Pérez, secretaria general del Sindicato Único de Empleados Públicos del estado Apure (Sutteps-Apure), y Anexis Mendoza, secretario de administración y finanzas (Sutteps-Apure), ratificaron esta información durante la presentación de la memoria y cuenta de estos sindicatos ante la Inspectoría del Trabajo, como lo establecen los artículos 388 al 390 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), lo cual permitirá la realización de elecciones libres y justas, dentro de estas organizaciones, a pesar de las limitaciones establecidas por el régimen chavista.
“El Estado sigue diciendo que los gremios tenemos una simple representación de los trabajadores y no podemos entonces discutir convenciones, actas que beneficien a la masa trabajadora que está bien necesitada ante la actual situación del salario, lo cual ha generado una serie de protestas a nivel nacional”, dijo Pérez.
Lamenta que el Estado Venezolano ejerza una función tripartita (patrono, empresario y trabajador) a la hora de asignar beneficios a los empleados públicos, sin importar los derechos de los trabajadores establecidos en la legislación nacional.
“Los derechos son progresivos e intangible como lo reza la Constitución Nacional. Estamos retrocediendo, porque los jubilados cobramos lo que el gobierno quiera pagarnos por nuestro trabajo de acuerdo a los años de servicio. Pese a ello, nuestros derechos han sido violentados”, resaltó la sindicalista para La Patilla.
Denuncian la inexistencia de seguridad social para los trabajadores, quienes en la actualidad no cuentan con un seguro de salud óptimo.
“Los beneficiarios que acuden al Servicio Integrado de Atención a la Salud del Trabajador del Ejecutivo del Estado Apure (SIATEA) con una emergencia, no son atendidos a la brevedad como lo dice el artículo 83 de nuestra Constitución que establece que los venezolanos tienen acceso a la salud”.
Los gremios llevan a cabo desde ya un censo de trabajadores activos y jubilados dependientes de la gobernación del estado Apure, institutos autónomos y algunas alcaldías para actualizar la data de este sindicato, ante el deceso de trabajadores ante la pandemia del Covid-19.