Lejos de mejorar, la situación de aproximadamente 5 millones de jubilados y pensionados en Venezuela, uno de los sectores más vulnerables del país, se torna cada vez más crítica, según denuncian organizaciones que luchan por sus derechos.
Por Carolina Alcalde | Voz de América
El más reciente sondeo del Frente en Defensa de los Jubilados y Pensionados de Venezuela revela que el 90,1% de los encuestados ha dejado de tomar medicinas por no tener dinero para adquirirlas y el 90,9% depende de la ayuda de algún familiar en el extranjero.
De acuerdo con un informe sobre las condiciones de vida y la salud de las personas mayores en el país elaborado por Convite, una ONG que promueve los derechos sociales de los ciudadanos, en Venezuela “la mayoría se encuentran en condiciones de total indefensión”.
Durante los últimos 10 años el sector ha exigido, infructuosamente al régimen chavista cumplir con el artículo 80 de la Constitución, que, entre otras cosas, establece que se les debe garantizar “atención integral y beneficios de seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida”.
Luis Cano, presidente del Frente en Defensa de Jubilados y Pensionados de Venezuela, insiste en la necesidad de exigir no solo una pensión “digna”, sino la implementación de políticas que garanticen atención por parte del sistema público de salud.
Tal y como en diversas ocasiones lo han hecho trabajadores del sistema sanitario, Cano explica los motivos por los que no pueden asistir a los hospitales públicos del país.
“Todos están en pleno deterioro, no hay especialistas, no hay atención en lo que se refiere a los servicios de laboratorio, rayos X, tomografías, y cuando tenemos que asistir al sistema privado, nos conseguimos que un Perfil 20, que es un examen normal para nuestra edad, vale 25 dólares”, dijo a la Voz de América.
Recuerda que “hace unos 15 años, iba al seguro social, uno se veía con un médico, en la farmacia le daban los medicamentos a uno y uno se podía hacer exámenes en cualquier hospital”.
Actualmente en Venezuela, tras el aumento anunciado en marzo por Nicolás Maduro, el salario mínimo mensual que percibe el sector público y los pensionados, es el equivalente a 28,9 dólares, y, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas, solo para cubrir la canasta básica alimentaria en febrero se requieren 353 dólares mensuales.
Sin embargo, igual que para el resto de sus compañeros, para Cano el aumento se vuelto “sal y agua”. Dice que desde que se decretó el incremento salarial, los precios de los artículos básicos y medicamentos han aumentado.
“Para nosotros es un lujo comer proteína”, afirma, después de trabajar 50 años para retirarse de manera “digna”.
Maduro aseguró la semana pasada que dio un primer paso para seguir “recuperando de manera sustentable el salario”.
“Tenemos que avanzar en la recuperación de la seguridad social. Estoy preparando para el 1 de mayo un plan especial para recuperar la capacidad adquisitiva de los jubilados, las jubiladas, los pensionados y las pensionadas que tanta roncha han pasado en estos años de guerra económica”, dijo en una transmisión del canal del Estado.
Las distintas organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de jubilados y pensionados advierten que seguirán protestando su lucha en las calles y piden a los ciudadanos que no los dejen solos.
“Los años que nos queden vamos a seguir defendiendo y si se nos va la vida en esta lucha vamos a morir, si se quiere, felices, porque los que vengan no tendrán que pasar por las calamidades que estamos atravesando. Nos estamos muriendo de hambre o por falta de medicinas”, afirmó Cano.