Al menos 2.500 indígenas de 6 comunidades de las etnias pemón, Karina y akawaio del municipio Sifontes, en el estado Bolívar, están afectadas por la contaminación en los ríos Cuyuní y Chicanán, debido al impacto de la práctica indiscriminada de la minería ilegal.
Por Corresponsalía lapatilla.com
La información se desprende de un reporte difundido por la ONG Kapé Kapé, una organización encargada de monitorear comunidades indígenas en la Amazonía venezolana. Los indígenas han tenido consecuencias en la salud, porque consumen agua del río, y también han perdido cosechas.
La ONG dijo que los mineros acceden a los ríos a través de la población de El Dorado. “Si bien la minería ilegal data desde hace mucho tiempo, la afectación ha aumentado gradualmente llegando a zonas que antes no habían sido intervenidas, donde se pueden observar incontables campamentos a lo largo de estos ríos”, afirmó Kapé Kapé.
Informaron que la contaminación en los afluentes se da de varias formas: a través de balsas o dragas y también mediante los llamados cortes a cielo abierto, con intervenciones que destruyen irreversiblemente la vegetación y el suelo. “En ambos casos la arena es colocada directamente a las aguas”, explicó el grupo protector indígena.
El río Cuyuní parecer ser el más contaminado, pues según los indígenas, ha cambiado la calidad y el color del agua. Relataron que ahora tiene un color rojizo y una turbidez marcada por la presencia del barro removido. “Los grandes equipos, llamados dragas, pertenecen en su mayoría a mineros de origen guyanés y brasileño”, reveló Kapé Kapé.
“Si no se controla la actividad minera tal como se lleva a cabo, en poco tiempo la navegación por estos ríos no podrá realizarse debido que las grandes masas de arena expulsadas directamente a los ríos, habrán cambiado y obstaculizado el curso normal de las corrientes de agua, lo cual no permitiría la movilización de las comunidades indígenas que usan estos ríos, tanto para actividades de pesca y caza, como para trasladarse a los centros rurales a abastecerse de alimentos e insumos”, alertó la ONG.
Cabe destacar que la actividad minera se realiza con el permiso del régimen chavista encabezado por Nicolás Maduro, a través del Arco Minero del Orinoco, un proyecto extractivista creado en 2016 y que ha desatado duras críticas de grupos ambientalistas y defensores de la Amazonía.
Pero la contaminación no es el único problema que enfrentan los indígenas. En las cientos de minas ilegales operan grupos armados que ejercen control y castigos en los yacimientos donde se extrae oro y otros minerales.