Si el capitán activo del Ejército Alfredo Saba Peña Díaz pensó sacar algún dinero vendiendo un “oxidado componente tipo dos”, parte de un explosivo usado en la explotación del oro, terminó preso, torturado, acusado de pretender colocar un explosivo en el Palacio de Miraflores, aunque él cumplía funciones militares a casi mil kilómetros de ahí, en Táchira. El Foro Penal se negó a defenderlo alegando que no es un caso político. Y aunque es un oficial activo no lo está juzgando ningún tribunal militar sino uno de Terrorismo.

Por Sebastiana Barráez / Infobae

Su caso está plagado de una serie de irregularidades, violación al debido proceso y tortura brutal; números de expedientes: el primer preliminar 4CT – 045 – 20; el segundo de juicio: 2 JT- 021-21. El juez, el médico forense, los funcionarios, todos dicen cumplir órdenes. En el tribunal declaró como si fuera el funcionario que lo apresó, otro que en realidad fue uno de quienes lo torturaron.

“El día que la Dgcim me detiene me esposaron, me colocaron una capucha negra y me trasladaron hasta la sede principal de la Dgcim en San Cristóbal. Me llevaron a la oficina del director del DGCIM en la región apodado Homero, a quien le entregaron las pertenecías de las que yo había siso despojado: dos teléfonos (de empresas telefónicas distintas), documentos personales (carné militar, cédula de identidad, licencia de conducir y carné de circulación), el anillo de graduación militar y una cadena de plata”.

 

“El General Homero me solicitó las clave de seguridad de mis teléfonos móviles y me negué. Él me repitió que le diera las claves o si no me las quitaría a la fuerza. Pedí el derecho a un abogado y a una llamada telefónica para comunicarme con mi familia; se burló de eso y tres funcionarios me sometieron y obligaron a colocar mi huella en los teléfonos y desbloquearlos. Después de revisarlos él preguntó que por qué había borrado los mensajes, pero no sabía a qué se refería. Me dijo: ‘capitán aquí donde estas no hay derecho a abogado y si no quieres hablar no importa, porque para donde vas te harán hablar quieras o no’. Se levantó y ordenó que me llevaran al calabozo”.

“Esa noche fui sacado varias veces para los interrogatorios. Observé que sobre una mesa había pertenencias que se encontraban en mi habitación; uno de los funcionarios me dijo que habían allanado mi habitación. Otra vez solicité mi derecho a un abogado, pero se negaron”.

Detención y tortura

Desde la Dgcim San Cristóbal lo trasladan a la sede principal de Dgcim Caracas. “Fui entregado a la División Especial, donde me recibió la capitán Carla Da’Silva alias La Negra, dos funcionarios apodados El Chaca y El Piraña, quienes más tarde serían mis torturadores”.

En una denuncia hecha ante los organismos internacionales se lee que, al capitán, le preguntaban, por una capitana (Soranyi Salazar Maldonado) y un comisario del Cicpc (Rigoberto Moreno Carmona).

 

Según se describe en la denuncia, que procesan a nivel internacional, el capitán fue torturado también “por cuatros funcionarios más, entre ellos un teniente y un sargento de la Guardia Nacional apodado El Guajiro. En el cuarto que usan para interrogatorios y torturas, alias El Chaca me dice que no le haga perder el tiempo y le diga de dónde había sacado el explosivo. Cuando le dije que desconozco de qué habla y que no pienso decir nada sin un abogado presente, sacó un teléfono y me mostró unos vídeos; uno del mesonero Dany Castillo, quien se veía golpeado y decía que el material se lo había entregado Jennifer Osuna y que era para dárselo a un familiar que trabajaba con una mina de oro en Ciudad Bolívar. Otro era de Jennifer Osuna diciendo que se lo había entregado yo para venderlo a unos mineros”.

“Cuando dije que no sabía de qué estaban hablando y nuevamente pedí un abogado y una llamada, el funcionario me respondió que estaba detenido por intentar cometer un acto terrorista contra el Estado, me colocó las esposas, me ataron los pies y las piernas con dos correas y me tumbaron. En ese momento entró la capitana alias La Negra, me levantaron de rodillas y el sargento alias El Guajiro comenzó a golpearme con los puños en los oídos hasta quedar inconsciente; eso lo repitió varias veces, mientras me decía ofensas, preguntaba por el explosivo y por quién me estaba pagando por el atentado terrorista”.

“Me pusieron una bolsa plástica en la cabeza, repitiéndolo todo el día, en ocasiones le colocaban agua a la bolsa para asfixiar y ahogar. Las últimas torturas del día fueron más fuerte porque me negaba a decir lo que ellos querían. Al intento de asfixia le sumaban presión en los brazos llevándolos de atrás hacia arriba de la cabeza para sacarme un hombro. Alias La Negra me bajo los pantalones y con un palo de madera me golpeó varias veces en el trasero diciendo cosas y burlándose de lo que me estaban haciendo”.

“Finalmente me colocaron de rodillas, me describieron la casa donde vivía mi mamá y me advirtieron que si no reconocía que el explosivo era mío, las consecuencias las pagaría mi mamá, asegurando que la tenían en la patrulla afuera de la DGCIM. Así me vi forzado a hacer el video que me pidieron diciendo que el material era mío para venderlo a un minero. Aun así me dejaron guindado del techo toda la noche, durante la cual varias veces entró un teniente quien me golpeaba y me preguntaba por una camioneta que tenía en la foto de la galería de mi teléfono”.

Vaya juez

Cuando al día siguiente lo llevan ante el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), según el informe que hay sobre el capitán Alfredo Saba Peña Díaz, dice que lo arrastraron por la avenida. El funcionario del CICPC le dijo al del DGCIM que si lo seguía golpeando no lo recibiría; lo reseñan como como terrorista y lo envían a un examen médico forense. El capitán reveló a su defensa que el forense que lo vio ese día le dijo que, aunque estaba golpeado, no podía colocar eso en el informe.

Al oficial lo regresan a la DGCIM. El siguiente traslado fue para ser presentado en los tribunales. El Juez José Macsimino Márquez García, según narra la denuncia de Peña Díaz, inicialmente no se identificó, pero le preguntó si lo habían golpeado. “Mi respuesta fue que sí y él me dijo que no me preocupara que eso era normal en estos casos y que él daría la orden para que no me golpearan más. Se metió en una oficina de la cual salió después para identificarse como Juez y como quien realizaría la audiencia”.

 

“El juez me preguntó si deseaba declarar y le dije que sí, porque horas antes de salir del DGCIM la capitana Carla Da’Silva me aseguró que ya habían hablado con el Juez para que yo hiciera una delación y me colocaran el delito menor “porte ilícito de armas” con medida bajo presentación. Así lo hice pero me engañaron y el juez, al final de la audiencia, dijo que tenía los delitos de terrorismo, tráfico de armas y asociación para delinquir”.

“Cuando concluyó la audiencia el Juez me pregunta ‘¿sabe lo que es una orden?’, respondí que sí. ‘Bueno, yo sé que tú eres inocente, pero yo estoy cumpliendo órdenes’. Le pregunté que para qué ese show si ya tenía una orden. Me trasladaron para el DGCIM aunque la orden de reclusión fue para Ramo Verde, pero en Dgcim pero tuvieron varios días preguntándome dónde estaba la camioneta y preguntando por dinero”.

“Días después me llevaron al sitio llamado La Pecera, esposado con las manos atrás y con una carpeta con tirro en los ojos; uno se tiene que arrastrar para algún movimiento o necesidad. Pasé 45 días o más sin comunicación con nadie ni siquiera mi mamá sabía qué estaba pasando”.

“Tampoco tuve derecho a un abogado de confianza, solo a un defensor público que se apareció en dos oportunidades en DGCIM, para decirme que no estaba en la obligación de trasladarse a hablar con el detenido, pero que me podían quitar los delitos si pagaba 30 mil dólares, es decir 10 mil por cada delito. Después de los 45 días me permitieron una llamada de 30 segundo y una visita de 30 minutos”.

 

“Días después fui trasladado a la audiencia preliminar; observé que el juez Márquez vestía chaleco antibalas y una pistola. Lucía alterado y me preguntó si la abogada que estaba afuera era del Foro Penal, le respondí que no, pero que quería un abogado de confianza ya que no confiaba en el defensor público. Se alteró más aun y me respondió que para este caso no había autorización de tener abogado privado y menos del Foro Penal”.

“Me negué a aceptar al defensor público y el juez llamó por teléfono supuestamente a Maikel Moreno para pedirle autorización; después que cerró la llamada dijo que iba a permitir que pasara la abogado, pero que si era del Foro Penal me suspendía la audiencia. El juez dice que hay elementos probatorios para una condena, pero que si asumía podía rebajar la pena en 20 años, le respondí que ni loco aceptaría algo así. El juez y el fiscal fueron a una oficina, de la que salieron para decirme que si asumía los hechos podían bajarme a 18 años de prisión, respondí que no y me dijo que entonces me fuera para juicio y recibiera una condena de 25 años”. Así terminó la audiencia y lo enviaron al Tribunal de la Juez Grendy Alejandra Duque Carvajal.

No era explosivo

Capitán activo del Ejército Alfredo Saba Peña Díaz es egresado de la Academia militar de Venezuela el 11 de diciembre del 2008 como licenciado en ciencias y Artes Militares, en la última promoción que hubo en el Ejército para la transición a los 4 años. Esa promoción es la única que llegó a tener 4 años y medio. Peña Díaz estuvo en unidades especiales durante su carrera militar, primero en los paracaidistas, luego en las dos unidades de fuerzas especiales en Zulia y Bolívar.

Es enviado a cumplir funciones en la Guardia de Honor Presidencial o Casa Militar como oficial de seguridad hasta su traslado al Táchira como oficial logístico de la 21 Brigada de Infantería, al mando del general José Gregorio Martínez Campo, cuando fue detenido el 19 de diciembre del 2020. Aunque medios de propaganda del Gobierno han dicho que, a la hora de su captura, él era funcionario en el Palacio de Miraflores, en realidad él tenía año y medio en San Cristóbal.

Lo que ha denunciado Peña Díaz es que meses antes de su captura, Jennifer Carolina Osuna Márquez, con quien tiene una hija y con quien convivió tiempo atrás, lo llama para decirle que Dany José Castillo García, camarero del Palacio de Miraflores tiene a un familiar trabajando en las minas de Ciudad Bolívar con una empresa del gobierno y que necesita mercurio rojo, por lo que pensó que el capitán pudiera conseguirlo. Su respuesta fue que era una locura. A los días insiste en llamar para preguntar si podía ofrecerle a su amigo “los bichitos que tenía en la casa y que hacen bum”.

 

El oficial aseguró que en ese momento no entendía qué quiso decir Osuna, pero que a la semana siguiente va a llevarle provisiones a su hijita y ahí habla con su expareja quien le comenta que el interesado que trabaja en la empresa minera en ciudad Bolívar necesitaba el componente tipo dos que un amigo le regaló hace mucho tiempo. “Pero Jennifer, lo más probable es que eso no funcione y tienes que ser clara con ese señor porque eso está muy viejo”.

Jennifer Osuna, quien es azafata del despacho de la presidencia desde hace 12 años es amiga del camarero Dany José Castillo García, quien laboraba en Miraflores desde hace 19 años. Ella insiste en decirle al capitán que el hombre de la mina necesita eso y que si ella se los da la ayudaría porque tiene a su tía hospitalizada. El oficial, temiendo crearse un problema en el año de su ascenso, regresa al Táchira. La mujer insiste días después en que le permita ir a su casa a buscar el material para el hombre de la mina, pero él le dice que la llave de su casa solo la tiene él.

 

A finales de noviembre, ya estando de permiso en Caracas, según el capitán relató en la defensa, Osuna le pide que le entregue el material a su amigo ya que ella está muy ocupada con el trabajo y la niña. “Yo estaba dudoso y así se lo dije a Jennifer, pero ella me aseguró que no pasaría nada y que ella no haría nada para perjudicarme. Cedí y le entregué el material ese a Dany Castillo”.

Tres semanas después, el 19 de diciembre 2020, una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se presentó a la Segunda Brigada de Infantería en San Cristóbal y lo detiene. Después se da a conocer la información diciendo que todo responde a un intento de magnicidio porque querían colocar una bomba en el Palacio de Miraflores.

La defensora del capitán es Sonia Gómez, quien debió insistir en que el material que el capitán Peña Díaz le entregó al amigo de Jennifer Osuna no es un explosivo sino un componente tipo dos y que en la experticia dice que estaba en mal estado preservación y oxidado, por lo cual el material fue destruido.