A un año y cinco meses de la tragedia en la población de Caño de los Becerros en el municipio Piar al norte de Monagas en la que explotaron 161 bombonas de gas, las víctimas aún esperan atención por parte del régimen chavista. Transcurrido este tiempo, poca ha sido la respuesta por parte de los entes gubernamentales.
Corresponsalía lapatilla.com
El abogado Luis Díaz, quien lleva la causa de este caso en el que murieron nueve personas y otras 46 resultaron heridas, denunció que no ha habido respuesta contundente a los afectados y solo paliativos, pero no a todas las víctimas. El profesional del Derecho expresó que la Defensoría del Pueblo en el artículo 281 de la Constitución debe velar por el cumplimiento de los derechos humanos, por lo que deben dar respuesta inmediata cuando se trata de daños por prestación de servicios públicos.
“Hay que recordar que esta explosión ocurrida el 28 de diciembre de 2020 se produjo por mala manipulación de los cilindros. Actualmente, los afectados son víctimas de daño físico y psicológico por lo que hay una clara violación a sus derechos humanos. Mucha gente está desfigurada, porque se le quemaron las piernas, los brazos, el rostro, y ante esto el Estado tiene una gran responsabilidad. Nosotros estamos agotando todas las vías administrativas para que sean resarcidos los daños causados”, indicó el abogado.
Díaz añadió que no ha tenido conversación con los representantes de Gasmaca ni con el gobernador chavista Ernesto Luna, por lo que consideró que las autoridades deben responsabilizarse por esta tragedia. Dijo que recientemente la alcaldesa Mariangelys Tillero le entregó apenas 200 bolívares a 28 de los afectados como una manera de “compensarlos”, pero a juicio del abogado, la funcionaria fue excluyente, porque no se tomó en cuenta a las 46 víctimas.
Yenny Marcano contó lo que han sufrido su mamá y su abuela, quienes resultaron con quemaduras graves: han tenido que pagar costosos tratamientos y hasta han padecido cuadros depresivos. Afirmó que ha sido casi nula la ayuda que han recibido. Solo en cremas gastaron más de 400 dólares cuando estuvieron hospitalizadas.
“La condición de la piel de ellas es muy delicada y el agua de allá no es la mejor. La bomba del pozo se quemó, ofrecieron un equipo y no lo cumplieron. Otra cosa es el psicólogo que solo las llevaron una vez y no han vuelto más. Hay pacientes con cuadros depresivos y traumas psicológicos. Es necesario que al menos una vez al mes acuda un especialista a tratar a los afectados”, precisó Marcano.
La ciudadana añadió que las víctimas de la explosión deben tener un control con un internista, ya que la afectación fue con gas y se debe hacer revisión regularmente de sus órganos internos. Por tratarse de una población rural, muchos de los pobladores quedaron incapacitados por las quemaduras, pues no pueden estar expuestos al sol.
Instó a la alcaldesa chavista de esa localidad a promulgar un decreto en el que se indemnice a los agraviados, porque aseguran que se trató de un hecho de negligencia por parte del chofer y los trabajadores de Gasmaca.