Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha advertido de una “nueva era” de polarización mediática en España, que contribuye a “erosionar la democracia”, y de la existencia de medios excesivamente “olvidadizos con su misión de informar lejos de posicionamientos políticos” y que cada vez más se asemejan a medios de opinión.
Pero por qué ocurre esto. La respuesta la ha dado el presidente de la sección española de RSF, Alfonso Bauluz, en la rueda de prensa en la que ha informado, junto a otros representantes de la organización, de la clasificación mundial sobre la libertad de prensa que ofrece cada año y de la situación del periodismo en España.
Para la organización, todo está relacionado con el abaratamiento de costes: “Producir opinión es baratísimo y producir información es muy caro, y en el caso de Ucrania es evidente, pero es que además tener información de lo que ocurre en Rusia no es barato. Opinar de lo que pasa, y muchas veces sin conocimiento de causa, que es lo más grave aún, es muy económico”, dicen desde RSF.
Pero el problema no es que haya opinión, que “es muy respetable”, según Bauluz, sino “la no diferenciación rotunda, clara y expresa de lo que es un ámbito informativo, de otro de opinión o de análisis”. Y la diferenciación entre una y otra cosa “es clave”, ha subrayado .
Según RSF, España es un claro ejemplo de la tendencia a las fracturas sociales que denuncia a nivel global RSF en su clasificación, azuzadas por medios excesivamente ‘foxnewsizados’ y “olvidadizos” con su misión de informar lejos de posicionamientos políticos.
España se sitúa este año en la clasificación en el puesto 32 de la lista de 180 países que analiza la organización, tres puestos por detrás del conseguido el año pasado, aunque en este caso se ha aplicado una nueva metodología, en la que ya no solo pesa la situación política y la seguridad de los periodistas por lo que se puede hablar de una estabilización, según Edith R.Cachera, vicepresidenta y corresponsal de RSF en España.
Se han introducido otros indicadores, como el contexto económico, el jurídico o el marco sociocultural, y la principal conclusión es que la polarización mediática y el contexto económico del sector han contrarrestado la mejora de la seguridad de los periodistas y del ambiente institucional y social.
Ha sido un buen año para la libertad de prensa en España en su conjunto, según el informe, porque, entre otras cosas, ha mejorado la seguridad de los periodistas -se sitúa en el puesto 35, bastante mejor calificada que Francia (85), Alemania (91) o Reino Unido (49)-, se han producido muchas menos agresiones que en los últimos años y no se han producido y afectado las olas de violencia de manifestaciones antivacunas de otros países.
El marco jurídico también ha mejorado: se está tramitando en el Congreso la posible derogación de delitos de expresión, el artículo de la “Ley Mordaza” que penalizaba la captación de imágenes por la prensa ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional y las disposiciones más polémicas están en trámites para ser derogadas por las Cortes.
Lo que penaliza a la posición española es el marco económico: la excesiva concentración del mercado, las graves dificultades para crear un medio, las nulas ayudas para impulsar el surgimiento de nuevas publicaciones y la grave precarización de los profesionales.
Esa precarización de la profesión, que comenzó a instalarse en con la crisis de 2008 y que ya adquiere “tintes crónicos, impacta seriamente a la libertad de prensa, según Ebbaba Hameida, periodista en RTVE, quien ha incidido en que los profesionales de la información que no ejercen en condiciones dignas de trabajo son mucho más vulnerables a las presiones y la autocensura.
Esa precariedad se ha visto a la hora de cubrir la guerra de Ucrania, según Hameida, enviada especial al país, ya que muchos informadores freelance que se han desplazado a la zona han tenido que acudir a RSF para abastecerse de chalecos antibalas.
En el informe también destaca la proliferación en España, como en otros países de su entorno, de los llamados Slapp (Strategic Lawsuits Against Public Participation), es decir, acciones judiciales abusivas interpuestas contra los periodistas con fines a menudo intimidatorios y por presunta revelación de secretos o delitos contra el honor.
EFE