La marca, asociada con la Bestia en el capítulo 13, versículo 18, del Apocalipsis, arroja luces a la opaca designación de los “nuevos” magistrados del TSJ, seleccionados por tener la cualidad de signados o adheridos al régimen, con el que concertaron la “parodia”, “aberración” o “mofa” alto comentada por estos días.
El término signado, en plural y asimilable como marcado, refiere, en el presente artículo, funcionarios seleccionados que se perciben o distinguen con claridad por tener la marca, impronta, dirían otros, que, en menoscabo de los requerimientos constitucionales, les permitió hacerse con el control del Poder Judicial.
La marca, de origen diverso, comporta, de entrada, la cualidad de “militantes activos de partidos políticos”, de “fichas partidistas”. Ante esa realidad, con el tono bíblico del comienzo, surge una reflexión:
“…los venezolanos ni siquiera tienen el beneficio de la duda, porque ni siquiera quedó la expectativa aquella de ‘por sus obras los conoceréis’. Ya los conocemos”.
Seguida de otra que, en sentido distópico, advierte el contexto donde fueron favorecidos los signados.
“…un procedimiento como si se tratará de un ‘cuerpo en descomposición’. Cada vez más tóxico, putrefacto, nauseabundo y contaminante”.
Desde esa perspectiva, es comprensible que la Asamblea Nacional, “írrita”, haya caricaturizado las tres “únicas fuentes de la que deben surgir los candidatos a Magistrados del TSJ”, instituidas en el artículo 263 constitucional, en las que viene insistiendo desde comienzos de este siglo, cual voz que clama en el desierto, el Doctor en Derecho Constitucional, Ángel Alberto Bellorín, tras ser tergiversadas jurisprudencialmente y que pretenden hacer ver ahora como interpretación subjetiva de tan insigne jurista.
Así las cosas, es lógico tener paracaidistas en el máximo tribunal, en sentido literal, alguien de ellos se instruyó en paracaidismo, y figurado, por cuanto ninguno proviene de las fuentes fijadas en la Carta Fundamental. En caída libre llegaron a Dos Pilitas, el cuñado, el hermano alacrán, la querida, un imputado por el Decreto Carmona y vinculado a RCTV, ex alcaldes, diputados y rectores del CNE.
De lo anterior se desprende que el TSJ nuevamente está en manos de signados, de marcados con máculas alto difícil de borrar u ocultar. En tal sentido, una de las acepciones de la palabra signado: “que inevitablemente tiene que acabar de una manera determinada”, involucra “señales sombrías” sobre la actividad profesional en la cúspide de la administración de justicia.
El eminente procesalista penal, Leonardo Pereira Meléndez, “el tercer jurista venezolano con mayor número de obras publicadas fuera del país”, se postuló, no fue seleccionado, carecía de la marca, hecho que remite a la pérdida de valor de las tres “únicas fuentes de la que deben surgir los candidatos a Magistrados del TSJ”, absurdo asomado por Pereira:
“Lo importante es que los méritos son reconocidos por la sociedad que no es política, y mucha gente se preguntará eso, ¿Cómo es que un académico de obra reconocida no es tomado en cuenta para desempeñar el cargo de Magistrado del TSJ?”