La Cámara de Representantes de Colombia hundió este miércoles la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, quien fue citado a un debate político por su responsabilidad en la operación militar que el 28 de marzo dejó 11 muertos en el departamento del Putumayo (sur).
Con 116 votos en contra y apenas 28 a favor, la cámara baja rechazó la moción de censura contra Molano, que logra permanecer en el cargo en su tercer llamado a comparecer por las supuestas violaciones de DD.HH. cometidas por las Fuerzas Militares bajo su mando.
El presidente colombiano, Iván Duque, informó el pasado 28 de marzo que 11 disidentes de las FARC murieron en una operación de las Fuerzas Militares en Puerto Leguízamo (Putumayo), en la que fueron detenidas cuatro personas más, incluida una mujer embarazada.
Sin embargo, con el paso de los días salieron a la luz testimonios de familiares y miembros de la comunidad en investigaciones periodísticas publicadas en El Espectador, la Revista Cambio y el medio Vorágine que constatan que algunos de los muertos no eran guerrilleros de las disidencias de las FARC.
ARGUMENTOS DE LA OPOSICIÓN
Durante el debate de moción de censura celebrado la semana pasada, la representante Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, cargó contra Molano al que le dijo: “¿cuántos hombres, mujeres, embarazadas y niños asesinados necesita usted en su hoja de vida para que asuma la responsabilidad y renuncie a su cargo?”.
La congresista le recordó al ministro que este fue el tercer debate de moción de censura por sus posibles violaciones a los derechos humanos y que según investigaciones solamente una de las 11 personas muertas en el operativo militar tenía relación con actividades ilícitas.
NUEVAS DENUNCIAS
Por otra parte y ante el aplazamiento por segunda vez del debate de moción de censura en el Senado, los congresistas opositores Iván Cepeda, Angélica Lozano y Antonio Sanguino anunciaron en una rueda de prensa que denunciarán al ministro de Defensa ante el relator especial de Naciones Unidas por ejecuciones de civiles cometidas por el Ejército bajo su liderazgo.
En esa línea, denunciaron hoy nuevos supuestos casos de “falsos positivos”, como se conocen estas ejecuciones en el país.
Los senadores revelaron un video en el que se ve a soldados manipular el cadáver de un líder campesino que salió a protestar contra la presencia militar en una operación contra la deforestación en el departamento de Caquetá (sur), algo que solo puede hacer la Fiscalía que es la autoridad competente.
La comunidad señaló que el Ejército disparó contra el campesino, identificado como Julián Suárez, porque supuestamente iba armado, algo que la comunidad califica de falso.
El otro caso sucedió en el departamento caribeño de Bolívar (norte), donde, dicen los denunciantes, un campesino de 77 años murió en una operación militar y fue presentado por las autoridades como miembro del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.
Los “falsos positivos” son ejecuciones de civiles que realizaban militares para inflar las cifras de lucha contra la guerrilla y conseguir premios y beneficios, sobre todo durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
En febrero de 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) elevó a 6.402 las personas que “fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”.
EFE